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EDITORIALES

Combate a extorsionistas es inflexible y certero

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Los resultados están a la vista: 182 extorsionistas capturados de enero a la fecha. Dichos registros, producto de una labor estratégicamente coordinada, representan un alivio para ciudadanos y empresarios que invierten esfuerzos y recursos para contribuir en el crecimiento económico del país.

El combate inflexible y certero emprendido desde el Ministerio de Gobernación (Mingob) es una muestra del interés del Gobierno para construir una nación donde prime el Estado de derecho y la seguridad de las personas.

El más reciente golpe a estas estructuras del mal se ejecutó ayer, mediante un megaoperativo que incluyó 8 departamentos, el cual culminó con la detención de 43 presuntos chantajistas, quienes fueron sometidos y conducidos a los tribunales de justicia, con el objetivo de que asuman las consecuencias de sus actos criminales.

Como lo advirtió el ministro del Interior, Francisco Jiménez, en un texto de su red social X: “Hoy, miles de familias dejarán de recibir llamadas de extorsión”, un hecho que se dice fácil, aunque tiene una trascendencia invaluable porque tiene que ver con la tranquilidad de connacionales que son amenazados por el simple hecho de ser ejemplo de productividad y éxito.

Adicionalmente, al éxito que implica la detención de estos supuestos forajidos, los 56 allanamientos ejecutados ayer permitieron la recolección de información que sustentará investigaciones en curso, que terminarán con la identificación y ubicación de más sospechosos.

Ser firmes en la aplicación de la ley, retomar el control de las calles y trabajar para que los

guatemaltecos vivan en paz, es la instrucción girada por el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera a las autoridades del Mingob, quienes en menos de 40 días de gestión han evidenciado que se puede ganar la batalla contra las maras, siempre y cuando se cuente con equipos disciplinados, valientes y, sobre todo, comprometidos con la edificación de un Estado en el que la seguridad democrática sea la regla y no la excepción.

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EDITORIALES

Giammattei y su gabinete deben rendir cuentas

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Poco a poco, las máscaras de la supuesta decencia empiezan a caer y la verdad comienza a evidenciar el desgobierno de la administración anterior.

Es difícil recordar un día, en los 93 transcurridos en esta nueva gestión, que no se hayan denunciado supuestos asaltos al erario, perpetrados por el equipo que lideraban el exmandatario Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

Las evidencias constatadas en los innumerables casos presentados dejan pocas dudas en cuanto a la corruptela que imperó del 14 de enero de 2020 al 14 de enero de 2024, por lo menos entre una buena parte de la ciudadanía que demanda justicia y castigo.

Lastimosamente, los procesos chocan contra las instituciones llamadas a investigar las querellas, por lo que los responsables de los presuntos malos manejos se mantienen impunes.

En este juego de ideas, ayer el ministro de Salud, Oscar Cordón, afirmó que la acusación que el Organismo Ejecutivo hizo contra Amelia Flores, su antecesora en el cargo, se ampliará a otros integrantes del gabinete de Giammattei, algo que los connacionales reclaman, dadas las sospechas de que los autores intelectuales del fraude cometido en la compra de las vacunas Sputnik
tenían jerarquías superiores a los exencargados de las carteras y secretarías de Estado.

De momento, todo apunta a que la denuncia incluirá a Pedro Brolo, que en su carácter de ministro de Relaciones Exteriores de Giammattei lideró las conversaciones con la empresa rusa
que vendió las Sputnik o contra quien facilitó los recursos para la transacción.

Adicionalmente, en una entrevista con la agencia EFE, el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, comunicó que los desfalcos que se cometieron durante el gobierno recién pasado se estiman entre 2 mil millones y 3 mil millones de dólares, dinero que le permitió a los ahora exfuncionarios obtener voluntades en diferentes organismos del Estado y asegurar una vida dispendiosa, aunque ello haya implicado ofensivos retrocesos en materia de desarrollo humano.

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EDITORIALES

Empieza con desventaja la recuperación de instituciones públicas

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Hay que aceptarlo: las mafias llevan las de ganar. En esta lucha por transformar las instituciones del Estado, los malos parten con ventaja, sobre todo si se toma en cuenta que serán los diputados quienes, finalmente, decidirán la integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones.

Sin embargo, hay esperanzas de que la decencia se imponga y se termine escogiendo letrados probos, comprometidos con el país y respetuosos del Estado de derecho.

En este punto, existen por lo menos dos circunstancias que permiten mantener la fe. La primera tiene que ver con el papel activo que asuman los liderazgos sociales, los que han estado comprometidos con la defensa de la democracia.

A los jóvenes, pueblos indígenas y representantes sectoriales, hartos de la impunidad reinante, les tocará vigilar el proceso y levantar la voz ante posibles arbitrariedades.

De igual manera, la observancia de la comunidad internacional será determinante, así como lo fue al momento de proteger los resultados electorales y sancionar a quienes intentaron desoír la voluntad popular, con el claro objetivo de que el Organismo Ejecutivo continuara copado y al servicio de las mafias.

Aún así, las condiciones son desfavorables. De hecho, ya se conocen los movimientos que los impresentables realizan para copar a quienes integrarán las comisiones de postulación, con el fin de que incluyan a sus allegados en los listados que se elevarán al Legislativo para la selección de los magistrados.

También, existe la posibilidad de que los actuales encargados de la CSJ y de las salas de Apelaciones se nieguen a abandonar sus cargos y recurran a trucos legales a sabiendas de que tienen el apoyo de una buena parte de quienes componen el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Parlamento.

En fin, la convocatoria para la integración de las postuladoras, que tiene previsto efectuar hoy el Congreso, será un nuevo enfrentamiento entre el bien y el mal, batalla en la que, valga decir, aventaja la nueva primavera.

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Salud en Ixcán,en el olvido por décadas

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La salud de la población es una condición absolutamente necesaria para el desarrollo de un país. Por eso es de suma importancia la atención primaria, por una parte, y el adecuado funcionamiento de los centros asistenciales, por otra.

En ese contexto, la situación calamitosa del Centro de Atención Integral Materno Infantil (Caimi) que opera en Ixcán, Quiché, el cual, además, constituye un componente esencial del sistema de salud nacional, es un aspecto que no puede persistir, ya que desafortunadamente esa unidad asistencial no garantiza la atención satisfactoria para los 120 mil habitantes del área.

Las instalaciones del Caimi han caído en total abandono, tan extremo que las áreas de Ginecología, Maternidad y posparto son insuficientes para atender los requerimientos que plantea la demanda de esos servicios.

Una solución transitoria que han encontrado las autoridades locales es trasladar el Caimi a una propiedad de la municipalidad.

Pero la medida definitiva consistiría en edificar una nueva estructura hospitalaria con equipamiento médico moderno y abastecimiento completo; por ello, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo tiene el reto de asignar los recursos que el Estado debe aportar, en el ejercicio de su función como protector del bien común, lo que le corresponde conforme a la Constitución de la República.

Pero lo más importante es que esas obras de infraestructura básica sean construidas conforme a los estándares de calidad y que los recursos sean ejecutados de acuerdo con las más estrictas normas de probidad.

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