Saulo De León Durán
Superintendente de Bancos
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Después de 25 años de vigencia del marco legal en materia de prevención y represión del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (LD/FT), Guatemala se encuentra en un momento histórico: la normativa actual no se ajusta al proceso acelerado de transformación digital, al auge masivo de los activos virtuales ni a la manera en que se realizan los negocios. La iniciativa de ley 6593, que busca aprobar la Ley Integral para la Prevención y la Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, surge como un marco jurídico indispensable para modernizar el sistema, unificando normativas que se encuentran dispersas y armonizándolas conforme los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las mejores prácticas globales.
La iniciativa representa una oportunidad para Guatemala de blindar y proteger la estabilidad económica nacional frente a capitales ilícitos que podrían distorsionar la economía. Para ello es fundamental superar con éxito la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), programada para 2027. No aprobar la ley antes de la evaluación implicaría un riesgo inminente de ingresar a la lista gris del GAFI como país no cooperante, lo que limitaría el acceso a financiamiento internacional y afectaría el flujo de remesas, que representa aproximadamente el 20 % de nuestro producto interno bruto (PIB).
La aprobación de la iniciativa 6593 es una decisión de Estado que posiciona a Guatemala como socio confiable en el mercado internacional.
La experiencia regional demuestra que salir de esta lista puede tomar al menos cuatro años, un impacto que Guatemala no puede permitirse.
El marco regulatorio propuesto introduce un cambio de paradigma: de un enfoque normativo tradicional a un enfoque basado en riesgo, que permitirá a las instituciones financieras implementar modelos que fomenten la inclusión financiera, solicitando requisitos menores a clientes de bajo riesgo y aplicando medidas adicionales a clientes que representen mayor riesgo.
Otra oportunidad se refleja en la incorporación de nuevas Personas Obligadas, como proveedores de servicios de activos virtuales, lo que permitirá a las autoridades mitigar los riesgos de LD/FT en la utilización de los productos y servicios que estos ofrecen, cerrando brechas que el crimen organizado podría aprovechar para ocultar activos ilícitos.
El dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía del Congreso de la República de Guatemala aclara que la ley no persigue la economía informal ni criminaliza el uso de efectivo, sino que combate los flujos de dinero provenientes del narcotráfico, el contrabando, la extorsión y otros delitos.
Esta iniciativa fortalece el marco institucional, consolidando a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) como la Unidad de Inteligencia Financiera del país y creando el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, asegurando una coordinación estratégica nacional conforme a los estándares del GAFI.
La aprobación de la iniciativa de ley 6593 es una decisión de Estado que posiciona a Guatemala como un socio confiable en el mercado internacional, atrayendo inversión legítima y protegiendo la integridad del sistema financiero guatemalteco.
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