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EDITORIALES

Decisión que cambiará el sistema penal

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La determinación del Gobierno de aplicar el control telemático en el Sistema Penitenciario deja muchas reflexiones por las implicaciones que la medida tendrá en el país.

En primer lugar, es una acción que impactará positivamente en la modernización del Sector Justicia. Además, es una disposición de fondo para combatir el inhumano hacinamiento en los presidios y que, a la vez, respeta los derechos humanos de los detenidos que no representan un riesgo social.

Conviene advertir que, según la información, entre los posibles beneficiarios no figuran criminales vinculados con delitos de alto impacto. La participación de otro Poder del Estado evita la discrecionalidad y deja en manos del Organismo Judicial (OJ), donde se han desarrollado los procesos contra los condenados, la selección de quienes pueden optar y merecer la libertad vigilada.

La eficiencia es otro elemento que se debe valorar, puesto que, como ampliamente explicaron las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob), el procedimiento es infalible, porque permite observar en tiempo real la ubicación y actividad del reo. El programa, incluso, considera a quienes no tienen la capacidad económica de acceder al sistema, pese a llenar los requisitos.

En fin, estamos frente a un hecho que marcará un hito en la historia penal de Guatemala y, por supuesto, ante otra prueba fehaciente de la valentía de unas autoridades que asumieron el reto que otras administraciones habían obviado.

“Han transcurrido siete años desde la publicación de la legislación y finalmente se logra concretar este proceso como un logro del Gobierno”, citó un complacido ministro del Interior, consciente de los alcances de lo realizado.

Finalmente, es preciso resaltar que este aparato es de uso funcional en naciones como Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Suiza, Estados Unidos, Holanda, Colombia y Costa Rica, reconocidas por sus sólidas democracias y estados de derecho.

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EDITORIALES

“Se puede hacer lo que hay que hacer, pero como debe ser”

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La titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), Jazmín de la Vega, dejó una frase que advierte sobre las convicciones del Gabinete de Gobierno.

En el marco de una rendición de cuentas que realizaron cuatro ministros de Estado, a propósito de los primeros 95 días de gestión, la funcionaria resumió las directrices que han recibido por parte del presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera: “Hacer lo que hay que hacer, pero como debe ser”.

Lo cierto es que el evento, organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala, permitió reiterar los avances en materia de seguridad, finanzas, comunicaciones e infraestructura y economía.

De la Vega recordó la entrega de 11 mil 200 pupitres a 149 escuelas de 17 departamentos, así como las 500 viviendas terminadas, las cuales se lograron pese al desorden en que encontró la institución.

Los logros mostrados por el aludido despacho adquieren un cariz especial, si se toma en cuenta que es una de las carteras que más denuncias penales ha presentado ante el Ministerio Público, debido a los saqueos que se le señalan a la administración de Alejandro Giammattei, aunque las querellas parecen dormir el sueño de los justos en el ente a cargo de la investigación.

Por citar un caso, dijo que entre junio de 2023 y del 1 al 14 de enero recién pasados, el gobierno anterior llevó a cabo ejecuciones irregulares por 2 mil millones de quetzales, desembolsos que coincidieron con los comicios generales y los últimos días de la referida gestión.

El encargado del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez, también tuvo la oportunidad para resaltar algunos esfuerzos para lograr el buen vivir de los guatemaltecos y recuperar los espacios comunitarios y puestos fronterizos.

En el encuentro, Finanzas remarcó que no se aumentarán ni crearán impuestos, porque la recaudación programada alcanza para hacer lo que hay que hacer, como debe ser.

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La elección de cortes debe ser limpia y sin presiones de las mafias

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Revisar nuestro pasado reciente bastaría para coincidir con la opinión del presidente Bernardo Arévalo, cuando afirma que con la elección de jueces y magistrados se pone en juego la democracia guatemalteca.

La impunidad y corrupción desmedidas, que se cometieron durante el gobierno de Alejandro Giammattei, ponen en evidencia un sistema creado para saquear el erario, el cual contó y cuenta con el apoyo de algunos fiscales, jueces y contratistas que facilitaron el actuar de las mafias de cuello blanco y conciencia negra.

Así las cosas, es cierto que la próxima selección de candidatos a dirigir la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones es un proceso fundamental, que debe ser observado por los diferentes liderazgos sociales, a los que les tocará exigir procedimientos que garanticen la independencia y probidad de los llamados a impartir justicia.

Un eventual fracaso en estas nominaciones representaría que sigamos en manos de los criminales, quienes han hundido en la pobreza y el subdesarrollo a una nación que merece otro destino. Por eso no extraña que el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, anunciara ayer que “se vienen grandes casos” de corruptela, los cuales serían denunciados desde los ministerios de Desarrollo Social y Educación.

Estas y otras querellas que se analizan en las carteras de Comunicaciones, Cultura y Agricultura, se sumarían las presentadas por la compra anómala de vacunas Sputnik, las escuelas Bicentenario o las múltiples obras de infraestructura que se pagaron casi en su totalidad, aunque los avances físicos no superan el 40 por ciento.

Insistir, promover y exigir la asunción de magistrados honestos y comprometidos con la justicia es lo mínimo que nos merecemos como sociedad y es la única garantía que tendremos para evitar los asaltos a las finanzas públicas, vía indemnizaciones cuestionadas y otras formas truculentas.

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Giammattei y su gabinete deben rendir cuentas

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Poco a poco, las máscaras de la supuesta decencia empiezan a caer y la verdad comienza a evidenciar el desgobierno de la administración anterior.

Es difícil recordar un día, en los 93 transcurridos en esta nueva gestión, que no se hayan denunciado supuestos asaltos al erario, perpetrados por el equipo que lideraban el exmandatario Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

Las evidencias constatadas en los innumerables casos presentados dejan pocas dudas en cuanto a la corruptela que imperó del 14 de enero de 2020 al 14 de enero de 2024, por lo menos entre una buena parte de la ciudadanía que demanda justicia y castigo.

Lastimosamente, los procesos chocan contra las instituciones llamadas a investigar las querellas, por lo que los responsables de los presuntos malos manejos se mantienen impunes.

En este juego de ideas, ayer el ministro de Salud, Oscar Cordón, afirmó que la acusación que el Organismo Ejecutivo hizo contra Amelia Flores, su antecesora en el cargo, se ampliará a otros integrantes del gabinete de Giammattei, algo que los connacionales reclaman, dadas las sospechas de que los autores intelectuales del fraude cometido en la compra de las vacunas Sputnik
tenían jerarquías superiores a los exencargados de las carteras y secretarías de Estado.

De momento, todo apunta a que la denuncia incluirá a Pedro Brolo, que en su carácter de ministro de Relaciones Exteriores de Giammattei lideró las conversaciones con la empresa rusa
que vendió las Sputnik o contra quien facilitó los recursos para la transacción.

Adicionalmente, en una entrevista con la agencia EFE, el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, comunicó que los desfalcos que se cometieron durante el gobierno recién pasado se estiman entre 2 mil millones y 3 mil millones de dólares, dinero que le permitió a los ahora exfuncionarios obtener voluntades en diferentes organismos del Estado y asegurar una vida dispendiosa, aunque ello haya implicado ofensivos retrocesos en materia de desarrollo humano.

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