Carlos Morales Monzón
Periodista y Profesor Universitario
Con el voto razonado del magistrado Roberto Molina Barreto, la Corte de Constitucionalidad detuvo el trámite del decreto 16-2024 que contiene el reajuste presupuestario.
Los magistrados decidieron otorgar amparo provisional a varias personas que reclaman ilegalidades en el proceso de aprobación.
Por supuesto, no todo está dicho, pues falta esperar el fallo definitivo. Pero mientras tanto, el gobierno no podrá ejecutar ninguno de los proyectos que se contemplan en esa ley.
Los argumentos, que sin ser abogado puede concluirse que son espurios, rayan incluso en lo absurdo. El primer reclamo fue de la diputada Sandra Jovel Polanco, quien alega haber sido afectada en su derecho de interpelar al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
Nada más falaz, porque la interpelación nunca fue anulada, solo se suspendió temporalmente, un proceso con jurisprudencia de la misma Corte de Constitucionalidad. La mejor prueba es que en la mañana del jueves 22 de agosto, las interrogantes de Jovel a Jiménez continuaron en el hemiciclo parlamentario.
En realidad, lo que hacen es frenar el crecimiento de la sociedad.
En el fondo, lo que sucede es que hay un grupo de diputados de oposición que pretende fastidiar al gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Ellos piensan que frenando el reajuste presupuestario van a tirar por la borda todo el trabajo que los gobernantes realizan para promover el bien común y el desarrollo social.
En realidad, lo que hacen es frenar el crecimiento de la sociedad en términos de infraestructura, educación, salud y, sobre todo, bienestar. Pero eso no les importa, pues no les ha importado nunca. Lo único que les importa es mantener el statu quo, que implica la cooptación del poder para seguir haciendo negocios que solo llenan sus bolsillos pero empobrecen más a los guatemaltecos.
Si la Corte de Constitucionalidad se mantiene firme en su decisión y termina otorgando el amparo definitivo a los interponentes de las acciones jurídicas, lo que hará en realidad es echar a perder la posibilidad de que los guatemaltecos de menores recursos se vean beneficiados con la inversión de poco más de Q14 mil 400 millones que terminarán perdidos en el fondo común.
Y es que ese dinero ya está allí disponible para ser invertido. No se deben hacer esfuerzos de ningún tipo para conseguirlos y solo se les está dando un destino social para promover desarrollo. Pero los enemigos de la patria no se detienen en sus acciones para evitar que eso suceda y ellos sigan siendo los únicos beneficiados, como
siempre.
