COLUMNAS
Es importante la expresión “poder” en su nombre? (III)
Gaspar Jenkins
Profesor e investigador del Centro de Justicia Constitucional, Facultad de Derecho
En consecuencia, no sería posible calificar como un acierto o un error sin más que un texto constitucional titule como “Poder Judicial” el capítulo dedicado a regular las bases de la función jurisdiccional, o pretenda con ello denominar al conjunto de órganos a los que se entrega dicha labor.
Sin ir más lejos, en nuestra propia historia constitucional podremos apreciar que se han utilizado las denominaciones “Autoridad Judicial” (Título V del proyecto de Constitución provisoria de 1818) o “Administración de Justicia” (Capítulo VIII de la Constitución Política de 1833) para hacer referencia a dicho apartado del texto, mientras que durante el seno de la discusión de la Constitución vigente el comisionado Jaime Guzmán propondría denominar al actual Capítulo VI como “Tribunales de Justicia” para, con ello, hacer mención a los órganos de relevancia suprema, como bien se realizó con los Capítulos VI (“Gobierno” en vez de “Poder Ejecutivo”) y V (“Congreso Nacional” en vez de “Poder Legislativo”).
Algo similar es posible apreciar en constituciones vigentes de otros países que optan por utilizar nomenclaturas diferentes, siendo las más emblemáticas las constituciones de Italia (que utiliza las expresiones “magistraturas” y “régimen jurisdiccional”), de Francia (“autoridad judicial”) y de Portugal (“tribunales”). Lo anterior adquiere relevancia frente a las declaraciones de algunos comisionados (“expertos”) del proceso que se inicia, que han destacado la supuesta necesidad de mantener la denominación “Poder Judicial”, puesto que, con ello, se haría referencia a la importancia de la labor.
Algo similar es posible apreciar en constituciones vigentes.
Sin perjuicio del sentido simbólico de la expresión (y de su uso coloquial), cabe mencionar que lo verdaderamente importante no será el nombre que se dé al conjunto de órganos encargados de ejercer la función jurisdiccional, sino la forma en que se resguarda su autonomía y se establezcan sus consecuenciales responsabilidades y limitaciones razonables.
De esta forma, es necesario que la nueva propuesta de texto constitucional garantice la autonomía funcional de aquellos a los que se les confiere el ejercicio de la función judicial, tanto respecto de los demás órganos estatales (esto es, la denominada “independencia externa” que, actualmente, se puede apreciar en el inciso segundo del Artículo 76 de la Constitución Política), como respecto de los demás jueces (“independencia interna”), especialmente de aquellos jerárquicamente “superiores”, para así evitar intromisiones o influencias indebidas en la aplicación del Derecho.
Sin duda alguna, será este último aspecto en donde existirán mayores desafíos (de hecho, siquiera es reconocida expresamente esta faz de la independencia judicial en el texto constitucional actual), debido a la existencia de un sistema de nombramiento y un régimen disciplinario con fuerte incidencia de los tribunales superiores de justicia, dependiendo la carrera de un juez de la calificación y la apreciación que tienen sobre él ministros de cortes de Apelaciones o de la propia Corte Suprema.
Continuará…
Ana Eva Fraile
Revista Nuestro Tiempo
Desde este puerto inicia su viaje Una tierra prometida y muestra, sobre fondo azul, los álbumes científicos e intelectuales del siglo XVIII. Entre ellos, los cuadernillos L’Anatomie y L’Astronomie de La Enciclopedia, de Diderot y D’Alembert, dos dimensiones que ilustran la ambición de la ciencia por desentrañar cualquier área de conocimiento.
Sus dibujos enriquecieron los compendios sobre cartografía, astronomía, geodesia y nuevas especies.
Con precisión científica trabajaron también los artistas que se embarcaban en las expediciones, numerosas en ese periodo, para levantar acta del horizonte conocido o de nuevas maravillas. Sus dibujos enriquecieron los compendios sobre cartografía, astronomía, geodesia y nuevas especies, especialmente a raíz de que Carl von Linneo publicara en 1735 Systema naturae, su innovadora propuesta taxonómica para los reinos vegetal, mineral y animal.
En sala se encuentran, por ejemplo, los grabados coloreados a mano de Plantae Selectae, obra de los botánicos Trew y Ehret (que había conocido a Linneo), los dibujos en acuarela incluidos en la enciclopedia Libros ilustrados para niños, los álbumes Plantae officinales de Nees von Esenbeck, que investigó las propiedades médicas de las plantas, las litografías de orquídeas de James Bateman o el trabajo Historia natural de los loros, a los que François Le Vaillant pintó en sus hábitats, un acercamiento novedoso a la realidad.
La siguiente escala en esta travesía traslada al visitante a tierras egipcias, adonde el general Napoleón Bonaparte se dirigió en 1798 con hambre de conquista. A los más de 40 mil soldados se unieron 167 savants, que conformaban la Comisión de Ciencias y Artes.
El cometido de estos ingenieros, científicos y artistas era llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el país. Incluso se fundó el Instituto de Egipto. Aunque la campaña militar fracasó, los miembros de ambas instituciones no regresaron a Francia hasta la capitulación del general Menou, en agosto de 1801.
Solo unos meses después, a principios de 1802, comenzó la aventura editorial.
Continuará…
Cristóbal Bellolio
Escuela de Gobierno
El Demoledor es una película de 1993 protagonizada por Silvester Stallone, que versa sobre una armónica distopía donde se castigan los garabatos, la dieta es comida molecular y las relaciones sexuales son virtuales. La única disidencia vive en las cloacas a punta de hamburguesas de ratas, y de cuando en cuando sale a la superficie para asestar golpes terroristas. Su líder es Edgar Friendly.
El credo de Edgar Friendly es sencillo: no está dispuesto a que le digan cómo son las cosas, le gusta decir lo que piensa, y elegir cómo carajo vivir su vida, incluso si se trata de estallar de colesterol. Quiere comer carne hasta hartarse, fumar un cigarro “del tamaño de Cincinnati”, y correr empelota leyendo una Playboy, únicamente porque puede. Los malos no son ellos, que hacen lo que pueden por sobrevivir. Los malos son los de arriba, los que imponen su tiranía frígida y bien portada, que abusan del poder y secuestran los beneficios del progreso.
La negación del consenso climático tiene antecedentes ideológicos, o identitarios.
Friendly es un populista libertario. Populista, porque piensa que la sociedad está dividida en dos: la elite atiborrada y el pueblo postergado. No ve posibilidad de acuerdo, solo de conflicto. Lo que viene de arriba es paquete sospechoso. Pero también es libertario: quiere que la autoridad retroceda de su espacio vital, que no amenace su estilo de vida, que no arrebate sus hábitos de consumo.
El populismo libertario que representa Edgar Friendly es uno de los principales obstáculos que hoy enfrenta la lucha contra el cambio climático. Mucha gente le echa la culpa a la industria de combustibles fósiles y su lobby descarado. Pero hay otros factores que trascienden el interés pecuniario.
La negación del consenso climático tiene antecedentes ideológicos, o identitarios. No todo populismo descree del consenso científico en la materia. Algún eco-populismo de izquierda habrá por ahí. No todos los movimientos plebeyos que resisten la agenda verde progresista, descreen de la realidad de la crisis climática. Algunos sencillamente no quieren pagar la cuenta del festín de economía carbonizada que se dieron otros.
Tampoco todo libertarianismo es negacionista. En principio, se puede aceptar la ciencia climática y discrepar de una política climática que implique ensanchar las atribuciones del estado. Más de alguno insistirá en soluciones privadas a los problemas públicos. Autores como Jason Brennan elaboran una justificación libertaria para la obligatoriedad de las vacunas. Del mismo modo, otros sostienen que la reducción de emisiones es un imperativo del principio de no-agresión.
Pero la combinación entre ambas vertientes ideológicas (el populismo libertario) combustiona un tipo distintivo de rechazo a la ciencia climática, que tiene un poder seductor en ascenso. De hecho, gran parte de los partidos de “derecha populista radical”, para utilizar la etiqueta de Cas Mudde, despliega esta narrativa: las elites buenistas y cosmopolitas que tienen sus necesidades materiales satisfechas, y pueden darse el lujo de posar de ciclistas veganos, le imponen al resto de la gente ordinaria una moralina verde tan paternalista como inviable: para moverse a la pega hay que echarle bencina al auto.
Adicionalmente, la sombra de las futuras restricciones toca la fibra de las clases medias y trabajadoras que se han partido el lomo por llegar aquí. Han hecho de sus hábitos de consumo contaminante un proxy de estatus. Y nada se defiende como el estatus. Mientras tanto, las Greta Thunbergs de este mundo amenazan con una distopía de brócolis y viajes de 35 horas en tren.
Aquí entra la seducción del discurso de Edgar Friendly. Su populismo libertario mata dos pájaros de un tiro: sospecho de la agenda climática porque (a) viene de las elites globalistas y (b) arrebata mis libertades.
Mauricio Bravo
Vicedecano de la Facultad de Educación
La implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) ha sido un tema recurrente en el debate público.
Desde su creación, esta política se propuso como una gran reforma educativa destinada a mejorar la calidad y equidad en la educación pública. Sin embargo, debido a errores de diseño o al poco tiempo transcurrido, no ha logrado superar a los municipios en varios indicadores claves, como asistencia, deserción, rotación docente y puntajes Simce.
Estos resultados ponen en entredicho la eficacia de una reforma que, a pesar de sus buenas intenciones, no parece estar alcanzando los objetivos esperados.
Una de las principales falencias identificadas es que no se consideraron las buenas prácticas preexistentes en algunos municipios.
Una de las principales falencias identificadas es que no se consideraron las buenas prácticas preexistentes en algunos municipios. Las reformas educativas de gran envergadura siempre deben tomar en cuenta las prácticas efectivas ya implementadas.
De lo contrario, no solo se desaprovechan conocimientos y experiencias valiosas, sino que también puede llevar a una implementación que no se ajusta a las realidades específicas de cada comunidad educativa.
Por otra parte, el corto plazo de implementación de los SLEP ha sido insuficiente para evaluar y ajustar adecuadamente sus resultados: “Las incidencias de las políticas educativas son muy diversas y pueden tardar años, incluso generaciones, en hacerse completamente visibles” (OECD Education Policy Evaluation 236, año 2020). Por tanto, antes de seguir avanzando en la implementación de nuevos SLEP, debemos realizar una evaluación robusta que permita identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora.
Por último, la suposición de que un sistema educativo uniforme es la solución óptima para fortalecer la educación pública es un error. La diversidad de sostenedores, acompañados de mecanismos efectivos de regulación y supervisión, permite que estos funcionen como un sistema coherente y ordenado.
Además, la diversidad institucional puede ofrecer una respuesta más ágil y adecuada a las diversas necesidades locales, promoviendo así una mayor equidad y eficacia en el sistema educativo.
