En la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes, organizada por la Asamblea General en Nueva York el 19 de septiembre de 2016, los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron por unanimidad la “Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes”.
Esta histórica declaración política está dirigida a mejorar la manera en la cual la comunidad internacional responde de forma más previsible e integral, a los grandes desplazamientos de personas migrantes, y refugiadas, es decir, aquellas personas desplazadas forzosamente de sus hogares y de sus países, que no pueden retornar a los mismos aunque quisieran.
Un año después de la Declaración de Nueva York, el número de refugiados bajo mandato de ACNUR continúa creciendo dramáticamente, alcanzando las cifras más altas registradas en la historia, habiendo pasado de casi 17 millones cuando se suscribió la Declaración, a más de 19 millones de refugiados, a la fecha.
La misma también establece las bases para el desarrollo de un pacto mundial sobre refugiados que será adoptado en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2018.
ACNUR se comprometió a continuar apoyando en el proceso de consultas nacionales y regionales, de cara a la adopción del Pacto Global sobre Refugiados.
Seis países de la región, entre los que se encuentra Guatemala, están elaborando un marco de respuesta regional de protección y soluciones –MIRPS–, adaptado a las prioridades y especificidades de cada país de la región, para abordar el desplazamiento forzado multi-causal en los países del norte de Centroamérica, principalmente por la acción de grupos criminales mediante el reclutamiento forzoso, la extorsión, el secuestro, el abuso sexual de menores y la persecución de las personas LGBTI.
Es importante destacar los aportes a este proceso de organizaciones de la sociedad civil, la academia y la cooperación del Sistema de NacionesUnidas.
Guatemala ha establecido una hoja de ruta propia. Bajo el liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores se han llevado a cabo siete consultas nacionales multisectoriales, con el involucramiento de 11 instituciones del Estado, para elaborar el capítulo de Guatemala que se integrará en el documento regional que se presentará en la Conferencia
Regional de San Pedro Sula.
Las respuestas concretas más allá de las declaraciones políticas son indispensables.
