El robustecimiento de la articulación de los diversos mecanismos ya existentes para brindar seguridad es una de las medidas que contempla la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
La referida herramienta resguarda el trabajo de quienes velan por el cumplimiento de los derechos fundamentales, autoridades indígenas, operadores de justicia, periodistas y comunicadores comunitarios, entre otros, de acuerdo con el citado instrumento.
En el documento se señala que se mejorarán los enlaces de trabajo con la Instancia de análisis de ataques al derecho de personas, organizaciones, comunidades y autoridades de pueblos originarios creada en el 2024. Con esta se actualizó la entidad de evaluación de ataques a defensores de derechos humanos hecha en 2012.
“Es una iniciativa positiva porque vivimos criminalizados en nuestros territorios. Es tiempo de hacer justicia”. Ana María Toc / Udefegua
También en el marco del Protocolo de implementación de medidas de seguridad inmediatas y preventivas en favor de trabajadores sindicalizados, dirigentes, directivos, militantes y líderes sindicales, aprobado por la cartera del Interior en octubre de 2016.
Asimismo, se vigorizarán las coordinaciones con la defensoría de las personas que velan por los derechos fundamentales y los periodistas puesta en marcha en 2019 por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). A ellos se suma la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP).
La política describe varias formas de agresiones contra los defensores de derechos humanos, entre ellas las que pueden conllevar violencia física y sicológica; delitos contra la propiedad, como los allanamientos; privacidad, como las escuchas telefónicas; a la honra, como la deslegitimación y los discursos de odio.
De igual manera, el uso indebido de medidas administrativas o judiciales para perseguirlos y el acoso cibernético.
Reacciones
La medida impulsada por el Ejecutivo es bien vista por ciudadanos a los que se busca darles amparo.
“Es una iniciativa positiva porque vivimos criminalizados en nuestros territorios. Es tiempo de hacer justicia”, aseguró Ana María Toc, autoridad ancestral y parte de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua).
Nery Brito Ramírez, defensor de Nebaj, Quiché, expuso que la herramienta “es necesaria porque estamos en una situación crítica, siendo criminalizados, perseguidos y asesinados. Este es un avance de Estado”.
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