Guatemala necesita prevenir y combatir el lavado de dinero

Karin Larissa Herrera Aguilar  

Vicepresidenta de la República de Guatemala

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A probar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (iniciativa 6593), es indispensable para que Guatemala refuerce su sistema financiero, la transparencia y el combate a la corrupción.

Desde la Vicepresidencia de la República, coordino la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (Copreclaft).

Un espacio que fomenta la cooperación entre las instituciones del Estado que participan dentro de la estructura legal de prevención, control, vigilancia y sanción de los delitos de lavado de dinero u otros activos, y coadyuva al cumplimiento de la ley y los tratados internacionales ratificados. 

 Modernizar el marco nacional contra el lavado de dinero y otros activos es una medida preventiva para proteger la economía y reputación del país.

Que Guatemala cuente con un marco legal actualizado es un paso imprescindible para evitar que el país ingrese en la lista gris de aquellos que no cumplen con los estándares y recomendaciones internacionales, como las emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

De esta manera, se podrá continuar fortaleciendo la confianza de los inversionistas, promover la solidez del sistema bancario y ampliar su capacidad para participar en transacciones financieras globales de manera segura y competitiva.

Una legislación integral también es clave para combatir otros delitos graves como la trata de personas, que se sostienen con redes criminales complejas y economías ilícitas. La respuesta eficaz y efectiva del Estado ante estos delitos contribuye a proteger vidas.

Modernizar el marco normativo nacional contra el lavado de dinero y otros activos es, en consecuencia, una medida preventiva para proteger la economía y reputación del país, garantizar la inversión y prevenir otros delitos.

Es determinante actuar con responsabilidad para garantizar un Estado de derecho fuerte, una economía sólida y un país más seguro, confiable y transparente.