EN EL PAÍS
Nuestro país es bien visto globalmente
La semana pasada hubo noticias positivas para el país y con amplias repercusiones en el extranjero. Guatemala y Honduras constituyeron el primer territorio fiscal único, un panel arbitral no le concedió la razón a Estados Unidos en materia laboral, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) consideró que la economía más grande de Centroamérica cumple “ampliamente” con las normas internacionales en aspectos relativos a la transparencia fiscal.
En el primero de estos temas, los mandatarios Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández inauguraron el acto administrativo del lanzamiento del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras, el cual faculta la modalidad de libre circulación del 95 por ciento de las mercancías y regula ese 5 por ciento restante que tienen excepciones, como armas, explosivos, municiones, materiales con algún grado de riesgo, especies en peligro de extinción y aquellos artículos que tienen limitantes fito y zoosanitarias.
Para ello, hubo que integrar los programas informáticos que permitirán conocer la trazabilidad y mejorar el control de las operaciones aduaneras y tributarias.
Los beneficios
Este paso significa fortalecer los sistemas de riesgo de fiscalización posterior en ambos territorios, busca la combinación de las actuaciones de las autoridades competentes que ejercen sus funciones en los puestos fronterizos integrados y aduanas periféricas y se brinda una oportunidad para facilitar los procesos que demanda el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Comercio, aprobado en Guatemala por el Congreso, Decreto 1-2017, y que está vigente desde el 11 de febrero.
Entre los beneficios esperados se encuentra duplicar la velocidad en el transporte de las mercancías de 16 a 30 kilómetros por hora, expandir la infraestructura y los corredores logísticos, fomentar la competitividad, promover la convergencia de los softwares tributarios, promover los sectores estratégicos y de atracción de inversiones, vigorizar el proceso de integración regional, lograr eficiencia en el comercio y una reducción de 21 a 25 por ciento en los costos logísticos, según lo calculó recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Desde el martes, de los productos que se muevan en los dos países, ya no se les denominará importación o exportación, sino transferente o adquiriente, puesto que se les considerará un bien nacional en cualesquiera de los dos espacios geográficos y por tanto ya no utilizarán la Declaración Única Aduanera (DUA), que se seguirá extendiendo para el comercio internacional, sino que se usará la Factura y Declaración Única Centroamericana (Fyduca). Uno de los aspectos importantes es que este documento está pensado con visión de largo plazo, de manera que cuando en el futuro más países se agreguen puedan utilizarlo. Es preciso resaltar que El Salvador ha dado acompañamiento muy cercano a este proceso y recientemente Nicaragua manifestó su interés, por lo que ambas naciones analizarán cómo funciona para integrarse más adelante.
La Unión Aduanera se hace realidad después de 31 meses de negociación, la cual comenzó en diciembre de 2014, y para la cual fue necesario hacer 19 rondas de conversaciones para su implementación, así como de mesas técnicas a fin de consolidar las hojas de ruta entre instituciones de seguridad, migración, agricultura, administración tributaria y economía de ambos territorios.
Con esta medida se establece un área común de no menos de 221 mil kilómetros cuadrados, equivalente al 52 por ciento, un poco más de la mitad, del Istmo.
Resolución judicial
El segundo aspecto es el fallo del panel arbitral al amparo del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés), integrado por los expertos internacionales en derecho comercial y laboral, Kevin Banks (Canadá), Theodore Posner (Estados Unidos) y Ricardo Ramírez Hernández (México).
Los árbitros declararon sin lugar las tres reclamaciones presentadas por el país norteamericano, por supuesto incumplimiento al capítulo laboral de este convenio comercial, entre ellos el registro de sindicatos, el establecimiento de tribunales de conciliación, inspección general de trabajo y ejecución de órdenes judiciales.
El informe final es resultado de 6 años de litigio, cuyo impacto inmediato redundará en fortalecer la imagen y las inversiones, resultado importante y positivo para Guatemala.
Una de las prioridades de la Política General de Gobierno es generar empleo digno y decente por medio del cumplimiento de la legalidad que mejore las condiciones, dignifique a los trabajadores y garantice el desarrollo óptimo de las relaciones durante las faenas.
Una de las acciones torales, que fue considerada por los árbitros, es la entrada en vigencia del Decreto 7-2017, que reforma el Código de Trabajo, el cual fortalece el procedimiento de inspección, prevención, verificación y eventual sanción en sede administrativa por incumplimiento de derechos u obligaciones laborales, además de estipular mecanismos judiciales expeditos para fomentar una cultura de observancia.
Del documento redactado por los expertos se desprenden los siguientes tres elementos: primero, la reclamación sobre el registro de sindicatos y el establecimiento de tribunales de conciliación fue declarada fuera de los términos de referencia del Tribunal, puesto que Estados Unidos no la identificó en su solicitud original.
Segundo, en la demanda relativa a las inspecciones, el Panel Arbitral encontró una sola instancia en la que, supuestamente, no hubo aplicación de la legislación específica. Determinó, por tanto, que no existía un “curso de inacción” de parte del Estado de Guatemala y por ello no tuvo necesidad de analizar los otros aspectos de la obligación señalada, como la condición de que un curso sea “sostenido o recurrente” o si hubo “afectación al comercio”. Es decir, los expertos no vieron indispensable llevar a cabo un etudio minucioso acerca del impacto comercial y, como consecuencia, Estados Unidos no pudo demostrar que Guatemala había actuado de manera incompatible con el artículo 16.2.1(a) del CAFTA-DR.
Y tercero, el tribunal arbitral también declaró sin lugar la queja sobre la supuesta falta de ejecución de órdenes judiciales. Resaltó que había solamente 8 instancias en las que, al parecer, no hubo aplicación de la legislación laboral y acentuó que era un número de casos “sorprendentemente bajo” y sin relación entre sí como para establecer una de las siete condiciones que deben demostrarse bajo el convenio comercial, es decir la existencia de un curso de acción sostenido o recurrente.
Lista blanca
La tercera noticia de la semana es que Guatemala mejoró su posición, subiendo dos categorías, en el Foro Global de la OCDE, obteniendo la calificación de “conforme en gran medida con el estándar internacional”, luego de presentar los avances en materia de transparencia fiscal en la reunión de revisión acelerada de informes fast track realizada recientemente en Panamá.
Con esta apreciación, se sale de la lista de países no cooperantes y con ello obtiene una posición que le permite ser reconocido en el ámbito internacional como una nación comprometida con adoptar los mejores estándares para el intercambio de información con fines fiscales.
El organismo subrayó que Panamá, Guatemala y Micronesia fueron las jurisdicciones que más progresaron.
La acción más reciente, para mejorar la nota en este ámbito, fue el depósito de la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal del Foro Global, lo cual fue hecho por el gobernante durante su gira el 9 de junio en Francia.
Como resultado de esta evaluación, Guatemala va a poder recibir más inversión extranjera, combatir la evasión fiscal más allá de las fronteras, intercambiar información no solamente de transacciones bancarias y saldo, sino también en materia comercial, declaración de precios, valores de transferencia, entre otros.
Además, mejorará las perspectivas de análisis de las calificadoras de riesgo-país, incidiendo en la apertura de mercados financieros más atractivos y, por ende, a optimizar las condiciones de crecimiento económico y de vida de la población.
Estas tres noticias son consecuencia de la muestra de voluntad política del país, lo que permitió reflejar avances reales en transparencia.
EN EL PAÍS
Atomización en el Congreso dificulta consensos por Cortes
El Parlamento suspendió ayer la sesión legislativa por falta de cuórum y no se inició la elección de magistrados a CSJ y Salas de Apelaciones, a pesar de que no se descartó incluir el tema en la agenda
Las divisiones internas de varias bancadas legislativas y la posible negociación al mismo tiempo de la próxima junta directiva del Congreso de la República, así como el presupuesto de la nación para 2025 serían las causas por las que en el Parlamento no se llega, hasta el momento, a consensos para elegir a los magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA), de acuerdo con analistas y diputados.
Lo anterior podría ser el motivo por el que ayer no se alcanzó cuórum en el Hemiciclo en la sesión que estaba programada para las 10:00 horas.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, expresó que “hay numerosos grupos parlamentarios en la negociación porque existen bloques que se han partido en dos o tres y cada uno negocia por su lado, lo que dificulta los consensos”.
Citó, por ejemplo, los casos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Vamos, Valor, Visión con Valores (Viva) y Cabal. “Además, sin duda alguna, causa ruido que, al mismo tiempo, se esté negociando la integración de la junta directiva del Legislativo para 2025”, remarcó.
Otros expertos interrogados tampoco descartaron que en el paquete se incluya el plan de gastos del Estado para el próximo año. Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, expresó su preocupación porque “se dio a conocer que ya estaban listos (los acuerdos legislativos), a fin de elegir y, de un momento a otro, pareciera que se cayó el acuerdo.
Ojalá que no sea porque exista algún interés de por medio, sino que se deba a que se está revisando de mejor manera la nómina para votar por los más idóneos”.
Interioridades y acción
Diputados consultados indicaron que la falta de acuerdos para la designación de togados se debe a que ningún grupo tiene la mayoría de votos y a las fracciones que existen en los grupos parlamentarios grandes.
También, dijeron que existen otros que quieren elegir personas cuestionadas y que los congresistas se resisten a apoyar por el costo político que eso representaría y que podría costarles la reelección.
En este contexto, José Chic, diputado del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), dijo ayer que la Corte de Constitucionalidad (CC) ya conminó al Legislativo para que con celeridad se elija a los integrantes de las altas Cortes de justicia del Estado.
Luego anunció que, como bancada, pedirán a la CC “la debida ejecutoria para que, de una vez, se ordene a los 160 diputados iniciar y concluir esa elección”.
Insisten en una justicia independiente
Autoridades indígenas enviaron una carta abierta al presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, Nery Ramos, en la cual exhortan a los diputados a hacer su mejor esfuerzo en la elección de magistrados para las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA). Los líderes insistieron en la necesidad de una justicia independiente, con togados probos y capaces.
En ese sentido, exigieron “no designar a los aspirantes que hayan emitido resoluciones o sentencias que atentan contra la democracia y el Estado de derecho o tengan vínculos políticos, ni a los comisionados que integran las postuladoras, por tener conflicto de intereses”.
Entre los firmantes del documento están la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, las municipalidades indígenas de la cabecera y de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá; Alcaldía del Pueblo Pocomam, Palín, Escuintla, y el Parlamento Xinka. Margaret Lockwood
Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, se pronunció por el mismo tema e hizo un llamado a priorizar el interés nacional en la designación de estos cargos.
Foto: Sandra Sebastián
Por segunda vez fue suspendida la audiencia de primera declaración contra el docente y cantautor Gad Echeverría, según lo ordenó el juez Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, la cual continuará para mañana, para seguir escuchando los cargos de sedición, depredación de bienes culturales y asociación ilícita que le imputa el Ministerio Público (MP) por la toma de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
“Espero que se haga justicia y se termine esta persecusión injusta”, afirmó el artista.
En otro caso, el MP solicitó cerrar la investigación contra el exfiscal de Derechos Humanos, Orlando López, porque no ubicó hechos que acrediten la comisión del delito de abuso de autoridad en forma continuada por el que es procesado.
•Con información de Sandra Sebastián
La entrada en vigencia de la obligación de separar los desperdicios se mantiene para el 11 de febrero de 2025, según informan las autoridades.
“Se ha trabajado para que la recolección de los desperdicios individuales y comunes sea más simple y consideramos que no habrá problemas cuando el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos sea obligatorio a nivel nacional”, expresó Edwin Josué Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Explicó que está claro cuándo y cómo las personas deben efectuar la separación; lo que sea orgánico en un grupo, en otro lo reciclable (papel, cartón, vidrio, plástico, metal, multicapa) y el tercero, lo que no se
puede usar.
En el caso de los recolectores, el funcionario dijo que mantienen diálogos para el transporte de los diferentes tipos. De hecho, afirmó, ya lo están realizando. Señaló que en cada camión, un grupo de personas se dedica a separar la basura.
