El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Asociación Bancaria de Guatemala accionaron jurídicamente en la Corte de Constitucionalidad (CC) para suspender provisionalmente el Decreto 7-2015, Ley de Tarjeta de Crédito, la cual cobró vigencia ayer.
Jorge Briz, presidente de dicha gremial, indicó que la normativa conlleva inconstitucionalidades, entre las que figura un proceso legislativo viciado, en el cual las modificaciones deberían haber sido aprobadas por mayoría calificada, lo cual no sucedió.
A su vez, Roberto Fuentes, director de la Asociación de Medios de Pago de Guatemala, dio a conocer que presentaron dos memoriales a la CC, uno por inconstitucionalidad total, y otro por inconstitucionalidad parcial.
A estas acciones se sumó el Banco Industrial, la Cámara de Comercio y Contécnica, S. A.
Efectos
Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, expresó que, pese a que la Ley evita los abusos de los emisores de plástico en las gestiones de cobro, cae en una falla técnica al establecer un límite a la tasa de interés, porque esta se pacta libremente en el mercado financiero.
“El efecto inmediato por la reducción de intereses ha originado que los emisores tengan que cobrar por los servicios”, indicó Fuentes.
Aprueban reglamentos
A su vez, la Junta Monetaria (JM) aprobó ayer por unanimidad los 17 reglamentos que servirán para regular la emisión de este medio de pago.
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