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Eutanasia, por ley, en España; ¿está todo claro?

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Dr. Carlos Centeno Profesor de Medicina Paliativa

En la vida política española se ha celebrado discretamente la aprobación por el Congreso del Proyecto de Ley de Eutanasia. Apenas ha habido reacción social en los medios, ni a favor ni en contra, como si el hecho en sí hubiera dejado entre sorprendida y perpleja a la ciudadanía. Desde mi punto de vista de médico y universitario, algunas cuestiones necesitarían más luz, más clarificación.

1. El apoyo a la eutanasia no es unánime, ni mucho menos. No todos la consideran un avance o una conquista social. Personas, sociedades, culturas y también las religiones mayoritarias piensan que va en contra del bien común y que es un retroceso. Los que muestran un perfil crítico ponen de manifiesto las consecuencias en países donde la eutanasia se legisló para evitar el sufrimiento insoportable de los enfermos terminales que lo pidieran. De este modo, se ha terminado aplicando a enfermos graves, a enfermos mentales, a niños pacientes con demencia, a los que están cansados de vivir… Son numerosas las muertes provocadas bajo el paraguas de la ley de eutanasia que no se declaran (hasta una de cada cuatro en Holanda). Incluso las leyes en apariencia más garantistas que limitan la eutanasia a situaciones restringidas y bien controladas tienden a ampliar los criterios. Como si tuvieran vida propia, van a más y crean necesidad. Esta “pendiente resbaladiza” es real, como advierte la Asociación Médica Americana. Aprobar la eutanasia pone presión social y moral sobre los más frágiles, como los enfermos de ELA, los mayores, las personas dependientes. En conjunto, la actitud de los médicos ha sido de rechazo y, sobre todo, de desinterés y de evitar compromiso. No consideran la eutanasia como cosa suya. 

2. ¿Era preciso legislar con prisas? El modo de proceder para aprobar la eutanasia en España ha despertado críticas, ya que con el aparente respaldo de la demanda social (mediatizada por el propio diseño y la ambigüedad de las encuestas) se ha obviado el proceso habitual de las leyes “de gran calado”. ¿Por qué esta vez no acudieron expertos al Parlamento, como es costumbre en temas debatidos? ¿Por qué no se pidió un dictamen al Comité Nacional de Bioética? ¿Cómo fue posible que no se consultara a la Organización Médica Colegial? Sin entrar a que el último mes del año en que habían fallecido más de 50 mil personas por Covid, no era el mejor momento para aprobar una ley sobre el derecho a morir.

3. Un cambio sustancial en el modo de entender al ser humano y en cómo se organiza una sociedad. Aunque se presenta como una ley que no obliga a nadie, la realidad es que ha modificado valores sociales esenciales. Antes, el médico estaba para sanar, cuidar y aliviar. Tras la aprobación de la ley de eutanasia, estará también para terminar la vida de quien lo pida, en ciertas condiciones. Antes se enseñaba que a quien sufre al final de la vida se le cuida y acompaña. Tras la aprobación de la ley de eutanasia, se le podrá indicar la salida si lo desea. Donde cuidar se consideraba la actividad más puramente humana, ahora (si el sujeto quiere fallecer) cuidar será malgastar el tiempo e ir contra su derecho. La nueva ley entiende que la dignidad radica esencialmente en la autonomía, no en el valor de la propia persona. El valor de la vida humana queda condicionada a la voluntad y el deseo del paciente. 

4. Si lo que preocupara es el sufrimiento del final de la vida, habría que promover los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no son la alternativa a la eutanasia. Los cuidados paliativos no son alternativos: son para toda la ciudadanía. Son capaces de alcanzar alivio en el sufrimiento (físico, moral, social) al final de la vida, mediante el acompañamiento experto, personal y humanizador de los profesionales, y también aplicando la sedación paliativa si es preciso. Aunque unos buenos cuidados paliativos no revertirían todas las peticiones de eutanasia, sí que son capaces de proporcionar alivio a una parte muy importante del sufrimiento del final de la vida. Los cuidados paliativos sí que deberían ser esenciales y universales, accesibles a todos. 

Universidad de Navarra
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COLUMNAS

La reforma municipal (I)

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Otto José Fernández

MSc. Otto José Fernández 

Asesor Profesional Fortalecimiento a Gobernaciones Departamentales

[email protected]

A raíz de la reforma municipal y el planteamiento de reglamentación de las normas sobre descentralización política, administrativa y fiscal que vienen siendo conocidas como reforma municipal, se han originado, dentro de los distintos grupos sociales, estudios y campañas de promoción sobre el significado e implicaciones de las medidas adoptadas.

El hecho mismo de que en la actualidad se esté presentando un debate amplio acerca de las características, el funcionamiento y las necesidades de aquel ente administrativo, que durante tanto tiempo permaneció en el rincón más olvidado del interés nacional, el municipio, revela ya la trascendencia de que se discuta sobre una posible reforma municipal y se analice si esta es una necesidad o una utopía. 

Las opiniones son divergentes; las hay desde aquellas que consideran la reforma como un paso más dentro de una concepción neoliberal, hacia la reducción del tamaño y la intervención del Estado, pero también aparecen las que consideran que las transformaciones adoptadas constituyen un progreso jamás visto durante nuestra vida democrática y que pueden considerarse como la revolución municipal. Sin caer en ninguno de estos dos extremos, es necesario desarrollar una discusión acerca de la validez del análisis gubernamental. 

Es necesario desarrollar una discusión.

Esto considera al centralismo como exclusivo factor causal de la opaca situación que ya presentaba el país al iniciar la presente década y, obviamente, a la reforma descentralista como un mecanismo apropiado para enfrentarla. La reforma, efectivamente, puede apoyar la ampliación de la prestación de servicios públicos en Guatemala y con esto cambiar hacia una gestión pública desconcentrada y descentralizada. 

Los esfuerzos por acercar los servicios públicos y las oportunidades de desarrollo económico y social al territorio han tenido en el país distintos escenarios, y en la actualidad se están retomando con un importante impulso. 

La legislación relacionada que da soporte a esta forma de gestión pública desconcentrada y descentralizada se encuentra contenida en tres cuerpos legales que se articulan recíprocamente: la Ley de Descentralización, Decreto 14-2002; la Reforma a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002, y la Reforma al Código Municipal Decreto 12-2002.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Licitaciones de largo plazo en el subsector eléctrico

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Rafael Argueta 

Director Comisión Nacional de Energía Elé[email protected]

La Licitación Abierta PEG 3-2013 se lanzó en septiembre de 2013, para concluir con el proceso de adjudicación en agosto de 2014. A diferencia de las licitaciones PEG-1 y 2, se consideró que ya no era necesario poner cuotas de contratación mínima para los generadores con fuentes de energías renovables, ya que los objetivos de la política energética estaban cumplidos con los que ya se había contratado anteriormente, por lo que se decidió que las diferentes tecnologías compitieran para ofrecer los mejores precios. El objetivo era la contratación del suministro de hasta 250 MW de Potencia Garantizada para los usuarios del servicio de distribución final por un plazo de 15 años que se iniciarían el 1 de mayo de 2017 o 2018.

La Licitación Abierta PEG-3-2013 incorporó, además del método de optimización para seleccionar el conjunto de ofertas con las cuales se obtiene el mínimo costo de compra del suministro para los usuarios, un proceso de rondas sucesivas equivalente a una subasta inversa de reloj descendente mediante la cual los oferentes podrán competir por la asignación de su oferta como parte del conjunto de ofertas seleccionadas en cada ronda hasta llegar a una condición de competencia que activará una última ronda y se asignarán las ofertas finales. Con esta licitación se pasó del método tradicional de presentar ofertas en “sobre cerrado” al mecanismo de rondas sucesivas mediante el cual se realizan tantas rondas como sea necesario para lograr precios competitivos.

Ha tenido como consecuencia un aumento de la oferta de la generación eléctrica.

Como conclusión, se puede decir que las licitaciones que se han realizado a partir de 2008 en Guatemala para la compra de potencia y energía eléctrica que cubra la demanda de los usuarios finales de las distribuidoras, derivados de los procesos de planificación de expansión de la generación con un diseño adecuado de la subasta, atraen el interés de los inversionistas. Esto ha tenido como consecuencia un aumento de la oferta de la generación eléctrica que supera a la demanda, por lo que el suministro de energía en la actualidad está garantizado; además, se ha cumplido con el objetivo planteado en la Política Energética de  la diversificación de la matriz energética, ya que se ha adjudicado a diferentes tecnologías de generación, entre las que se destacan las energías con recursos renovables no convencionales como lo son las plantas de generación eólica y las solares de paneles fotovoltaicos, de las cuales les ha correspondido el doce y siete por ciento, respectivamente, de la potencia adjudicada. Por la efectividad y eficacia demostrada, es recomendable que la realización de licitaciones abiertas de largo plazo siga siendo el mecanismo utilizado para promover la expansión y la diversificación de la oferta, manteniendo los elementos que la han caracterizado al introducir las mejoras necesarias para responder a las exigencias actuales.

Colaborador DCA
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Inclusión de pueblos indígenas

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Rebeca Arias Flores

Coordinadora Residente [email protected]

Un contrato social es un acuerdo no escrito que las sociedades hacen para cooperar con su desarrollo socioeconómico. En muchos países, las poblaciones indígenas han sido marginadas de las actividades políticas y económicas, nunca fueron incluidas en ningún contrato social. 

Durante los últimos años y décadas, varias sociedades han tratado de abordar este problema, incluso a través de muestras de arrepentimiento por lo que en el inicio se les hizo, esfuerzos por la verdad y la reconciliación, reformas legislativas, así como reformas constitucionales. Mientras que, a nivel internacional, estos esfuerzos han incluido la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la creación de órganos asesores como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

A pesar de la existencia de instrumentos internacionales para responder a estas desigualdades, no todos se suman al esfuerzo colectivo para garantizar que nadie sea dejado atrás. Es necesaria la construcción y el rediseño de un nuevo contrato social como expresión de cooperación por el interés social y el bien común de la humanidad y la naturaleza.

Los pueblos indígenas deben formar parte del diseño y de la implementación de un nuevo contrato social.

En la sede de la ONU se propone un nuevo contrato social basado en una auténtica participación y asociación que fomente la igualdad de oportunidades y respete los derechos, la dignidad y las libertades de todos. Y ello pasa por el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones, un componente clave para lograr la reconciliación entre los indígenas y los Estados.

Recordemos que más del 70 por ciento de la población mundial vive en países con una creciente desigualdad de ingresos y riqueza, incluidos los pueblos indígenas que ya se enfrentan a altas tasas de pobreza y graves desventajas socioeconómicas. Los altos niveles de desigualdad están generalmente asociados con la inestabilidad institucional, la corrupción, las crisis financieras, el aumento de la delincuencia y la falta de acceso a los servicios de justicia, educación y salud. Para los pueblos indígenas, la pobreza y las grandes desigualdades tienden a generar tensiones y conflictos sociales.

La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones y la reducción de las desigualdades están en el centro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La sociedad, no solo los gobiernos sino también los grupos sociales, los pueblos indígenas, las mujeres, la academia y los científicos tienen un papel que desempeñar en la construcción y el rediseño de un nuevo contrato social que sirva a los intereses de “Nosotros, los pueblos” como indica la Carta de las Naciones Unidas.

La pandemia de Covid-19 arrojó luz sobre los efectos de las crecientes desigualdades y promovió la discusión sobre la urgente necesidad de repensar un nuevo contrato social. Un nuevo sentido común que funcionará para todos los pueblos y el planeta. Actualmente existe una oportunidad única para reconstruir un mundo más igualitario y sostenible, basado en una participación y asociaciones genuinas e inclusivas que fomentan la igualdad de oportunidades para todos y respeta los derechos, la dignidad y las libertades de todos.

Para los pueblos indígenas, afectados de manera desproporcionada por el Covid-19 en todo el mundo, sus voces deben ser escuchadas e incluidas en los planes para reconstruir mejor y repensar los contratos sociales, obteniendo su consentimiento previo, libre e informado, e incluir los derechos colectivos e individuales de pueblos indígenas reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En nuestro Marco de Cooperación de Naciones Unidas con Guatemala 2020-2025, estamos impulsando acciones que aseguren la inclusión de las poblaciones indígenas en todos los ámbitos: económico, social, institucional, político y medioambiental. Este 9 de agosto tenemos un foro con la Universidad Maya Kaqchikel. Les invitamos a unirse a esa actividad a través de nuestras redes sociales.

Colaborador DCA
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