COLUMNAS
En torno a la persuasión y el poder de la imagen (II)
Ricardo Fernández Gracia
Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro
En aquel estado del procedimiento, entró en escena el gremio pamplonés de plateros, argumentando que nadie podía hacer obras de aquel tipo si no estaba examinado, conforme a las ordenanzas vigentes.
Al final, la pieza fue adjudicada, o al menos la cobró Antonio Ripando, ascendiendo su coste a 31 mil 481 reales. Así consta en acta municipal de 28 de julio de 1736, en que se afirma que se hizo con el modelo de Casanova y la ejecución de Ripando, con los fondos que el marqués de Castelfuerte recogió en tierras de Perú para el culto de san Fermín.
También se advierte que, aunque se eligió la traza del aragonés, se acordó poder añadir o quitar ornatos a gusto del ayuntamiento, como se hizo con algunos chicotes del remate y otros detalles. El reconocimiento de la pieza lo hizo, el 12 de julio de 1736, el orfebre Manuel de Osma.
Poco a poco alcanzó prestigio como pintor de retratos en miniatura.
El autor del diseño, conservado en el Archivo Municipal, fue Carlos Casanova (1709-1770), nacido en Ejea de los Caballeros, y formado con el grabador y platero Francisco Zudanel y Luna, en Zaragoza.
Contrajo matrimonio en 1725 con la hija de su maestro, Bárbara Zudanel, y en la capital aragonesa nacieron algunos de sus hijos, entre ellos Francisco, que seguiría los pasos de su padre y fue tallador principal de la Casa de la Moneda de México.
Marchó a Madrid hacia 1740, tras una estancia en Pamplona. En la corte intentó, sin éxito, participar en la oposición para cubrir el puesto de tallador principal de la Casa de la Moneda de Madrid, aunque se reconoció “ser notoria su suficiencia”.
Poco a poco alcanzó prestigio como pintor de retratos en miniatura desde que en 1749 recibiera encargos de la casa real. Fue pintor de Cámara de Fernando VI desde 1750 y académico de mérito de la Real Academia de San Fernando, desde 1754.
Estuvo especialmente dotado para el dibujo, de lo que da buena cuenta su Libro de Ornatos, estampado en la Casa de Juan de Aldaco (San Sebastián 1731-1732), que incluye su propio autorretrato.
Carlos Morales Monzón
Periodista y Profesor Universitario
Con el voto razonado del magistrado Roberto Molina Barreto, la Corte de Constitucionalidad detuvo el trámite del decreto 16-2024 que contiene el reajuste presupuestario.
Los magistrados decidieron otorgar amparo provisional a varias personas que reclaman ilegalidades en el proceso de aprobación.
Por supuesto, no todo está dicho, pues falta esperar el fallo definitivo. Pero mientras tanto, el gobierno no podrá ejecutar ninguno de los proyectos que se contemplan en esa ley.
Los argumentos, que sin ser abogado puede concluirse que son espurios, rayan incluso en lo absurdo. El primer reclamo fue de la diputada Sandra Jovel Polanco, quien alega haber sido afectada en su derecho de interpelar al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
Nada más falaz, porque la interpelación nunca fue anulada, solo se suspendió temporalmente, un proceso con jurisprudencia de la misma Corte de Constitucionalidad. La mejor prueba es que en la mañana del jueves 22 de agosto, las interrogantes de Jovel a Jiménez continuaron en el hemiciclo parlamentario.
En realidad, lo que hacen es frenar el crecimiento de la sociedad.
En el fondo, lo que sucede es que hay un grupo de diputados de oposición que pretende fastidiar al gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Ellos piensan que frenando el reajuste presupuestario van a tirar por la borda todo el trabajo que los gobernantes realizan para promover el bien común y el desarrollo social.
En realidad, lo que hacen es frenar el crecimiento de la sociedad en términos de infraestructura, educación, salud y, sobre todo, bienestar. Pero eso no les importa, pues no les ha importado nunca. Lo único que les importa es mantener el statu quo, que implica la cooptación del poder para seguir haciendo negocios que solo llenan sus bolsillos pero empobrecen más a los guatemaltecos.
Si la Corte de Constitucionalidad se mantiene firme en su decisión y termina otorgando el amparo definitivo a los interponentes de las acciones jurídicas, lo que hará en realidad es echar a perder la posibilidad de que los guatemaltecos de menores recursos se vean beneficiados con la inversión de poco más de Q14 mil 400 millones que terminarán perdidos en el fondo común.
Y es que ese dinero ya está allí disponible para ser invertido. No se deben hacer esfuerzos de ningún tipo para conseguirlos y solo se les está dando un destino social para promover desarrollo. Pero los enemigos de la patria no se detienen en sus acciones para evitar que eso suceda y ellos sigan siendo los únicos beneficiados, como
siempre.
Rodolfo Zelada
Periodista
Las publicaciones de Diario de Centro América sobre las intimidades de la negociación de un pacto colectivo entre autoridades del Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) dejan al descubierto las razones por las cuales los sindicalistas defendían a capa y espada que nada de ello saliera a luz pública.
Amparados en el secretismo, los líderes, si es que puede llamárseles así, del STEG buscan tener injerencia o poder de decisión en cuestiones administrativas, mismas que por mandato constitucional corresponden única y exclusivamente a la cartera.
Esto evidencia que la ambición por perpetuarse en el poder por parte de estas personas no tiene límites.
Pareciera que lo que disfrazan como negociación de un pacto colectivo de condiciones laborales va más encaminado a violar la Constitución Política de la República de Guatemala, toda vez que el inciso f, del artículo 194 de la Carta Magna, determina que corresponde a la autoridad de la cartera “dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio”. O lo que es lo mismo, NO se puede delegar la función pública, como también lo establece el artículo 154.
Falta ver qué es lo que proponen en cuanto a incrementos salariales.
De acuerdo con las actas de la supuesta negociación divulgadas por este matutino, en la propuesta de redacción aparece la condicionante “en coordinación con el STEG”, aspecto rechazado por la ministra de Educación, Anabella Giracca, quien instruyó a los delegados de la parte patronal para que se excluya dicha frase. Los sindicalistas defienden sus intenciones argumentando que “coordinación no es lo mismo que delegación”.
Pero el solo hecho de hacer ese juego de palabras hace pensar que entre los beneficios laborales que podrían estar negociando, también buscan allanar el camino para asaltar el poder. Y es que los sindicalistas quieren tener potestad en la aprobación de programas de capacitación o sobre los profesionales que impartirán los mismos, cuando ello es responsabilidad exclusiva del Mineduc.
Además, entre las actas hechas públicas entre ayer y hoy, se establece que el STEG logró que dicha agrupación pueda mantener la hegemonía de la “negociación de los pactos colectivos y otros de interés de ese gremio”, toda vez que, en la actualidad, es la que cuenta con el mayor número de afiliados a nivel nacional, de acuerdo con registros y constancias del Ministerio de Trabajo.
Con lo evidenciado por Diario de Centro América puede establecerse que esta negociación no debe ser más un secreto, porque están en juego los recursos del Estado, por lo que no es correcto ni ético; por el contrario, debe ser público y transparente, como en toda sociedad democrática, por la que supuestamente abogaba el STEG antes de que sus dirigentes se perpetuaran en el poder y que ahora se niegan a perder los beneficios sindicales, además de pretender que sus tentáculos lleguen hasta la toma de decisiones administrativas.
Falta ver qué es lo que proponen en cuanto a los incrementos salariales, reclasificación de puestos de trabajo o bien que los maestros contratados bajo el renglón 029 puedan ser trasladados a espacios presupuestarios que les permitan gozar de beneficios como el Seguro Social o acumular tiempo para algún día alcanzar la jubilación y retirarse a gozar de tiempo con sus familias, no como algunos otros que ya son eternos, aunque en lugar de enaltecer y buscar beneficios para el gremio, se centren únicamente en intereses personales.
Pablo Allard Serrano
Facultad de Arquitectura y Arte
Se ha hablado mucho de las razones, errores y responsabilidades involucradas en el megaapagón del 1 de agosto, pero esta crisis abre la oportunidad de pensar en el futuro de estas infraestructuras, y las soluciones que nos ofrece la tecnología para que podamos contar con ciudades más preparadas y resilientes en el futuro.
El cambio climático tiene mucho que ver con lo que vivimos. Pero la solución no viene de la naturaleza. Muchos árboles cayeron por razones que no tienen que ver con la red eléctrica, sino por su mal estado de conservación, lo que pone en relevancia avanzar en la Ley de Arbolado Urbano, que apunta a precisar responsabilidades y regular vacíos en cuanto a su cuidado. El soterramiento de las redes tampoco es la panacea, es muy costoso.
Aunque parezca una paradoja, el futuro viene por la electrificación y el llamado internet de las cosas, con cinco avances tecnológicos que debemos incorporar a la red de distribución a la brevedad: los medidores inteligentes, la generación distribuida, baterías domésticas, almacenamiento local e inteligencia artificial.
Muchos árboles cayeron por razones que no tienen que ver con la red eléctrica.
Si nuestra ciudad hubiese contado con medidores remotos o inteligentes con wifi, estos son capaces de detectar la falla y reportarla en tiempo real, al tiempo que permiten aislar la zona afectada, reponiendo el servicio en el resto de la red que no esté dañada.
Hace más de 10 años que podríamos contar con estos medidores en Chile, pero la polémica generada por una mala regulación respecto a la propiedad y pago de estos equipos hizo imposible su masificación.
Con los medidores inteligentes funcionando se habilitaría otra nueva tecnología, la generación distribuida, que permite que hogares o empresas que cuenten con paneles solares puedan entregar o vender su excedente de energía a la red.
Si a esto sumamos la reciente Ley 21.505, que promueve el almacenamiento de energía y la electromovilidad, muchos hogares en el futuro contarán con baterías domésticas que se activarán al momento de un apagón.
La nueva ley también permitirá que las empresas de distribución localicen estratégicamente sistemas de baterías distritales en el corazón de cada barrio, y que con sistemas de inteligencia artificial puedan predecir la oferta y la demanda de electricidad.
Finalmente, la aplicación de drones con IA permitirán escanear imágenes de cables eléctricos, torres de alta tensión y subestaciones, identificando cuándo los árboles crecen demasiado cerca de las líneas eléctricas, evitando cortes de energía y reduciendo riesgos.
