EDITORIALES
Diputados destraban agenda y envían buenas señales
No y no. Ni se deroga ni se aprueban objeciones. Así de claras y contundentes fueron las respuestas de los congresistas a los requerimientos de la oposición. El primer rechazo fue contra un intento de derogar el acuerdo que creó la instancia que vela por contrarrestar los ataques contra los defensores de los derechos humanos. El segundo, mandó al congelador un intento por evitar que el presidente Bernardo Arévalo sancionara el reajuste de la inversión de 2024.
Para los entendidos, los hechos son mucho más que simples negativas y marcan la fortaleza de un bloque que, de momento, ha ganado los últimos pulsos en el Parlamento.
La medición de fuerzas comenzó el 13 de agosto pasado. Ese día, 111 diputados aprobaron, de urgencia nacional, ampliar el presupuesto de 2024. El 18 del citado mes, la Corte de Constitucionalidad sale en defensa del grupo perdedor y suspende lo decretado por el Legislativo. En respuesta, el 27 del mes pasado, con 114 votos vuelve a pasar la iniciativa del Gobierno y, al mejor estilo del grupo Queen, la oposición continúa mordiendo el polvo.
El Organismo Legislativo pareciera pasar por un momento de contrición. Aunque falta mucho, las primeras acciones de arrepentimiento son esperanzadoras. Además, se debe reconocer que ese proceso llega en un momento clave de la historia. Solo hay que imaginar que los consensos permanezcan cuando toque elegir a los magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las de Apelaciones y los parlamentarios manden a su casa a esos fiscales, jueces y magistrados que tanto daño le han hecho al país.
Entonces, se vale soñar. Sobre todo porque la agenda legislativa, que por ahora está destrabada, contiene proyectos que pueden marcar un hito en la historia nacional. Las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), por ejemplo, vendrían a terminar con la perniciosa cooptación que mantiene un grupo de corruptos sobre el mal llamado sistema de justicia.
El proyecto de presupuesto 2025 es otra propuesta que le quita el sueño a las mafias, sobre todo porque evita la corrupción y la entrega festiva de contratos. De momento, el Congreso
cambia y la historia del país también.
No fue casual. Es claro que hubo una coincidencia de pensamientos. Exactamente en dos puntos, aunque compartieron una tercera visión: crear instituciones decentes. La clave es, parafraseando el Himno Nacional, evitar que los corruptos sigan escupiendo en la faz a Guatemala. Con absoluto descaro y total impunidad.
Lo cierto es que la conmemoración de la independencia de España permitió a los presidentes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial hacer sus reflexiones sobre el pasado, presente y futuro del país. Aunque
pareciera algo obvio, por la gesta ocurrida en 1821, los continuos llamados a la independencia de los Poderes del Estado no fueron casuales. Tenían un propósito y varios destinatarios.
Lo mismo sucedió con las exhortativas compartidas para que se impulse una elección de Cortes decentes, alejadas del grupo de mafiosos que logró cooptar el sistema de justicia, con el cual se garantiza inmunidad, pese a la dimensión de sus saqueos.
En ese marco, llamaron la atención las palabras del máximo jefe del Organismo Judicial (OJ), Oscar Cruz, el único de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no busca ser reelecto en el cargo. Integrar el OJ es un gran reto y un gran desafío.
Él como la mayoría de guatemaltecos, entiende el énfasis, y lo complicado que se presenta el panorama para garantizar tribunales imparciales. Que persigan los crímenes, no las ideas.
Un régimen republicano. Democrático. Representativo, fueron los términos priorizados por Nery Ramos, presidente del Parlamento, para quien la independencia, soberanía y libertad son tesoros invaluables, aunque, de momento, incompletos. Mancillados por fiscales, jueces y magistrados que se niegan a depurarse.
El evento habría sido desaprovechado si no se reiteran las exigencias de los guatemaltecos en torno a romper los lazos de corrupción. En este combate, el referente es el jefe de Estado, Bernardo Arévalo, para quien el robo es la antítesis de la independencia. El que mantiene las viejas y duras cadenas. Que, de momento, impiden que ondee libre al viento la hermosa bandera.
En 1992, cuando protagonizó Perfume de mujer, una de sus películas más emblemáticas, Al Pacino pronuncia un discurso extraordinario. En síntesis, el actor habla de integridad. Enfatiza que los “líderes deberían estar hechos de eso”, aunque está conciente de que no es así.
“Es demasiado duro llegar a la escrucijada y elegir el camino correcto”, reflexionó el actor, quien ganó el Oscar por su papel del coronel Slater. Sobra decir que muchos de nuestros dirigentes políticos, empresariales, sindicales, sociales o del sistema de justicia han elegido la ruta incorrecta en el manejo de las finanzas públicas o en el ejercicio del poder.
El saqueo de los impuestos que recientemente evidenció la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) permitió que se hicieran comparaciones matemáticas en las que se dimensiona lo que el Estado pudo adquirir con esos 300 millones de quetzales robados. Cinco millones de menús de pollo frito, que alcanzaría para uno de cada tres guatemaltecos. Ciento treinta y seis apartamentos de lujo o 488 Ferrari modelo 2016 (Plaza Pública, 14 de agosto de 2024). Son algunas equiparaciones.
Pero conviene quedarnos con este dato: con lo hurtado en impuestos se habría comprado 337 mil 636 canastas básicas, con lo cual se pudo alimentar a 28 mil 136 familias por un año. Claro, se necesitaba integridad, vergüenza, probidad, de lo que carecieron los gobernantes anteriores.
Aquí radica la importancia de la cruzada nacional por la nutrición emprendida por el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, junto al ministros y viceministros de la cartera de Agricultura, que ayer llegó a Quiché.
De acuerdo con información oficial, de enero a agosto de 2024 se han entregado 364 mil 289 raciones de alimentos en todo el país. De esta forma se comienza a saldar la deuda que se tiene con las comunidades más necesitadas. Sin duda, falta mucho. Nadie ignora que la meta es ambiciosa.
Pero se puede, sobre todo si se tiene integridad. Si los impuestos se utilizan para servir y no para enriquecerse. Este Gabinete se enfrenta a la encrucijada de su vida, pero confiemos en que optará por el camino correcto. Por la decencia. Por los guatemaltecos.
Contundente combate de la delincuencia. Efectiva protección de los derechos ciudadanos. Abordaje estratégico de las extorsiones. Ese es parte del camino marcado por el Gobierno en su plan de seguridad ciudadana 2024-2028. En este tema no se puede ni se debe improvisar. Hay que saber qué se quiere, para tomar la ruta correcta. En esta materia, los resultados se cuentan en vidas y bienes.
La graduación de los 366 agentes que integran el Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE), unidad especializada creada por las actuales autoridades, es otra muestra del conocimiento que se tiene sobre el tema. De saber lo que se quiere. La evidente necesidad de fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil (PNC) es un déficit que había que enfrentar con prontitud.
Hoy, basta revisar las cifras para ver las mejoras. Este año se lleva registrada la segunda tasa de homicidios más baja de los últimos tres lustros (16 muertes por cada 100 mil habitantes), solo superada por las cifras de 2020 (15.2), cuando el Covid-19 obligó al encierro y a restringir la movilidad.
Similares resultados se reflejan en la batalla al narcotráfico. Más decomisos de cocaína. Más detenidos y mayores cantidades de dinero incautados. Las cifras están ahí, a la vista de todos.
En este orden de ideas, conviene abrir un capítulo especial para las extorsiones. Para ello, vale volver a revisar el Plan de Gobierno. Retomar la autoridad de los centros penitenciarios, cuna de las coacciones y escuela de chantajes a personas y empresas. Esa es la misión, el norte. Poco a poco, se avanza en los objetivos. Recobrar el orden y dominio de la cárcel El Infiernito, en junio de 2024, refleja que no hay cabida para las ocurrencias.
En esa planificación se incluye construir una cárcel de máxima seguridad, donde se recluya a la crema y nata de la criminalidad y principales responsables del constante luto que sufren los hogares guatemaltecos.
Seguridad democrática, titula la estrategia operativa del equipo que lideran el presidente Bernardo Arévalo, la vicemandataria Karin Herrera y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, un grupo que ha demostrado que para ejercer el poder basta la capacidad, la decencia y el respeto del Estado de derecho.
