COLUMNAS
El despilfarro millonario en centros VIP
Son demasiados los millones que se utilizan para sostener los centros de detención VIP, millones que bien podrían utilizarse para múltiples otros menesteres que bien los necesitan tales como –dejando a un lado niños y enfermos– la construcción de la prisión de máxima seguridad, nunca construida.
Además de los millones que se gastan, resulta inconveniente tener en los mismos lugares a detenidos que en una u otra forma tenderán a asociarse, conspirar y hacer negocios, cuando lo más conveniente sería su aislamiento en sus propias casas, sujetos al régimen severo que decida el juzgador, no teléfonos, visitas restringidas, comprobaciones dactilares, etcétera.
La prisión preventiva está contemplada como una excepción y no como regla y debe utilizarse, en consecuencia, única y exclusivamente, en aquellos casos en los que la ley prohíbe que se den medidas sustitutivas (asesinatos, secuestros, narcotráfico, extorsiones, etcétera) o bien, si no las prohíbe, que exista peligro de fuga o de obstrucción de justicia, peligro que, en todo caso, debe probar la acusación.
Parece mentira que a estas alturas del avance tecnológico desconozcan nuestras autoridades que existen los brazaletes y que desconozcan sus propiedades, su confiabilidad y cuanto preciso para que puedan implementarse con la seguridad precisa.
La prisión preventiva utilizada como una forma de evidenciar una eficiencia que no existe no es un fenómeno de estos días, sino un mal inveterado a lo largo de nuestra historia y existiendo entre nosotros una Comisión Internacional contra la impunidad, CICIG, no resulta razonable que habiendo estado ya doce años entre nosotros haya sido incapaz de coadyuvar para que la viciosa práctica logre superarse.
La lucha en contra del crimen organizado y de la corrupción, en general, debe libarse haciendo uso de los mejores instrumentos para hacerlo, uno de ellos, quizá el mejor, la extinción de dominio, institución que golpea al crimen donde le duele y lo desarticula, el dinero.
Crimen organizado, sin dinero: sus días contados.
El Ministerio Público pueda ayudar a que el Estado no despilfarre sus recursos procurando la eliminación de los centros de detención VIP y descongestionando los centros de detención en general, limitada la petición de prisión preventiva para los graves delitos para los cuales no permite la ley el uso de medidas sustitutivas y también para descongestionar los tribunales de justicia, utilizando el criterio de oportunidad, el procedimiento abreviado y la suspensión de la persecución, así como la suya y la propia, con el estímulo de la conversión.
Debe en todo momento recordar el Ministerio Público que lo penal es la última ratio del Derecho y que debe llegar tan solo cuando todo lo otro falla, no debiendo confundirse lo que son las infracciones administrativas con faltas y delitos.
En el caso último de los empresarios. ¿No es acaso el estado de necesidad una eximente? Peligrosísima la acusación penal ajena al criterio de objetividad que debe de regirla.
En lo que respecta al Sistema Penitenciario más severo, el que contempla el cumplimiento de las penas, la intervención del Ministerio Público se hace necesaria, velando por el estricto cumplimiento de las leyes –todas– específicamente, las penitenciarias y persiguiendo a sus infractores, consciente de que toda persecución penal será frustrante si obtenido el éxito en la misma se estrella con un Sistema Penitenciario que, en vez de rehabilitar, envilece, sistema que incluye el trabajo, incluso obligatorio, siempre y cuando no menoscabe la dignidad del reo: auto sostenimiento de las prisiones.
La prisión preventiva tiene como único propósito asegurar la presencia del imputado en el proceso y el no entorpecimiento de las investigaciones y debe evitarse en todo tipo de delitos salvo aquellos en que es obligatoria. Se diferencia de la otra en que en la prisión preventiva los detenidos se presumen inocentes y deben ser tratados como tales, procurando que esta les sea tan poco onerosa, como sea posible.
Debe ser el Ministerio Público en materia penitenciaria el auxiliar vigilante de que se cumplan las normas que permiten la redención de penas y que esta se produzcan puntualmente, satisfechos los requisitos legales para hacerla y, de igual forma –velando por el estricto cumplimiento de las leyes– estricto vigilante de que los reos recuperen su libertad de inmediato, una vez satisfecha su condena.
Los detenidos en sus casas, descongestionado el Sistema Penitenciario cautelar, descongestionados los tribunales de procesos, tendrá más tiempo el Ministerio Público y otro tanto tendrán los tribunales, para atender de mejor forma las investigaciones y procesos.
Cumplir la Constitución y cumplir las leyes jamás llevará a impunidad, sino, antes bien, permitirá que investigaciones y procesos tengan un mayor cuido por parte de los fiscales y facilitará que los procesos lleguen a buen fin, haciendo justicia, momento en el que podrá hablarse –no antes– de la eficiencia de la persecución penal por parte del Ministerio Público.
Lo he dicho varias veces, quizá demasiadas, pero debo repetirlo, una vez más, lo que verdaderamente me interesa, es que llegue quien llegue a la Fiscalía se percate de aciertos y errores de la actual administración, sostenga los primeros y corrija los segundos. Más allá de lo técnico, el Ministerio Público ajustándose estrictamente a la Constitución y demás leyes y cumpliendo fielmente sus funciones –sin politizarse –,puede hacer uno de los mayores aportes políticos para el buen funcionamiento del Estado y la fidelidad de todas las instituciones al cumplimiento de sus fines.
La primera visita que hice como Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público (1991) el propio día en que asumí el cargo, inmediatamente después de asumirlo y antes incluso de saludar al personal, fue al Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro De León Carpio para compartir que, a partir de ese momento, el Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público –Representante del Estado– haría con él causa común, unidos –finalmente– en el mismo fin, la protección del ser humano y la familia, la persecución del bien común, lo único que justifica la existencia del Estado.
Fue un verdadero placer compartir con los demás postulantes en esta aventura para alcanzar la dirección del Ministerio Público, colegas a quienes saludo con respeto, inicio esta aventura de una relación que espero que perdure y se fortalezca día a día.
Llegue quien llegue me permito compartirles lo que fue mi experiencia (1991) el personal encontrado, leal, institucional y confiable, el mejor tesoro de la institución. Exactamente con el mismo personal, otros los alcances.
Fernando Soto,
Director de Fomento de las Artes, Ministerio de Cultura y Deportes
Guatemaltecos, cuyos nombres han trascendido las fronteras de nuestro país por su valor artístico, forman una constelación de estrellas en el firmamento del arte nacional. Nombres como Joaquín Orellana, Carlos Mérida, Efraín Recinos o Miguel Ángel Asturias, son algunas de estas figuras del arte nacional que dan renombre a Guatemala en el universo artístico.
El Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Cultura y Deportes, constitucionalmente tiene la obligación primordial de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional y, anualmente, reconoce a los artistas por medio de la entrega de los Premios por Trayectoria y Aportes al Desarrollo del Arte.
El Estado tiene la obligaciòn de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional.
Marimba, teatro, danza, música, artes visuales y artes circenses son las disciplinas en las que se premia a mujeres y hombres guatemaltecos dedicados al arte nacional, enalteciendo, reconociendo y valorando a las y los guatemaltecos dedicados al quehacer artístico nacional.
Durante el año se entregan los premios a los artistas en cada una de las disciplinas en las que han destacado, contribuyendo al desarrollo del arte, ya sea por medio de la docencia, la proyección de su arte como destacado intérprete, o la labor creadora de obras artísticas, fruto de años de dedicación y esfuerzo, sirviendo como ejemplo a las nuevas generaciones de niños y jóvenes que inician o se están formando en el arte y, a la vez, proyectando su obra creadora a la sociedad guatemalteca, dejando un legado artístico que muestra la grandeza del arte a nivel nacional e internacional.
Educadores que transmiten a las nuevas generaciones su conocimiento y experiencia en las escuelas de arte, conservatorios o academias comunitarias que existen en el territorio nacional; dramaturgos, compositores y coreógrafos que plasman en su obra historias y vidas, paisajes sonoros, lenguajes corporales cadenciosos con el fin de transmitir una idea, un momento, un mensaje, un recuerdo o una realidad; músicos, actrices y actores, bailarinas y bailarines, escultores y pintores, payasos, acróbatas y magos que han dejado su vida en las tablas, en teatros, en galerías, en parques, iglesias, edificios, en festivales o en donde se pueda hacer un escenario o montar una exposición y presentar ante un público diverso y colorido el fruto de la obra creadora
individual o colectiva.
Mientras sigamos reconociendo y valorando a nuestros artistas, seguiremos llenando de estrellas el firmamento artístico de nuestra Guatemala.
El Informe sobre Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial destaca las principales amenazas que enfrentará el mundo. Entre las más urgentes para los próximos dos años se encuentran la desinformación, los fenómenos meteorológicos extremos, la polarización social, ciberataques y los conflictos armados.
La desinformación, entendida como información falsa difundida sin intención y como aquella creada deliberadamente para engañar, destaca como una de las amenazas más preocupantes. Dentro de este fenómeno, se incluyen las deepfakes: videos o audios generados con inteligencia artificial que imitan a personas reales diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron.
No se trata solo de una amenaza tecnológica, sino también de un reto cultural.
Estas herramientas, que utilizan modelos de aprendizaje profundo para crear contenido casi indistinguible de la realidad, están ahora al alcance de cualquiera con acceso a un software básico, convirtiéndose en una poderosa arma de manipulación.
En un país como Guatemala, donde persiste la polarización política y la desconfianza en las instituciones, las deepfakes representan un riesgo enorme.
La rapidez con la que se difunde la información a través de plataformas como Facebook, WhatsApp o TikTok, sumada a la tendencia de la población a consumir información superficial sin verificarla, crea un terreno fértil para el éxito de este tipo de
manipulaciones.
Crear un deepfake no requiere de equipos sofisticados; basta con programas accesibles y suficiente material visual de la persona que se desea imitar. Casi cualquiera con intenciones maliciosas puede producir contenido para difamar a figuras públicas, marcas o influir en decisiones políticas y sociales. En un país donde muchos ciudadanos se quedan en la superficie de lo que ven o escuchan, las consecuencias pueden ser tremendas.
Vivimos en una era de sobrecarga de información y contenido instantáneo, donde la veracidad de los hechos importa menos que las emociones que estos generan.
Campañas de desprestigio y contenidos falsos no solo capturan la atención del público y manipulan sus percepciones, sino que también distorsionan la verdad y alimentan la polarización social, aumentando el clima de desconfianza.
A nivel global, estudios como los del MIT han demostrado que las noticias falsas y los deepfakes, se difunden más rápido y llegan más lejos que las noticias verdaderas, especialmente en el ámbito político. Esto se debe a su novedad, apariencia y a su capacidad de generar emociones fuertes como miedo, disgusto y sorpresa, haciéndolas más propensas a ser compartidas en redes sociales.
No se trata solo de una amenaza tecnológica, sino también de un reto cultural. Las redes sociales, que surgieron como espacios para la libre expresión, hoy pueden adormecer el razonamiento crítico, convirtiendo a los usuarios en presa fácil de la manipulación. En lugar de profundizar y cuestionar, muchos se quedan en la superficie de los titulares y contenidos virales, adoptando posturas emocionales antes que basadas en hechos.
Como ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad ante esta amenaza. No debemos consumir toda la información que nos llega sin cuestionarla. Necesitamos practicar un escepticismo saludable, fomentar la alfabetización mediática, la cultura de verificación y análisis crítico educándonos para identificar y combatir la desinformación.
Si no aprendemos a discernir entre la verdad y la manipulación, seguiremos siendo vulnerables y presas fáciles. Solo con una ciudadanía informada y crítica podremos proteger nuestro derecho a tomar decisiones .
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas
CONADI, Guatemala.
En Guatemala, se estima que 1,025,465 personas viven con al menos una dificultad, lo que equivale al 9.53% de la población total. Durante muchos años, las personas con discapacidad en nuestras comunidades han sido olvidadas y excluidas de diversos ámbitos sociales.
Este es un tema de preocupación para el Comité de Expertos de las Naciones Unidas, que, desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Guatemala, ha emitido 83 observaciones y recomendaciones al Estado guatemalteco.
Las OMD representan el enlace entre las personas con discapacidad y las entidades municipales.
Para cumplir con estas recomendaciones el CONADI, cuenta con el Departamento de Servicio Nacional de Discapacidad. A través de sus delegados departamentales trabaja con organizaciones e instituciones dedicadas a las personas con discapacidad.
El objetivo es influir en la voluntad política de las autoridades para que integren la temática de discapacidad en los Planes, Programas, Proyectos y Políticas municipales.
En seguimiento a este mandato, CONADI colabora activamente en la Comisión Departamental de Discapacidad (CODEDIS) y con la Comisión Municipal de Discapacidad (COMUDIS); y a partir de la publicación del Acuerdo Gubernativo 137-23024, el pasado 2 de septiembre en el Diario Oficial, el CONADI podrá participar con voz y voto en los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (CODEDES).
Estos esfuerzos buscan fomentar la participación ciudadana y crear espacios específicos para la instalación de Oficinas Municipales de Discapacidad en los municipios del país.
Hasta la fecha, se han establecido 131 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) y 2 Direcciones Municipales de Discapacidad (DMD), que sirven como enlace directo entre las personas con discapacidad y sus familias en cada municipio.
Las aperturas más recientes incluyen las oficinas de Santa Catarina Mita, Jutiapa; Melchor de Mencos, Petén; Samayac, Suchitepéquez, San Rafael las Flores, Santa Rosa; Olopa y Quezaltepeque en Chiquimula; así como en Jocotenango y Pastores en Sacatepéquez.
