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Gobierno tramita TPS ante Estados Unidos
Unos 2.8 millones de guatemaltecos residen en esa nación; la mayoría, de manera irregular.
Conversaciones con Estados Unidos para que connacionales que radican en esa nación de manera irregular sean beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) sostiene la administración del presidente Bernardo Arévalo.
Así lo dio a conocer ayer el mandatario durante una conferencia de prensa en el Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la Cultura, en la cual habló sobre los logros de su reciente gira de trabajo al país norteamericano, donde se reunió con el gobernante Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, entre otros.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), en esa nación viven unos 2 millones 800 mil connacionales.
La mayor cantidad está en Maryland, Nueva Jersey, Florida, Virginia, Texas y California, así como en la ciudad de Nueva York. En total, en esas regiones suman 1 millón 800 mil, lo que representa el 64.3 por ciento del total, se deduce de los números oficiales.
Existe la posibilidad
“Es un tema complejo, pero siempre existe la posibilidad (de que lo otorguen) y, con la buena relación del Presidente, ojalá se obtenga ese beneficio, porque regularizaría la situación de miles de guatemaltecos”, afirmó Jorge Briz, excanciller.
Briz opinó que “son tiempos propicios” para solicitar el TPS, dada la excelente relación que tiene actualmente el Gobierno de Guatemala con EE. UU.
En similares términos se refirió Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas (Icesh), de la Universidad Rafael Landívar (URL).
“Es una demanda que viene de muchos años atrás y creo que se está aprovechando esa buena comunicación que hay” entre ambos Estados, señaló la entrevistada.
Sin embargo, remarcó: “Que se vaya a confirmar tengo mis dudas, porque EE. UU. ya definió cuáles son sus medidas y estas son otorgar visas temporales de trabajo e inversiones en proyectos público-privados para generar empleos y oportunidades para la juventud, niñez y mujeres en Guatemala y, con ello, atacar las causas de la migración”.
De qué se trata
El citado programa, creado en 1990, concede permisos temporales de residencia y trabajo a ciudadanos de naciones afectadas por guerras o desastres naturales.
En Centroamérica son favorecidos con el TPS migrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua.
En noviembre de 2022 se les concedió una extensión que vence a mediados de este año.
En 1998, tras el paso del huracán Mitch, Estados Unidos otorgó dicho beneficio a Honduras y Nicaragua. A pesar de que Guatemala también fue afectada por ese fenómeno climático, el expresidente Álvaro Arzú se negó a hacer la solicitud.
Desde ese momento y hasta la fecha se contabilizan, por lo menos, seis peticiones oficiales sin ningún resultado positivo.
Dimensionan elección de CSJ
El proceso de selección de magistrados y jueces para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones es importante para liberar al Estado de la cooptación que genera corrupción e impunidad, resaltó el mandatario Bernardo Arévalo.
“Todos los guatemaltecos sabemos que los tentáculos de estas élites político-criminales, que han vivido apropiándose de distintas instituciones del Estado, se manifiestan y operan, especialmente, alrededor del aparato de justicia”, afirmó el jefe de Estado.
Gobernadores y proyectos
El atraso en la elección de gobernadores departamentales no demora las obras que están a cargo de los consejos departamentales de desarrollo, pues mientras se da la selección “el aparato del Estado sigue funcionando”, afirmó el presidente Bernardo Arévalo.
“Existe una coordinación entre los directores de los consejos departamentales y de otros representantes estatales, quienes son los que van a asegurar que esto siga adelante”, afirmó el mandatario.
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Se rompe quorum al ingreso de titular del Mingob
Falla primer intento por interpelar a los ministros de Gobernación, Francisco Jiménez, y de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez.
Al filo del mediodía y justo cuando el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se preparaba para ser interpelado por la diputada Sandra Jovel, de Valor, el quorum que se había mantenido en el Congreso durante casi cuarenta minutos se rompió.
Poco antes, cuando se sometió a votación la solicitud del funcionario de utilizar audiovisuales que sirvieran de apoyo para responder, había en el Hemiciclo 92 legisladores y luego, cuando se le pidió que ingresara, ese número empezó a bajar hasta llegar a 74, cifra insuficiente para continuar con la sesión extraordinaria.
“Ustedes, que cubren el Congreso, saben mejor que yo los juegos parlamentarios y ahí no tengo yo mayor comentario”, expresó Jiménez cuando se aprestaba a abandonar el Palacio Legislativo.
Las declaraciones las dio desde un podio en el Salón Pasos Perdidos al que llegó con dificultad, debido a la cantidad de periodistas que buscaban entrevistarlo, para ser consultado sobre ese hecho.
El quorum solo alcanzó para alterar el orden del día y juramentar a los decanos de las facultades de Derecho de las universidades Francisco Marroquín y Mariano Gálvez, Arturo Saravia y Luis Ruano, respetivamente, quienes se incorporan a las comisiones de Postulación para cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones.
Empezó con retraso
La sesión extraordinaria estaba programada para las 10:00, pero empezó una hora y 10 minutos tarde. Durante ese tiempo, Jiménez esperó en una sala el inicio del interrogatorio.
“Seguimos trabajando y trasladamos el despacho ministerial al espacio que no se nos ha concedido para estar presentes”, remarcó el titular de la cartera del Interior, tras señalar que estará atento al nuevo llamado para rendir cuentas de su gestión.
Cuando él hablaba con los medios de comunicación, el canciller Carlos Martínez, quien también esperaba ser interpelado, abandonó el Congreso de la República.
Ausentes
De acuerdo con dicho órgano del Estado, a la sesión extraordinaria no se presentaron 52 diputados de los cuales 42, que representan el 80.7 por ciento del total, fueron de Vamos (14), UNE (12), Cabal (8) y Viva (8).
El resto fue independientes (2) y de Elefante, Todos, VOS, Creo, Bien y Nosotros, con uno por bloque.
A pesar de que se anunció una manifestación ciudadana en rechazo al actuar del Legislativo, esta no se concretó. Sin embargo, desde antes de la sesión extraordinaria se desplegaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para brindar seguridad al recinto parlamentario, diputados y
personal que labora allí.
En voz de expertos
El analista político Renzo Rosal dijo que no se pudo iniciar con la rendición de cuentas de Jiménez “porque hay varios diputados que se dan cuenta de que quienes están buscando la interpelación, no tienen fundamento; es decir, no hay materia para ello y sí propósitos espurios y políticos particulares que no se justifican”.
Fernando Bon, director ejecutivo de Alianza por un Congreso Eficiente, manifestó que el
quorum se alcanzó inicialmente porque se quería juramentar a los dos integrantes que faltaban en las postuladoras.
Recordó que ellos han sido críticos con las interpelaciones. “En los últimos años se han usado como un medio de presión al Ejecutivo”, agregó.
Los ciudadanos deben exigir que se respete la labor, independencia y seguridad de los integrantes de las comisiones de Postulación de candidatos a magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones, así como el cese de la criminalización, indicaron líderes de la sociedad civil y projusticia.
“Estas instancias están siendo objeto de presiones por parte de estructuras paralelas que desean que continúe la impunidad en el país”, expresó Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).
“Pedimos a los guatemaltecos estar atentos al desarrollo de estas elecciones de magistrados, por la importancia de la justicia independiente a la paz, democracia y gobernanza”, expresó Yolanda Pérez Ruiz, expresidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y extogada de la CSJ.
Los activistas, entre ellos la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, recordaron que no es ningún secreto que las postuladoras y algunos decanos han recibido amenazas.
Las estructuras paralelas continúan con presiones contra quienes han destacado por su independencia, dijo Juan Pablo Muñoz, coordinador de Alianza por las Reformas.
Por su parte, la abogada María Eugenia Solís dijo que los procesos de elección pueden ser afectados por el uso excesivo de amparos y ocasionar retrasos como en 2019.
Entre otras entidades que se pronunciaron están Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, Asociación de Abogadas Indígenas Chomija´, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Movimiento por la Democracia, Movimiento Projusticia, Otra Guatemala Ya y Red de No Violencia contra la Mujer.
Juramentan a decanos
Las comisiones de Postulación ya están completas, pues el Congreso juramentó ayer a los decanos de Derecho de las universidades Mariano Gálvez (UMG) y Francisco Marroquín (UFM), Luis Ruano y Arturo Saravia, respectivamente.
La ausencia de ambos impedía las sesiones de las postuladoras. “Trabajaremos con independencia y con el compromiso de postular a los mejore perfiles”, dijo Ruano, quien confirmó que el Ministerio Público los investiga.
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Exigen que cesen persecuciones arbitrarias
Organizaciones internacionales se pronuncian ante deterioro de la democracia en el país.
Foto: cortesía CIDH
Hacer un llamado al Estado de Guatemala, principalmente al Ministerio Público (MP), para que cesen de inmediato las persecuciones arbitrarias, así como que se inste a la Corte de Constitucionalidad (CC) a garantizar la elección de magistrados de cortes de manera imparcial e independiente, son parte de los planteamientos que entidades internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos hicieran, por medio de un comunicado, a la misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos, que realiza una visita, atendiendo una invitación del Gobierno.
En el pronunciamiento, las instancias, entre las que resaltan el Centro de la Justicia por el Derecho Internacional (Cejil), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), Impunity Watch, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés) y el Centro de Movilización Christar (CMCUS, en inglés), señalaron que la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, continúa encubriendo grandes casos de corrupción cometidos por gobiernos pasados.
También, que Porras persigue a defensores humanitarios, periodistas, fiscales, exoperadores de justicia y a quienes integraron la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en represalia por su trabajo anticorrupción.
Como consecuencia de la criminalización, debieron salir al exilio, tienen procesos penales activos en su contra o en riesgo de criminalización, señalaron.
Se recordó que la última en salir de Guatemala fue la exfiscal Virginia Laparra. Lizandro Acuña, experto del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), comentó que la Fiscalía, que por mandado constitucional es el ente investigador, con autonomía e independencia, debe basarse en sus principios que le obligan a una persecución penal objetiva en la que prevalezca el debido proceso y respeto a las garantías fundamentales.
Por su parte, el constitucionalista Edgar Ortiz expresó que el pronunciamiento de las instancias subraya el estado precario de la justicia en el país y el hecho innegable de que la persecución a ciertos opositores ha sido la regla en estos años.
Señales que envían el MP, CSJ y CC
- MP pide informes a cuerpos electorales
- Fiscalía persigue a magistrados del TSE
- Constante suspensión de audiencias de periodista Jose Rubén Zamora y exfiscal Stuardo Campo
- Exilio de exfiscal Virginia Laparra condenada dos veces
- Sin avance solicitud de antejuicio contra Fiscal General
- Resoluciones que favorecen a destituidos de cargos por no ser idóneos, como el caso Bantrab
- Investigación a decanos que integran comisiones de postulación
- Averiguaciones contra secretario de Comunicación Social de la
Presidencia, Santiago Palomo
