El Congreso de la República afrontará hoy su última oportunidad dentro del primer período ordinario de sesiones de 2026 para aprobar la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, una normativa considerada clave para fortalecer los controles financieros del país y evitar consecuencias negativas ante organismos internacionales.
La iniciativa, impulsada para actualizar la legislación vigente desde 2001, no logró avanzar el pasado 5 de mayo debido a la falta de consensos entre bloques legislativos, dudas sobre los procedimientos de aplicación y presiones de distintos sectores que consideran que podrían verse afectados por los nuevos mecanismos de supervisión financiera.
El presidente del Congreso, Luis Contreras, reconoció que aún persisten “temores” entre algunos diputados, principalmente relacionados con las obligaciones que deberán cumplir los notarios y actores financieros.
Importante paso
“Queremos estar dentro del régimen internacional de temas económicos. No ser vetados en la lista gris. Deseammos proteger nuestras remesas”, afirmó el titular del Parlamento, quien señaló que durante el fin de semana se continuó socializando el contenido de la propuesta para despejar dudas.
Contreras remarcó que se trata de una “agenda de país” y no de intereses particulares, al asegurar que la normativa brinda mayor certeza jurídica y moderniza disposiciones contenidas en decretos anteriores relacionados con prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En la misma línea, el parlamentario oficialista Raúl Barrera indicó que la propuesta responde a requerimientos internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y busca homologar la legislación guatemalteca con estándares internacionales.
25 años de antigüedad tiene la legislación vigente.
Credibilidad
“El que actúa dentro de la legalidad no debería temer a esta normativa”, expresó Barrera, quien añadió que la falta de aprobación podría afectar la credibilidad del país, limitar la atracción de inversión extranjera y provocar impactos económicos para los sectores más vulnerables.
Desde el bloque Cabal, el legislador Nery Rodas afirmó que la ley representa un paso necesario para fortalecer la imagen internacional de Guatemala y evitar que la nación quede rezagado en materia de transparencia financiera.
Rodas señaló que algunos grupos parlamentarios han buscado “llevar la agenda por otro lado”, situación que habría incidido en que el pasado 5 de mayo no se concretara la votación final.
Recelo
Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, aseguró que aún existen congresistas con dudas sobre los alcances de la ley; especialmente, respecto a diligencias especiales y controles aplicados a determinados sectores económicos.
“Les explicamos que esta ley tiene más garantías constitucionales que la actual”, refirió Estrada, quien reconoció que algunos legisladores reciben presiones de grupos interesados en excluirse de ciertos controles contemplados en la normativa.
El parlamentario adelantó que podrían presentarse nuevas enmiendas para alcanzar acuerdos antes de la sesión plenaria.
14 enmiendas fueron consensuadas antes de la discusión final.
De no aprobarse la legislación, Guatemala enfrenta el riesgo de ingresar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), situación que podría encarecer servicios financieros, dificultar remesas, reducir inversión extranjera y afectar la calificación de riesgo país.
Cónyuges no deben pagar
El Legislativo impulsa una reforma a la Ley sobre el Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones para incluir a los cónyuges dentro de las exenciones tributarias y evitar que deban pagar el gravamen por transmisión de bienes familiares. La propuesta surge luego de que se detectaron inconsistencias legales que han provocado atrasos en trámites sucesorios. Según datos oficiales, hasta abril, la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes había devuelto más de 3 mil 900 expedientes relacionados con estos procesos.
Penas más severas por abuso sexual están bajo análisis
El Congreso conocerá hoy el veto presidencial a las reformas que buscaban endurecer las sanciones por abuso sexual contra menores de edad. La Junta Directiva prevé remitir el expediente a consulta de la Corte de Constitucionalidad (CC) para determinar la viabilidad jurídica de los artículos objetados por el Ejecutivo. La normativa pretendía fortalecer la protección de la niñez y adolescencia mediante penas más severas y restricciones para beneficios procesales a condenados por delitos sexuales.
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