La organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que el Ministerio Público de Guatemala está "impulsando investigaciones penales por motivos políticos" contra el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.
"Desde que el presidente Arévalo asumió el cargo en enero de 2024, el Ministerio Público ha iniciado investigaciones penales contra su Gobierno sin presentar evidencia que sustente las acusaciones", subrayó hoy la organización en un comunicado de prensa.
De igual forma, HRW recordó que la Fiscalía "ha iniciado al menos 17 investigaciones contra funcionarios gubernamentales de alto nivel" y también ha pedido "al menos seis veces" ante la Corte Suprema de Justicia el retiro de inmunidad que goza Arévalo de León para poder ser perseguido judicialmente.
Por su parte, la directora para las Américas de la organización, Juanita Goebertus, recalcó que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, está "abusando de su cargo para perseguir penalmente a funcionarios" del Gobierno "sin evidencia creíble".
Goebertus aseveró que Porras Argueta también "lideró acciones para revertir ilegalmente las elecciones" de 2023, ganadas sorpresivamente por Arévalo de León, cuando las encuestas lo situaban en el séptimo u octavo lugar.
"En lugar de investigar el crimen organizado y la corrupción generalizada en Guatemala, la fiscal general se dedica a impulsar investigaciones selectivas para socavar a un Gobierno al que se opone", añadió Goebertus.
La organización internacional también resaltó la persecución judicial por parte del Ministerio Público en contra de jueces, abogados, periodistas y todos aquellos que se oponen a sus intereses, además de su intervención en proceso judiciales de alto impacto.
"Su oficina también ha impulsado procesos penales arbitrarios contra jueces independientes, fiscales y periodistas", recordó Human Rights Watch, con los ejemplos del periodista José Rubén Zamora Marroquín y los exfiscales Virginia Laparra y Stuardo Campo.
"Porras ha socavado las investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, incluso mediante el traslado o despido de los fiscales responsables de los casos", concluyó la nota de prensa.
La cúpula del Ministerio Público, dirigida por Porras y secundada por el secretario general, Ángel Pineda, se encuentra sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción.
El período de Porras Argueta culminará en 2026, ya que la ley guatemalteca establece que solo puede ser removida de su cargo si comete un delito in fraganti o es condenada judicialmente.
El Gobierno que preside Arévalo de León ha intentado modificar dicha ley, pero carece de fuerza en el Congreso, donde solo cuenta con 23 diputados de los 160 que componen el Parlamento.
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