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Copadeh da seguimiento a familias desplazadas

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Analizan compra de finca para campesinos de comunidad Laguna Larga.

Con el objetivo de resolver el problema de acceso a la tierra de las 100 familias  de Laguna Larga, actualmente asentadas en la comunidad El Desengaño, en Candelaria, Campeche, México, el Gobierno de Guatemala analiza la adquisición de un terreno, informó la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh).

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Copadeh, la cual da seguimiento a la situación de dicha población desplazada, en cumplimiento a las instrucciones del presidente Alejandro
Giammattei
, se realizó una visita en las fincas Doña Mercedes, La Bota y El Venado, en los municipios de San Francisco y La Libertad,
ambos en Petén.

El recorrido se llevó a cabo el 29 de junio y el 1 de julio pasados, acompañados de funcionarios del Fondo de Tierras (Fontierras), los ministerios de Gobernación y de Relaciones Exteriores y la Comisión Internacional de Juristas.

También estuvieron presentes el diputado Aldo Dávila y los representantes de la comunidad beneficiada con una  medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos(CIDH). El mencionado trabajo de campo se hizo con el objetivo de que los delegados de Laguna Larga observaran las condiciones de las fincas, una de las cuales podría ser adquirida por el Gobierno para su reubicación. 

Con estas acciones, se da cumplimiento a la medida cautelar dictada por la CIDH en favor de las familias. Comunicado Copadeh

Asimismo, se constató que los terrenos reúnan las condiciones necesarias de habitabilidad, para el desarrollo agrícola, ganadero, comercial e industrial, entre otros. 

Según el comunicado, se acordó conformar una mesa técnica con representantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas para conocer si existen o no restricciones por amortiguamiento en los tres inmuebles citados. Los representes de Laguna Larga deberán informar a la comunidad y tomar una decisión consensuada y así elijan la propiedad que más les convenga.

3
terrenos fueron visitados por las autoridades
y los comunitarios.

Con dicha acción, se está dando cumplimiento a la medida cautelar de la CIDH, en relación con resolver el asunto de las mencionadas familias desplazadas.

Gustavo Villagrán
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Llaman a la unidad para transformar el Estado guatemalteco

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Un llamado a la unidad de los cuatro pueblos, sociedad civil, organizaciones y Gobierno para generar cambios en el Estado desde la raíz y marcar precedentes por el bienestar de todos los guatemaltecos, realizaron ayer líderes ancestrales, quienes manifestaron su respaldo a la administración del presidente Bernardo Arévalo.

El pronunciamiento se hizo en el marco de la entrega de la Orden Nacional del Patrimonio Cultural Miguel Orrego Corzo a comunidades originarias, que durante 106 días lucharon y resistieron los intentos de fuerzas corruptas de atentar contra la democracia.

Luis Pacheco, quien presidió la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023, se refirió al miedo de regresar al pasado represivo. “Nuestro objetivo (durante la resistencia) fue rescatar la poca democracia que teníamos y demostramos que la unión hace la fuerza”, afirmó. Enfatizó que para un futuro mejor se requiere de la unidad y nunca la fragmentación. “Mientras más divididos estemos, más debilitados vamos a estar y más fuerza le damos a ese poder oscuro”, indicó.

Por su parte, Diego Ceto, representante del pueblo Ixil, Quiché, dijo que es fundamental dejar en claro que la demanda en esos días represivos fue la defensa de la democracia y el orden constitucional que estaban en peligro.

“Nuestra consigna se mantiene para que renuncien los monigotes del sistema de justicia. Vamos a insistir por la vía jurídica y el movimiento social, aunque el desafío es grande”, afirmó Ceto.

El delegado ixil resaltó el llamado a la articulación de todos los pueblos, estar vigilantes y no quedarse con los brazos cruzados.

El citado reconocimiento fue entregado por el mandatario Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y Liwy Grazioso, ministra de Cultura y Deportes. El Presidente agradeció “el aporte de los pueblos originarios mediante su cosmovisión”.

Asimismo, manifestó que la integración, tanto en términos de participación como de atención a las demandas legítimas de cada una de las comunidades, abre la posibilidad de construir una democracia verdaderamente incluyente.

“Su lucha no es únicamente parte importante de la vida de sus propias comunidades, sino que es parte esencial de un proceso nacional”, afirmó Arévalo.

Homenajes a pueblos

Las comunidades que recibieron la orden fueron los 48 Cantones de Totonicapán; las municipalidades Indígenas de Sololá y Santa Lucía Utatlán, Sololá; Maya Ixil, Quiché; Parlamento del Pueblo Xinca; Directiva de Alcaldes Comunales de 14 Comunidades y Cocodes de San Cristóbal, Totonicapán; Pueblos Aliados de Chichicastenango, Quiché, y líderes de Ixmulew.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Danilo Ramírez
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Obstáculos no detienen avances en el Gobierno

Analistas ven logros en seis meses, pero trampas a procesos impiden ejecutar con más agilidad.

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A pesar de la existencia de un régimen político donde prevalece la corruptela y obras con anomalías que dejó la anterior administración, el presidente Bernardo Arévalo ha logrado avances en sus primeros seis meses de gestión, aseguraron expertos.

“Esta es una nueva administración, pero está determinada por las reglas de juego de un régimen que impulsó la impunidad y la corrupción”, señaló Renzo Rosal, analista político independiente.

A pesar de los obstáculos, el consultado ve que el Ejecutivo ha logrado algunos avances. “Quizá no sean todo lo sustantivo que uno quisiera, pero un elemento importante es tener un Gobierno con liderazgo democrático, el cual hacía falta. Hay una intención de recuperar la conducción de las instituciones, lo cual es muy importante”, señaló Rosal.

Según reportes del Ejecutivo, durante este tiempo, el Presidente ha priorizado mejorar las relaciones con la comunidad internacional, especialmente con Estados Unidos, fortalecer áreas como salud, seguridad, educación y combatir actos corruptos, entre otros.

Terreno minado

Por su parte, Gustavo Berganza, también analista independiente, señaló que otro de los problemas que se ha enfrentado es que el exmandatario Alejandro Giammattei le dejó un terreno minado, con un montón de contrataciones de las que muchas no se puede rescindir hasta que cumplan cierto plazo, y obras amarradas que tienen anomalías.

“Sin embargo, ha logrado cosas positivas. Una de ellas es el remozamiento de escuelas, destapar casos de corrupción y agilizar procesos. Debido a que continúa bajo ataque judicial, no puede moverse como quisiera”, puntualizó Berganza.

En la misma línea se refirió la escritora Carolina Escobar Sarti, quien opinó que es “tiempo de actuar con firmeza” contra los actos anómalos, y reconoció que muchas cosas se están haciendo bien.

Josselinne Santizo Fotógrafo: Archivo
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CIDH visitará el paísante debilitamiento democrático y judicial

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Foto: cortesía CIDH

Con el propósito de observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país, a partir de la última visita realizada en 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará Guatemala, del 22 al 26 de julio, en atención a una invitación del Estado.

En especial, se examinará “la situación de las garantías fundamentales de grupos en situación de vulnerabilidad, desde los enfoques étnico racial y de género, así como la situación de la libertad de expresión, seguridad ciudadana, derechos a la memoria, verdad y justicia. Además, los económicos, sociales y culturales” en la nación centroamericana, informó la CIDH.

Sergio Godoy, del Movimiento Unidos por la Democracia, vio con buenos ojos que el citado órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) arribe a suelo guatemalteco.

“Más que necesaria es urgente (la visita) por la coyuntura que estamos viviendo del bloqueo al Ejecutivo por parte de los otros organismos del Estado, elección de cortes y la constante criminalización de actores de sociedad civil, tanto activistas de derechos humanos y periodistas”, aseguró el entrevistado.

Zonas de trabajo

La delegación, que será liderada por la presidenta de la citada instancia, Roberta Clarke, estará en la capital y los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango.

Mantendrá reuniones con representantes de los diferentes poderes del Estado, activistas, defensores humanitarios, operadores de justicia, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia, sindicatos y gremios empresariales, entre otros.

Rodrigo Pérez
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