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EDITORIALES

Gira de trabajo de suma importancia

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El presidente Alejandro Giammattei cumple una gira de trabajo en Estados Unidos donde, desde ayer, se reúne con altos funcionarios del Gobierno de ese país norteamericano y de otros altos organismos regionales con sede en Washington, D. C.

Como parte de la agenda oficial, el mandatario fue recibido ayer por el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas, con quien trató asuntos de interés para ambas partes.

En ese sentido, se informó de manera oficial que el diálogo con Mayorkas se centró en las acciones emprendidas por el Gobierno de Guatemala para continuar con el combate del crimen transnacional.
Además, hablaron sobre la importancia de intercambiar información para perseguir a los traficantes de migrantes, así como impulsar estrategias conjuntas para frenar el éxodo irregular, entre otros temas.

Giammattei también abordó con Mayorkas lo relativo al estatus de protección temporal (TPS) para los connacionales que residen en ese país norteamericano.

El jefe de Estado también tiene contemplado reunirse hoy con el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con quienes tratará asuntos de interés nacional y regional.

De acuerdo con la información oficial, seguridad y protección de la vida y la familia, así como la soberanía en el ámbito multilateral, son algunos puntos que se incluyen en la agenda del mandatario, quien también participará en una actividad de la Fundación de Libertad Religiosa, donde expondrá sobre temas a favor de la familia y la vida.

El objetivo de la gira del Presidente es analizar aspectos de interés bilateral con funcionarios de Estados Unidos, así como los buenos resultados que ha tenido Guatemala en el combate de las actividades ilícitas de índole regional.

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EDITORIALES

La elección de cortes debe ser limpia y sin presiones de las mafias

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Revisar nuestro pasado reciente bastaría para coincidir con la opinión del presidente Bernardo Arévalo, cuando afirma que con la elección de jueces y magistrados se pone en juego la democracia guatemalteca.

La impunidad y corrupción desmedidas, que se cometieron durante el gobierno de Alejandro Giammattei, ponen en evidencia un sistema creado para saquear el erario, el cual contó y cuenta con el apoyo de algunos fiscales, jueces y contratistas que facilitaron el actuar de las mafias de cuello blanco y conciencia negra.

Así las cosas, es cierto que la próxima selección de candidatos a dirigir la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones es un proceso fundamental, que debe ser observado por los diferentes liderazgos sociales, a los que les tocará exigir procedimientos que garanticen la independencia y probidad de los llamados a impartir justicia.

Un eventual fracaso en estas nominaciones representaría que sigamos en manos de los criminales, quienes han hundido en la pobreza y el subdesarrollo a una nación que merece otro destino. Por eso no extraña que el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, anunciara ayer que “se vienen grandes casos” de corruptela, los cuales serían denunciados desde los ministerios de Desarrollo Social y Educación.

Estas y otras querellas que se analizan en las carteras de Comunicaciones, Cultura y Agricultura, se sumarían las presentadas por la compra anómala de vacunas Sputnik, las escuelas Bicentenario o las múltiples obras de infraestructura que se pagaron casi en su totalidad, aunque los avances físicos no superan el 40 por ciento.

Insistir, promover y exigir la asunción de magistrados honestos y comprometidos con la justicia es lo mínimo que nos merecemos como sociedad y es la única garantía que tendremos para evitar los asaltos a las finanzas públicas, vía indemnizaciones cuestionadas y otras formas truculentas.

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EDITORIALES

Giammattei y su gabinete deben rendir cuentas

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Poco a poco, las máscaras de la supuesta decencia empiezan a caer y la verdad comienza a evidenciar el desgobierno de la administración anterior.

Es difícil recordar un día, en los 93 transcurridos en esta nueva gestión, que no se hayan denunciado supuestos asaltos al erario, perpetrados por el equipo que lideraban el exmandatario Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

Las evidencias constatadas en los innumerables casos presentados dejan pocas dudas en cuanto a la corruptela que imperó del 14 de enero de 2020 al 14 de enero de 2024, por lo menos entre una buena parte de la ciudadanía que demanda justicia y castigo.

Lastimosamente, los procesos chocan contra las instituciones llamadas a investigar las querellas, por lo que los responsables de los presuntos malos manejos se mantienen impunes.

En este juego de ideas, ayer el ministro de Salud, Oscar Cordón, afirmó que la acusación que el Organismo Ejecutivo hizo contra Amelia Flores, su antecesora en el cargo, se ampliará a otros integrantes del gabinete de Giammattei, algo que los connacionales reclaman, dadas las sospechas de que los autores intelectuales del fraude cometido en la compra de las vacunas Sputnik
tenían jerarquías superiores a los exencargados de las carteras y secretarías de Estado.

De momento, todo apunta a que la denuncia incluirá a Pedro Brolo, que en su carácter de ministro de Relaciones Exteriores de Giammattei lideró las conversaciones con la empresa rusa
que vendió las Sputnik o contra quien facilitó los recursos para la transacción.

Adicionalmente, en una entrevista con la agencia EFE, el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, comunicó que los desfalcos que se cometieron durante el gobierno recién pasado se estiman entre 2 mil millones y 3 mil millones de dólares, dinero que le permitió a los ahora exfuncionarios obtener voluntades en diferentes organismos del Estado y asegurar una vida dispendiosa, aunque ello haya implicado ofensivos retrocesos en materia de desarrollo humano.

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EDITORIALES

Empieza con desventaja la recuperación de instituciones públicas

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Hay que aceptarlo: las mafias llevan las de ganar. En esta lucha por transformar las instituciones del Estado, los malos parten con ventaja, sobre todo si se toma en cuenta que serán los diputados quienes, finalmente, decidirán la integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones.

Sin embargo, hay esperanzas de que la decencia se imponga y se termine escogiendo letrados probos, comprometidos con el país y respetuosos del Estado de derecho.

En este punto, existen por lo menos dos circunstancias que permiten mantener la fe. La primera tiene que ver con el papel activo que asuman los liderazgos sociales, los que han estado comprometidos con la defensa de la democracia.

A los jóvenes, pueblos indígenas y representantes sectoriales, hartos de la impunidad reinante, les tocará vigilar el proceso y levantar la voz ante posibles arbitrariedades.

De igual manera, la observancia de la comunidad internacional será determinante, así como lo fue al momento de proteger los resultados electorales y sancionar a quienes intentaron desoír la voluntad popular, con el claro objetivo de que el Organismo Ejecutivo continuara copado y al servicio de las mafias.

Aún así, las condiciones son desfavorables. De hecho, ya se conocen los movimientos que los impresentables realizan para copar a quienes integrarán las comisiones de postulación, con el fin de que incluyan a sus allegados en los listados que se elevarán al Legislativo para la selección de los magistrados.

También, existe la posibilidad de que los actuales encargados de la CSJ y de las salas de Apelaciones se nieguen a abandonar sus cargos y recurran a trucos legales a sabiendas de que tienen el apoyo de una buena parte de quienes componen el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Parlamento.

En fin, la convocatoria para la integración de las postuladoras, que tiene previsto efectuar hoy el Congreso, será un nuevo enfrentamiento entre el bien y el mal, batalla en la que, valga decir, aventaja la nueva primavera.

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