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“Encontramos datos alarmantes en las 35 mil 922 escuelas del país”
En un despacho espacioso en el que destaca un recuerdo entregado por docentes de una escuela de Cerro de Oro, Santiago Atitlán, Sololá, durante la inauguración del ciclo escolar 2024, la titular del Ministerio de Educación (Mineduc), Anabella Giracca, atendió al Diario de Centro América para hablar sobre los retos y desafíos de su gestión. Serena y clara en sus respuestas, la funcionaria explicó cuáles son los tres grandes pilares que se atienden de manera inmediata para mejorar la enseñanza y la situación de abandono que encontró en los centros de estudios nacionales.
¿Cuándo se va a anunciar el nombramiento de los directores departamentales de Educación?
Ya seleccionamos a 19, que están asumiendo los cargos, y que no van a estar solos porque vamos a dar un seguimiento muy cercano y van a ser evaluados por sus resultados. Tenemos siete direcciones departamentales que se declararon desiertas porque los candidatos no cumplieron con los requisitos.
El reciente nombramiento marca un proceso inédito y transparente en la historia del país, pues la selección se realizó con base en méritos y pruebas de conocimiento legal en materia de educación, análisis psicométricos, conocimiento de idiomas mayas en regiones bilingües y un plan de trabajo sólido.
Este proceso, aunque no ha sido una ruta fácil, creo que sin duda es el correcto y refuerza nuestro compromiso con una educación de calidad.
¿En qué departamentos no se eligió?
Quetzaltenango, Quiché norte (Ixcán), Guatemala sur, Huehuetenango, San Marcos, Izabal y Zacapa. Se va a sacar la convocatoria esta semana para iniciar con el proceso de selección. Queremos agilizar el asunto. Esperamos que en un mes, aproximadamente, contemos con los directores departamental en estas regiones.
¿Por qué son importantes?
Son los representantes del ministerio en los diferentes departamentos y garantizan la implementación de toda la parte administrativa y operativa para que la calidad de la enseñanza llegue a las aulas.
Se menciona que encontraron escuelas en situación deplorable. ¿Cómo califica esa situación?
Es producto del abandono al que ha sido sometido el sistema educativo de Guatemala.
¿Hay avances en el remozamiento de planteles anunciado?
Hemos detectado tres grandes emergencias que están vinculadas a los tres grandes pilares que queremos atender de manera inmediata y urgente. La primera es la situación bastante lamentable de la infraestructura escolar. Prácticamente estamos terminando y culminando con la primera tanda de los 4 mil 100 remozamientos. Nosotros, dentro de los 35 mil 922 establecimientos que se tienen en el sistema
encontramos datos alarmantes.
¿Cuáles son los problemas hallados?
Por ejemplo, más de 5 mil 300 escuelas no cuentan con agua, más de 21 mil no tienen drenajes, 8 mil 587 no cuentan con energía eléctrica, 19 mil ya no tienen puertas y ventanas, 12 mil tienen dañados los muros y en 17 mil los techos tienen goteras y eso nos preocupa mucho por el invierno; por eso, estamos acelerando los procesos de mejoras para garantizar ambientes saludables, seguros y amigables para los niños, adolescentes y jóvenes que atendemos.
Lo que hemos visto es la necesidad, en muchos casos, de desalojar escuelas completas porque no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad.
Háblenos acerca de las medidas tomadas para enfrentar la situación Hemos hecho, en algunos casos, alianzas con alcaldes que están convencidos de la importancia de rescatar la infraestructura escolar.
En muchos de estos, el Mineduc pone 75 mil quetzales, lo más que se puede dar por ley, porque la cartera tiene un rubro que se llama mantenimiento de edificios escolares, no podemos construir y solo podemos hacer reparaciones menores, y los jefe ediles ponen la mano de obra.
Por otro lado, tenemos instalada una mesa técnica con el Ministerio de Comunicaciones porque ellos tienen el mandato para construir edificios escolares o hacer remozamientos mayores.
Entonces, nosotros seleccionemos dónde están las prioridades y así, en equipo y articulación, responder a esta emergencia.
¿Dónde se concentraron las reparaciones y se continuará el plan?
En el ámbito nacional, en las escuelas más vulnerables, en peores condiciones y las que no habían sido atendidas en los últimos 10 años. Vienen 3 mil nuevos trabajos. Nuestra meta son 10 mil a
fin de año.
Mencionaba dos emergencias más…
La segunda es que encontramos que solo tres de cada 10 niños en primaria saben leer y escribir y la pandemia agudizó esta situación.
Ante ello, lanzamos el 3 de junio el Programa de Nivelación de Aprendizajes que pretende que todos los escolares puedan leer 50 palabras por minuto, que es el mínimo. Es un lanzamiento al fracaso si seguimos promoviendo niños sin que sepan o tengan los contenidos mínimos en lectoescritura.
El Programa pasa por profesionalización a maestros y capacitación técnica, materiales y seguimiento. La idea es recuperar a los estudiantes en 16 semanas de forma intensiva, con evidencia científica, de manera sistemática y contundente.
¿Y la tercera?
La institucionalidad. Es importante hablar de la recuperación de la rectoría del Ministerio. Encontramos, incluso desde las direcciones departamentales y diferentes espacios, decisiones arbitrarias que no iban en la línea de mejorar la calidad educativa nacional.
¿De qué manera se puede solucionar?
Estamos tomando acciones inmediatas. La primera son los nuevos directores departamentales seleccionados. Otra, es el banco de datos provisional para contratación de docentes 021. Esto es importante porque vimos que muchas veces se escogían a los maestros con técnicas que no respondían a la transparencia y meritocracia. Ahora regresamos al mérito, transparencia y a una selección objetiva, y no más arbitraria.
¿Cuántos docentes registra el banco?
Tenemos 52 mil y estamos en proceso de contratar de ellos a 3 mil 500.
¿Cómo se enmarca en esto el reglamento para la contratación de maestros 011 por oposición que se publicó recientemente en el diario oficial?
Justamente, va en esa línea, retomar la rectoría del Ministerio y empezar a hacer las cosas como se deben, por mérito, de forma transparente, por capacidad y experiencia, que es lo que necesita el sistema educativo.
¿Fue correcto eliminar el seguro médico escolar?
Hicimos lo correcto, cortar de tajo un negocio que a todas luces no daba garantías de calidad y precios. Se creó el nuevo programa en articulación con el Ministerio de Salud. Este es mejor por varias razones; entre ellas, atiende accidentes, enfermedades y tiene un centro de llamadas para emergencias.
Hasta el 4 de junio se registraron 150 mil llamadas y 101 mil estudiantes atendidos con medicamentos gratuitos y muchos con atención en hospitales. Está funcionando muy bien y hay una curva de aprendizaje que nos permite ir mejorando día a día.
¿Viene algo nuevo?
Hay un proyecto con el Ministerio de Salud de contratar enfermeras para que atiendan directamente a los niños. Eso lo que garantiza es entrar al tema de salud preventiva, auditiva, visual, desparasitación, vacunación, medida de talla y peso.
Es decir, que hay un acompañamiento más directo, según las edades que tengan. Hemos tenido que atender, lamentablemente, más de 100 niños con servicios funerarios. Eso se hace con un traslado financiero desde el Ministerio de Educación. La transferencia ahora va a los padres de familia para dejarlos en libertad de cómo quieren manejar su duelo.
Hablemos del pacto colectivo con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). ¿Por qué es importante transparentar la negociación?
Desde el primer día de la negociación hemos solicitado levantar la confidencialidad del proyecto en línea con nuestro compromiso con la transparencia y rendición de cuentas. Ante la negativa del STEG, el Presidente de la República planteó una opinión consultiva ante la Corte de Constitucionalidad para conocer los alcances del Artículo 30 de la Constitución en el borrador del pacto colectivo.
Estamos a la espera de la resolución de las cortes ante este recurso y otros planteados por ciudadanos. Estamos firmemente comprometidos con mejorar las condiciones laborales de los maestros, pero siempre dentro de un marco de responsabilidad administrativa, legal y financiera. Y sin comprometer la integridad y autonomía del Mineduc y sin favorecer intereses individuales.
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Diputados defienden la elección de magistrados titulares de la CSJ
Recuperar la confianza en la justicia es uno de los retos de los nuevos integrantes de la alta Corte,
de acuerdo con parlamentarios, analistas y sectores de la sociedad civil
Como una Corte Suprema de Justicia (CSJ) equilibrada y un proceso de elección transparente y democrático calificaron ayer diputados la designación de los 13 nuevos magistrados titulares de la alta instancia judicial, que tomarán posesión el 13 de octubre, para el período 2024-2029.
“Es una Corte balanceada, no es perfecta, pero no es totalmente mala. Fueron votados por la mayor parte de todas las bancadas y eso significa que no hay una aplanadora en el Legislativo, sino más bien un consenso de regresar la justicia al lugar que le corresponde”, afirmó Laura Marroquín, parlamentaria electa por Semilla.
Raúl Barrera, legisladora oficialista, comentó en sus redes sociales que el jefe de bancada, Samuel Pérez, lideró una negociación feroz para elegir una Corte aceptable, que detenga la persecución política. “El resultado no es óptimo y no podía serlo, pero es distinto a lo que hay”, remarcó.
Luego de la elección, Barrera dijo en el Palacio Legislativo, sin mencionar nombres, que la mayoría de los magistrados electos tiene el beneficio de la duda, con excepción de dos o tres. “Sí hay varios magistrados con un buen perfil que pueden oxigenar el sistema de justicia”, afirmó a los medios de comunicación.
Nery Ramos, presidente de ese organismo del Estado, aseguró que la renovación de los magistrados fue un proceso abierto, transparente, democrático y representativo de ese Organismo de Estado. “Guatemala merece paz, estabilidad, gobernabilidad y una buena gobernanza”, indicó en sus redes sociales.
El Parlamento se declaró en sesión permanente y convocó a una nueva sesión el próximo martes, a las 10:00 horas, para elegir a los integrantes de las Cortes de Apelaciones.
Llamado del Gobierno
El mandatario Bernardo Arévalo indicó en su cuenta de X que cada diputado debe asumir la responsabilidad de su voto. “En las manos de la nueva CSJ está cumplir con el compromiso que el pueblo de Guatemala exige: recuperar la confianza en la justicia, respeto a los derechos humanos y el combate frontal contra la impunidad”, remarcó el jefe de Estado.
Agregó que “más allá de especulaciones, necesitamos ver su vocación por la justicia en hechos concretos. Nunca más Cortes que no estén al servicio de la democracia, el Estado de derecho y la construcción de un mejor futuro”.
Compromiso
Luego de ser juramentados los nuevos magistrados de la CSJ, nombraron a Carlos Lucero para dar declaraciones a la prensa, en nombre de ellos.
“Fue un proceso democrático, se buscaron los consensos correspondientes para que tengan una institución apegada a derecho, buscando el equilibrio, justicia y equidad”, afirmó Lucero durante una conferencia de prensa.
Luego comentó que sus colegas están comprometidos a ofrecer una justicia pronta, cumplida y a buscar el equilibrio entre los poderes del Estado, para que la justicia ya no tenga ese cuestionamiento “de que va para acá y allá, sino que todos estamos satisfechos”.
Habla sociedad civil
Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, consideró que, en términos generales, el mayor peso en la integración de la nueva Corte se lo llevan aspirantes grises. Sin embargo, manifestó que les daban la oportunidad de demostrar su compromiso con una justicia independiente.
“Siempre les damos el beneficio de la duda a todos los magistrados que asumen, porque hemos tenido muchos casos en donde hay personas que han llegado por tener cercanía con políticos o con algunos operadores y luego marcan una notoria diferencia o distancia con estos personajes que los ayudaron, y su quehacer se ha marcado por tener un buen desempeño”, agregó Fuentes.
Destacó varios hechos del proceso que consideró positivos. Entre estos, que el Congreso haya hecho la convocatoria y elección en el tiempo que corresponde, que varios de los electos han tenido una carrera dentro del Organismo Judicial y carecen de señalamientos serios, así como la inclusión de varias mujeres (cinco), entre otros.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, indicó que “evidentemente la conformación de la Corte no va a satisfacer todas las expectativas, porque hay corrientes de opinión, en la sociedad guatemalteca, totalmente contrapuestas”.
“En este caso, lo que resaltaría es que si bien no se llenan todas las expectativas de un cambio absoluto, y en la corriente política que imperaba en ella desde 2014, sí hay una importante depuración de magistrados muy cuestionados que han hecho mucho daño al país, que fueron realmente depurados en la comisión de postulación”, añadió.
Ibarra consideró que el Legislativo debió haberle dado seguimiento a esa depuración, “pero los acuerdos no fueron suficientes y lograron colarse, por lo menos, tres profesionales” cuestionados.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), escribió en sus redes sociales que “nueve de los 13 magistrados electos ya estaban negociados en los listados conocidos en el caso Comisiones Paralelas 2020. La pregunta es si algo cambió en cuatro años, si cumplirán el juramento a la Constitución y la ley…”.
Bajo la lupa nacional e internacional
El proceso de elección de magistrados a las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA) ha estado bajo la lupa de la comunidad nacional e internacional, que desde el principio instaron a las comisiones de postulación a designar candidatos probos e hicieron un llamado al Congreso de la República a elegir profesionales independientes y comprometidos con la nación.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una de las entidades que ha manifestado su preocupación, debido al deterioro que vive el sistema judicial, “reflejado en los casos de persecución política contra periodistas, fiscales y activistas”. De acuerdo con este foro regional, al que se le han sumado organizaciones como Impunity Watch o Human Rights Watch (HRW), este proceso es vital para “el rescate del sistema de justicia de Guatemala”.
Entre 2014 y 2019 se llevaron a cabo investigaciones sobre el amaño en las elecciones de Cortes, por medio de la intervención de operadores políticos como exministros y candidatos presidenciales, quienes buscaban colocar a sus allegados en estos puestos.
Luego de la elección de ayer de magistrados a la CSJ en el Congreso, corresponde hacer lo mismo con quienes estarán a cargo de las CA, para lo cual el Legislativo se declaró en sesión permanente y fijó el próximo martes para comenzar a designar a estos jueces.
A un año del inicio de las acciones por preservar el Estado de derecho, el Frente Amplio por la Defensa de la Democracia, conformado por estudiantes de la Universidad de San Carlos (Usac), locatarios del mercado La Reformita y vecinos de la zona 12 capitalina, reconoció ayer el liderazgo de los pueblos indígenas y movimientos civiles que, por más de tres meses, se plantaron frente al Ministerio Público (MP).
Entre el 2 de octubre de 2023 y el 15 de enero de 2024, el MP fue el escenario principal de una manifestación histórica, convocada por siete pueblos ancestrales que exigían la renuncia de la jefa del ente investigador Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como el juez Fredy Orellana, señalados de intentar anular las elecciones que dieron el triunfo al binomio presidencial conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
“Se hace un reconocimiento a los pueblos originarios por los 106 días de resistencia y por estar presentes en favor de la democracia”, declaró Darwin Ramírez, representante estudiantil de la Facultad de Derecho de la Usac.
Los miembros del Frente anunciaron una marcha simbólica, mañana, para conmemorar la fecha, la cual partirá de la univeridad y conectará con el Periférico, a las 15:30 horas. Desde allí, se caminará hacia la calzada Raúl Aguilar Batres y 29 calle de la zona 12, uno de los puntos que fueron bloqueados como medida contra los intentos antidemocráticos del MP.
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Definen ruta para combatir delitos transnacionales
Guatemala y EE. UU. acuerdan acciones para reforzar la seguridad nacional, enfrentar con más firmeza el crimen internacional y erradicar la corrupción
Reforzar las acciones de seguridad interna, combatir delitos transnacionales y enfrentar con fuerza la corrupción acordaron las autoridades de Guatemala y Estados Unidos, en el marco del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, celebrado en esta capital, según una declaración conjunta.
Ambas partes destacaron su voluntad de fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Sistema Penitenciario (SP), así como coordinar esfuerzos contra el narcotráfico, la trata de personas, la migración irregular y la corruptela.
Uno de los principales acuerdos fue el robustecimiento de las instituciones, por medio de la iniciativa Guatemala se Transforma, que se basa en alianzas, buena gobernanza y comunidades seguras.
Esto permitirá consolidar el papel de la PNC en la lucha contra el crimen organizado. Durante la reunión, se discutieron medidas para mejorar el reclutamiento, retención y ascenso de mujeres, indígenas y miembros de la comunidad garífuna en las fuerzas del orden. Además, completar el proceso de certificación del Centro de Rehabilitación y Reintegración Fraijanes 1 por parte de la Asociación Correccional Americana, como un paso hacia el mejoramiento de las condiciones del SP.
Crimen organizado
Los dos gobiernos subrayaron la importancia de la cooperación antinarcótica, lo que permitirá mejorar el control sobre los precursores químicos utilizados para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo. Se espera que la adopción de una normativa más rigurosa fortalezca la capacidad de Guatemala para investigar y controlar este tipo de actividades ilícitas.
Asimismo, se destacó la cooperación a fin de regular la migración, como una medida para evitar que las comunidades en condiciones de movilidad sean víctimas de redes de trata y tráfico ilegal de personas.
Mecanismos más eficaces
En el contexto del combate a la corruptela, se acordó ampliar la cooperación formal con la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), a fin de implementar mecanismos más eficaces para contrarrestar este flagelo en las entidades estatales.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, mencionó que estos esfuerzos se complementan con la modernización de la PNC, lo que permitirá a la institución responder de manera más efectiva a los desafíos de seguridad emergentes.
Herramienta clave
Este encuentro refuerza las relaciones bilaterales entre Guatemala y Estados Unidos y se suma a otras iniciativas diplomáticas recientes, como el Diálogo Económico de Alto Nivel y la Reunión Ministerial sobre Migración y Protección, que permiten a ambos países coordinar sus esfuerzos en seguridad, migración y prosperidad, según el documento.
El analista político Roberto Wagner subrayó la importancia de estas iniciativas, al considerar que posicionan a Guatemala como un líder regional en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
“Estos esfuerzos bilaterales refuerzan la cercanía entre ambos países y permiten el desarrollo de estrategias conjuntas que benefician no solo a Guatemala, sino a toda la región”, afirmó Wagner.
En el evento participaron el subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés), Todd Robinson, y el embajador Tobin John Bradley.
Además, la presidenta en funciones Karin Herrera, el ministro Jiménez y el titular de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, entre otros funcionarios.
