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Gobierno tramita TPS ante Estados Unidos

Unos 2.8 millones de guatemaltecos residen en esa nación; la mayoría, de manera irregular.

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Conversaciones con Estados Unidos para que connacionales que radican en esa nación de manera irregular sean beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) sostiene la administración del presidente Bernardo Arévalo.

Así lo dio a conocer ayer el mandatario durante una conferencia de prensa en el Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la Cultura, en la cual habló sobre los logros de su reciente gira de trabajo al país norteamericano, donde se reunió con el gobernante Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, entre otros.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), en esa nación viven unos 2 millones 800 mil connacionales.

La mayor cantidad está en Maryland, Nueva Jersey, Florida, Virginia, Texas y California, así como en la ciudad de Nueva York. En total, en esas regiones suman 1 millón 800 mil, lo que representa el 64.3 por ciento del total, se deduce de los números oficiales.

Existe la posibilidad


“Es un tema complejo, pero siempre existe la posibilidad (de que lo otorguen) y, con la buena relación del Presidente, ojalá se obtenga ese beneficio, porque regularizaría la situación de miles de guatemaltecos”, afirmó Jorge Briz, excanciller.

Briz opinó que “son tiempos propicios” para solicitar el TPS, dada la excelente relación que tiene actualmente el Gobierno de Guatemala con EE. UU.

En similares términos se refirió Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas (Icesh), de la Universidad Rafael Landívar (URL).

“Es una demanda que viene de muchos años atrás y creo que se está aprovechando esa buena comunicación que hay” entre ambos Estados, señaló la entrevistada.

Sin embargo, remarcó: “Que se vaya a confirmar tengo mis dudas, porque EE. UU. ya definió cuáles son sus medidas y estas son otorgar visas temporales de trabajo e inversiones en proyectos público-privados para generar empleos y oportunidades para la juventud, niñez y mujeres en Guatemala y, con ello, atacar las causas de la migración”.

De qué se trata

El citado programa, creado en 1990, concede permisos temporales de residencia y trabajo a ciudadanos de naciones afectadas por guerras o desastres naturales.

En Centroamérica son favorecidos con el TPS migrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua.

En noviembre de 2022 se les concedió una extensión que vence a mediados de este año.

En 1998, tras el paso del huracán Mitch, Estados Unidos otorgó dicho beneficio a Honduras y Nicaragua. A pesar de que Guatemala también fue afectada por ese fenómeno climático, el expresidente Álvaro Arzú se negó a hacer la solicitud.

Desde ese momento y hasta la fecha se contabilizan, por lo menos, seis peticiones oficiales sin ningún resultado positivo.

Dimensionan elección de CSJ

El proceso de selección de magistrados y jueces para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones es importante para liberar al Estado de la cooptación que genera corrupción e impunidad, resaltó el mandatario Bernardo Arévalo.

“Todos los guatemaltecos sabemos que los tentáculos de estas élites político-criminales, que han vivido apropiándose de distintas instituciones del Estado, se manifiestan y operan, especialmente, alrededor del aparato de justicia”, afirmó el jefe de Estado.

Gobernadores y proyectos

El atraso en la elección de gobernadores departamentales no demora las obras que están a cargo de los consejos departamentales de desarrollo, pues mientras se da la selección “el aparato del Estado sigue funcionando”, afirmó el presidente Bernardo Arévalo.

“Existe una coordinación entre los directores de los consejos departamentales y de otros representantes estatales, quienes son los que van a asegurar que esto siga adelante”, afirmó el mandatario.

Herbert García
Rodrigo Pérez Fotógrafo: Archivo
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Trabajan metodología para calcular niveles de pobreza 

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En el marco de la preparación de resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2023, entre el 1 y el 5 de abril, el Instituto Nacional de Estadística (INE) recibió la visita del consultor del Banco Mundial, Carlos Sobrado, para trabajar la metodología de medición de la pobreza en el país.

Según el informe del INE, para actualizar la línea de pobreza en Guatemala se requiere de los datos recabados a través de la Encovi y de la implementación de metodología adecuada, con el fin de lograr que los resultados sean apegados a la realidad nacional y comparables con el ámbito internacional.

Sobrado considera que hay varias formas de explicar la pobreza y la mayoría son complementarias. “La definición que efectúa el INE se conoce como Pobreza Monetaria, que es la oficial en Guatemala, la cual se basa en la estimación de los hogares en cuanto a su cantidad de consumo durante cierto período, para analizar si es mayor al mínimo necesario establecido por los parámetros internacionales”, puntualizó.

El consultor agregó que el referido indicador se calcula al medir el consumo, mas no el ingreso, e indicó que para que un hogar se considere pobre, el consumo debe ser menor del mínimo estimado, el cual está basado en dos componentes: alimentos y no alimentos, por lo que el núcleo familiar que logre alcanzarlos se considera no pobre.

Josselinne Santizo
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NACIONALES

Nueva unidad de hemodiálisis beneficia a pacientes de Hospital de Totonicapán 

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Una mejor atención y ahorro monetario en tratamientos privados reciben pacientes renales internos del Hospital Departamental de Totonicapán, tras la entrada en funcionamiento de la unidad de hemodiálisis. 

“En un mes se han realizado 40 hemodiálisis dentro del nosocomio a ocho pacientes que necesitan entre tres y cuatro intervenciones a la semana”, informó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). 

“El servicio es de gran beneficio, pues evita gastos económicos a los enfermos al no tener que trasladarse fuera del centro asistencial. El costo de las hemodiálisis varía, pero va desde 900 hasta 1 mil 300quetzales cada una”, explicó el nefrólogo Mario García.

Rodrigo Pérez
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Denuncian fraude en construcción de escuelas Bicentenario

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Escasez de alumnos en los lugares de construcción, bases de licitaciones arregladas para beneficiar a un solo proveedor y trabajos inconclusos fueron denunciados ayer en relación con la edificación de 14 escuelas Bicentenario.

Por estos hechos, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) presentaron acciones penales contra Juan Carlos Alonzo Reyes y Oscar Guillermo Sierra Pacay, exdirector y exsubdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), por fraude en la aprobación del concurso de 11 eventos relacionados con 14 de estos planteles.

Jazmín de la Vega, titular del Micivi, informó que la medida, interpuesta en el Ministerio Público (MP), fue porque los aludidos beneficiaron a un único proveedor: la empresa Fame Sistema Constructivo, Sociedad Anónima, que edificaría los establecimientos con material de Lego PVC.

De la Vega detalló que la denuncia debería dirigirse, por parte del MP, contra cualquier persona individual o jurídica que haya participado en la ejecución del citado contrato, según derive de la investigación penal.
La funcionaria explicó que, de las 14 escuelas, tres tienen un avance de entre el 80 y 90 por ciento. En tal sentido, se continuará con la edificación de estas, con la evaluación pertinente para que los edificios sean de calidad.

Las 11 restantes serán desistidas y se analizará con el Ministerio de Educación (Mineduc) un nuevo modelo. “No compartimos la corrupción ni las malas prácticas en el Gobierno”, puntualizó.

Por su parte, Santiago Palomo, titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, lamentó que cada vez más aparecen hechos anómalos y aseguró que las acciones penales son parte del saneamiento institucional. También, exigió al MP una acción oportuna.

Palomo dijo que está por concluir un tablero sistematizado que contará con las querellas presentadas por todos los ministerios y unidades ejecutoras, el cual se develará antes de los 100 días de Gobierno.

Según Lizandro Acuña, especialista en seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), el Código Penal obliga a los funcionarios públicos a presentar denuncias al encontrar anomalías en sus fiscalizaciones.

Bajo ese contexto, consideró oportuna la acción, ya que si no se hace, se cae en el delito de omisión. “Ahora, corresponde al MP realizar las investigaciones y trabajar con base en su objetividad, independientemente de quién pueda estar involucrado en los hechos”, concluyó.

Destituciones

Por entorpecer todos los procesos administrativos, al no facilitar material informativo, fueron despedidos el subdirector administrativo, jefe de contabilidad, directora de Recursos Humanos, secretario general y la asesora jurídica de la Dirección General de Caminos. Se analizará interponer denuncias contra estas personas ante el Ministerio Público, indicó Jazmín de la Vega, ministra de Comunicaciones.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Mariano Macz
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