La determinación del Gobierno de aplicar el control telemático en el Sistema Penitenciario deja muchas reflexiones por las implicaciones que la medida tendrá en el país.
En primer lugar, es una acción que impactará positivamente en la modernización del Sector Justicia. Además, es una disposición de fondo para combatir el inhumano hacinamiento en los presidios y que, a la vez, respeta los derechos humanos de los detenidos que no representan un riesgo social.
Conviene advertir que, según la información, entre los posibles beneficiarios no figuran criminales vinculados con delitos de alto impacto. La participación de otro Poder del Estado evita la discrecionalidad y deja en manos del Organismo Judicial (OJ), donde se han desarrollado los procesos contra los condenados, la selección de quienes pueden optar y merecer la libertad vigilada.
La eficiencia es otro elemento que se debe valorar, puesto que, como ampliamente explicaron las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob), el procedimiento es infalible, porque permite observar en tiempo real la ubicación y actividad del reo. El programa, incluso, considera a quienes no tienen la capacidad económica de acceder al sistema, pese a llenar los requisitos.
En fin, estamos frente a un hecho que marcará un hito en la historia penal de Guatemala y, por supuesto, ante otra prueba fehaciente de la valentía de unas autoridades que asumieron el reto que otras administraciones habían obviado.
“Han transcurrido siete años desde la publicación de la legislación y finalmente se logra concretar este proceso como un logro del Gobierno”, citó un complacido ministro del Interior, consciente de los alcances de lo realizado.
Finalmente, es preciso resaltar que este aparato es de uso funcional en naciones como Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Suiza, Estados Unidos, Holanda, Colombia y Costa Rica, reconocidas por sus sólidas democracias y estados de derecho.
