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América Latina enfrenta seis crisis humanitarias que dejan 23 millones de desplazados
EFE
En América Latina y el Caribe hay 23 millones de personas refugiadas, desplazadas internas o apátridas como consecuencia de seis grandes crisis humanitarias que ponen a la región en una emergencia sin precedentes, según cifras divulgadas por ACNUR en vísperas del Día Mundial del Refugiado.
Los datos hacen parte del informe anual publicado el pasado 13 de junio por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que este miércoles y jueves celebrará en Bogotá, con el apoyo del Gobierno de Chile, la Tercera consulta del proceso de ‘Cartagena +40’, en la que países de América Latina y el Caribe buscarán soluciones para el desplazamiento provocado también por desastres y por efectos de la crisis climática.
Las seis crisis que han hecho crecer el número de desplazados en la región están focalizadas en el norte de Centroamérica, triángulo formado por Guatemala, Honduras y El Salvador; en Nicaragua, Haití, Colombia, Venezuela y Ecuador, explica el jefe de Relaciones Externas de la Oficina de ACNUR para las Américas, Juan Carlos Murillo.
«El desplazamiento forzado en nuestra región se ha tornado en una situación sin precedentes en términos no solamente de cifras sino también de complejidad. En la actualidad tenemos seis grandes crisis humanitarias que atraviesan el continente y están generando grandes desplazamientos», indicó el funcionario a EFE.
Desplazados en Centroamérica
Según Murillo, en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, por la violencia del crimen organizado y otros factores, como el cambio climático, «más de un millón de personas se han visto forzadas a abandonar sus países de origen y se han convertido en solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos o retornados con necesidades de protección».
En la misma región está también Nicaragua, «con más de 200.000 personas que se han visto forzadas a huir de su país principalmente por temas políticos y la situación de derechos humanos».
La persecución del Gobierno de Daniel Ortega a sus opositores políticos lo ha llevado además a retirar la nacionalidad a decenas de nicaragüenses, convirtiéndolos en apátridas, señala
«En tercer lugar está la situación de Haití, con más de 580.000 personas desplazadas internas y 800.000 personas necesitadas de protección internacional en distintas partes del continente», agregó Murillo sobre la crisis de violencia política que vive la nación antillana. Además hay 5,5 millones necesitados de asistencia humanitaria.
Crisis en Suramérica
Otra crisis está en Colombia, donde el persistente conflicto armado provoca «un desplazamiento interno que afecta más de 6,9 millones de personas» a los que se suman «movimientos trasfronterizos de personas colombianas necesitadas de protección internacional».
Entre las crisis identificadas y atendidas por ACNUR está también «la situación de Venezuela, con más de 7,7 millones de personas que han abandonado su país como refugiadas y migrantes, de las cuales 6,6 millones se encuentran en países de América Latina y el Caribe».
Finalmente está Ecuador donde ante la inseguridad y la violencia del crimen organizado «muchas personas han tenido que desplazarse al interior de su país o han cruzado una frontera internacional en busca de protección y seguridad».
Según cifras de ACNUR, de las 520.085 personas que cruzaron el año pasado el tapón del Darién en dirección al norte del continente, los ecuatorianos fueron la segunda nacionalidad, con 57.250 migrantes, superados solo por los venezolanos, que fueron 328.650.
Se calcula que, si se suma a quienes salieron el año pasado de Ecuador por vía aérea con destino a Estados Unidos, unos 75.000 ecuatorianos están en condición de refugiados o desplazados.
Cartagena +40
En la reunión ‘Cartagena +40’, convocada por ACNUR y el Gobierno chileno para esta semana en Bogotá los países latinoamericanos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, sector privado y organismos financieros discutirán a puerta cerrada los desafíos de la región 40 años después de la aprobación de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.
En esta ocasión el foco estará puesto en los refugiados y desplazados por el cambio climático y desastres naturales.
«Estimamos que el número de desplazados internos va a aumentar por el calentamiento global, entonces el mensaje es que hay que combatir el cambio climático», señaló el jefe de la Secretaría de la Plataforma de Desplazamiento por Desastres, Atle Solberg.
EFE
La Misión de Establecimiento de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo este viernes que el riesgo de la desintegración del Estado de derecho en el país «es muy alto», tras el agravamiento de la situación de los derechos humanos y la reactivación «de la maquinaria represiva» del gobierno a raíz de las elecciones del 28 de julio.
«Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión: un plan para desalentar, silenciar, y anular la oposición política y las voces críticas al Gobierno del Presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia de los resultados electorales», dijo en el Consejo de Derechos Humanos la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
La Misión presentó hoy su último informe, en el que constata que los recientes abusos de los derechos humanos que ha podido documentar -como detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual- son una continuación de las violaciones que en el pasado consideró que constituían crímenes de lesa humanidad.
Valiñas señaló que durante la campaña electoral, entre el 4 y el 25 de julio, la Misión documentó hasta 121 detenciones de personas que fueron arrestadas simplemente por haber prestado algún servicio en los actos de campaña de la oposición.
Las detenciones investigadas por el equipo de la ONU fueron arbitrarias y en algunos casos «seguidas de actos de tortura y de desapariciones forzadas de corta duración».
A pesar de las advertencias del gobierno sobre la posibilidad de un estallido de violencia si Maduro no ganaba las elecciones, entre el 29 y 31 de julio hubo 915 protestas en todo el país, en las que se ha podido confirmar la muerte de 25 personas, que -con una excepción- fallecieron por disparos de arma de fuego, según el informe.
«La Misión no tienen aún evidencia suficiente para atribuir autoría en estos casos, pero en varios se ha documentado la presencia de efectivos de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas», indicó Valiñas.
La presidenta de la Misión indicó que se identificó «una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia, como puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico» entre otros.
La jurista sostuvo que la comunidad internacional «enfrenta una gran responsabilidad para detener esta persecución, para que las violaciones y delitos que se han cometido y que continúan cometiéndose no queden impunes y para dar aliento a las víctimas asegurando que podrán obtener justicia».
El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Alexander Yáñez, rechazó con vehemencia las denuncias de la Misión y afirmó que la ola de violencia postelectoral ha sido generada «por la derecha fascista de Venezuela» que «empleó bandas criminales para atacar personas y quemar y destruir instituciones públicas».
«No fueron protestas pacíficas», señaló el diplomático y pidió al los países que rechacen el informe de la Misión, que calificó de «grotesca burla escrita».
Ecuador, que tomó la palabra en nombre de Argentina, Chile, Canadá, Paraguay, Guatemala, Uruguay y el suyo propio, pidió al Gobierno de Venezuela que cese con la represión y deploró «la falta de independencia de la Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia».
Pidió que se trate a los menores detenidos de acuerdo a las normas internacionales, exhortó a la «verificación imparcial de los resultados electorales» y se mostró a favor de que el Consejo de Derechos Humanos renueve el mandato de la Misión de Establecimiento de los Hechos para Venezuela, que expira en breve.
EFE
Tras un fuerte operativo en el norteño estado mexicano de Sinaloa, elementos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional detuvieron este jueves a Mario Alexander Gámez Cuevas, conocido como ‘El Piyi’, presunto líder de sicarios relacionados con la fracción del Cartel Sinaloa, Los Chapitos.
Su ficha en el Registro Nacional de Detenciones indicaba que ya se encontraba en traslado, mientras que registros aéreos confirman su llegada por la tarde a la Ciudad de México desde Aeropuerto Internacional de Culiacán.
“Hombre de tez blanca de aproximadamente 1.75 centímetros de estatura, el cual viste playera negra y pantalón café de complexión delgada”, indica la ficha tras su captura.
El operativo por tierra y aire se concentró en el sector Jardines de Santa Fe, en el municipio de Culiacán, en Sinaloa, donde las Fuerzas Armadas mexicanas capturaron a un total de siete personas, entre ellos ‘El Piyi’.
Se presume que esta persona es cercano a Archivaldo Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, y quien ahora es el presunto líder de la fracción Los Chapitos, dentro del Cartel de Sinaloa.
También se le ha identificado como supuesto líder de sicarios y sucesor de Néstor Isidro Pérez Salas, ‘El Nini’, capturado en noviembre de 2023 y extraditado a Estados Unidos en mayo pasado, en el principal brazo armado de Los Chapitos.
Su apodo ha trascendido a narcocorridos de cantantes y grupos como Los Caimanes de Sinaloa, Larry Hernández, Peso Pluma, Tito Doble P y Luis R. Conríquez.
Además, su detención se da en medio de una ola de violencia en Sinaloa, estado del noroeste del país que suma más de 40 asesinatos en dos semanas, tras la captura del capo Ismael ‘el Mayo’ Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa y de uno de los hijos del Chapo, Joaquín Guzmán López y que ocasionaría una rivalidad por la operación del territorio.
El jueves por la mañana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador atribuyó la pugna interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos al acuerdo de Guzmán López para entregar a Zambada en Estados Unidos el 25 de julio en un avión que aterrizó cerca de El Paso, Texas.
El Cartel de Sinaloa, según EE.UU., es la organización narcotraficante «más poderosa del mundo» y responsable en gran parte de la producción y manufactura de fentanilo para su distribución en Estados Unidos, donde esa droga, considerada 50 veces más potente que la heroína, es «la principal» causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años.
EFE
El Tribunal de lo Criminal de Vaucluse decidió este viernes que la prensa tendrá que ausentarse cada vez que se proyecten los vídeos de las violaciones a Gisèle Pelicot, en contra del parecer de la víctima, que quiere que el proceso sirva «para que la vergüenza cambie de bando».
El presidente del tribunal, Roger Arata, anunció su decisión por los poderes que tiene sobre la gestión de las audiencias y lo justificó señalando que «esas imágenes son indecentes y chocantes para el público».
«Estamos protegiendo la indignidad», se quejó Stéphane Babonneau, uno de los abogados de Gisèle Pelicot, que insistió en que «no debemos tener miedo a mostrar las violaciones».
Babonneau recordó, precisamente, que fue su clienta la que había pedido que el juicio no se celebre a puerta cerrada, como podría haberlo solicitado para proteger su intimidad.
«Cuando escuchamos que hay que proteger la dignidad de la señora Pelicot y la dignidad de los acusados cerrando finalmente las puertas de la sala cuando se emitan esos vídeos, en realidad es difícil no sentir que estamos protegiendo la indignidad».
Antoine Camus, otro de sus abogados, añadió que Gisèle Pelicot ha querido que las audiencias fueran públicas «porque a nivel personal no espera nada de este juicio. Su vida está destruida y su ambición ahora es intentar cambiar la sociedad, en particular por el bien de sus nietos».
Fue en la audiencia del jueves cuando los vídeos de las violaciones se proyectaron por primera vez, cuando prestaron declaración dos de los acusados de haberla violado en estado inconsciente bajo los efectos de los ansiolíticos que le administraba su marido, Dominique Pelicot, que durante 10 años la dio a decenas de hombres para que abusaran sexualmente de ella.
De entrada ya se había excluido al público en la sala del tribunal en el momento en que se emitían esas grabaciones, que son la base de la acusación, y que se encontraron en un disco duro que guardaba en su casa con miles de vídeos y fotografías de las sesiones de sexo que había organizado con su mujer bajo sumisión química.
Los periodistas, sin embargo, podían estar presentes y contar las escenas, aunque no grabarlas, ya que en Francia está prohibido tomar imágenes o sonido en una sala de audiencias durante el juicio.
El fiscal propuso esta mañana que se proyectaran sistemáticamente los vídeos antes de cada declaración de los acusados, para que se pudieran ver las que son las principales pruebas de la acusación.
Los abogados de la defensa no querían que esas proyecciones fueran sistemáticas. La única excepción fue Béatrice Zavarro, la letrada de Dominique Pelicot, que tras su detención en septiembre de 2020 ha reconocido su responsabilidad, y desde el comienzo del proceso se esfuerza por señalar a los otros 50 hombres que se sientan con él en el banquillo.
La sesión de la mañana, en la que no se proyectó ningún vídeo, estuvo dedicada al caso de uno de ellos, Cyrille D., de 54 años, encausado por haber violado a Gisèle Pelicot en la noche del 2 al 3 de septiembre de 2019.
Este hombre reconoció que no había dudas de que la víctima estaba dormida, pero precisó que lo que sabía es que había tomado medicamentos «para estar relajada».
