EDITORIALES
Se mejoran las condiciones sindicales
Guatemala ha dado pasos importantes en los meses recientes para garantizar la libertad sindical y dotar de mejores condiciones para hacer su labor de protección de los derechos de los empleados y, consecuentemente, mejorar la relación entre este sector y las empresas.
El 17 de marzo, el Congreso aprobó reformas al Código de Trabajo que le devuelven la capacidad sancionatoria a la Inspección General de Trabajo. El Ejecutivo, por medio de la cartera respectiva, ha dado las facilidades para la inscripción de nuevas organizaciones; solo el año pasado se agregaron 78 sindicatos, y en lo que va de 2017 ya son 14.
Como lo informara el vicetitular de este ministerio, las tareas de la institución se basan en los principios de no discriminación, eliminación del trabajo infantil, situación salarial, así como respaldo a la libertad sindical y acuerdos colectivos. Lo primordial es que los convenios estén apegados al respeto, igualdad, responsabilidad y legalidad.
Todo esto permite que el país cumpla cada vez más con los compromisos que ha contraído en el ámbito global, en particular con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es la única agencia tripartita de las Naciones Unidas que reúne a Gobiernos, empleadores y obreros de 187 Estados miembros, a fin de establecer las normas, formular políticas y elaborar programas que promuevan el trabajo decente de todos, mujeres y hombres, que es una de las prioridades de la administración del presidente Jimmy Morales.
Es de resaltar que esta entidad estuvo a punto, en marzo, de implementar una comisión de encuesta, la cual haría una revisión de los aspectos que estarían por hacerse efectivos a esa fecha en todo el territorio nacional, pero debido a que la delegación guatemalteca presentó una respuesta de nación con evidencia sólida de los avances, este organismo decidió aplazar la conformación del ente para noviembre. No obstante, las autoridades han hecho esfuerzos, no únicamente en superar los desafíos señalados por la OIT, sino, además, en dotar ambientes adecuados, garantizar el acceso a la protección de los derechos de los colaboradores y a la seguridad social.
La expectativa es que esta instancia ya no se conforme con el cumplimiento de los compromisos ni con las acciones que se efectuarán en el futuro, entre ellas la campaña Libertad Sindical, por un mejor país, con la que se prevé transformar el imaginario social hacia lo positivo de la integración de estos grupos y sus ventajas en la sociedad guatemalteca.
Lo que vive el país permite dimensionar la decisión del Gobierno. No es necesario retroceder mucho en el tiempo para entender la magnitud de este gesto solidario y democrático. Basta pensar en el más de medio centenar de connacionales que vive en el exilio, víctima de persecuciones políticas que se han vuelto costumbre. Casos fabricados por un sistema que se niega a renovarse.
Esa es parte de la valía de abrir las puertas a 135 presos políticos nicaragüenses, perseguidos por un régimen déspota, que domina todos los organismos del Estado y que, desgraciadamente, inspira a ese pacto de corruptos que continúa pataleando en Guatemala. Funcionarios que censuran las libertades individuales y colectivas. Dictadores con aires de dioses. Vetados en la mayoría de naciones desarrolladas.
Parias. Mafiosos.
Lo cierto es que ayer, Guatemala mostró su verdadera esencia. Su cara humana e inspiradora. Extendió la mano amiga, que devuelve lo mucho que ha recibido y que sigue teniendo. Un rostro que se vio rebasado por la avaricia y por el crimen de cuello blanco y conciencia negra que no se cansa de saquear el erario.
Pero además, el país empieza a retomar el liderazgo de antaño. El respeto del mundo. El lugar que le ha correspondido en la historia, pero que fue perdiendo por culpa de esos hampones, quienes ahora se sienten acorralados por el surgimiento de un proyecto que prescindirá de ellos y de sus chantajes.
La caravana de perseguidos, integrada por estudiantes, docentes, religiosos, periodistas y opositores al régimen, retomarán sus vidas, aunque lejos de su patria. De sus familias y amigos. Serán víctimas de un destierro producto de mentes delirantes, que nos son tan conocidas y claramente identificables.
En medio de esas injusticias, los nicaragüenses retomarán sus libertades, esos derechos sagrados que solo se aprecian cuando se pierden. Como lo saben y exigen los connacionales que debieron huir de su tierra, para evitar las injusticias que padecen otros a quienes, sin causa justificada, persiguen fiscales y jueces.
Es cierto, esta nación devuelve lo mucho que ha recibido. Repone lo que otros Estados ofrecen a nuestros exiliados,
para quienes se acerca el día de regresar a casa. A contribuir, como lo hicieron antes, al surgimiento de la nueva
primavera. Para ellos, nuestro abrazo solidario.
Es solo el comienzo. La deuda histórica es enorme. El presidente Bernardo Arévalo lo tiene claro. Sabe que en materia de salud, las anteriores autoridades dejaron un déficit que roza lo criminal. Un tema en el que nadie puede alegar ignorancia. Y menos quienes han estado en el Organismo Ejecutivo o en un concejo municipal.
Si se tratara de señalar culpables, el listado sería interminable. Tan infinito como los robos al erario. Solo comparable con la impunidad que el sistema de injusticia le garantiza a los ladrones de cuello blanco.
Pero allá ellos y sus conciencias. Hoy, la situación empieza a cambiar. Pese a la oposición de ese pacto de corruptos que intenta bloquear que la justicia social se instale en el país y se quede de manera permanente.
Los números son claros. En siete meses y medio de Gobierno se han habilitado 13 puestos de salud, de 31 proyectados para 2024. Además, se tiene previsto remozar otros 81 centros de asistencia en el primero de cuatro años de gestión por los que el pueblo votó y manda la Carta Magna.
El Gobierno entiende que la salud no debe quedar tan lejos. Al contrario, debe estar cerca, en especial, de niños, mujeres y ancianos, los grandes olvidados por esa mafia insaciable que hoy goza de servicios privados a costa del saqueo de fondos públicos. Luciendo, en manos y cuellos, el brillo de un oro ganado con el sudor de otros.
No como el de Adriana. También lejos de la medalla de Jean Pierre. Por supuesto, entre esos politiqueros y los atletas no puede haber comparación, aunque sí muchas diferencias, empezando por la decencia.
Este esperanzador escenario en salud también se vive en educación y seguridad, derechos fundamentales en una democracia de verdad. Poco a poco, todos los guatemaltecos recibirán los beneficios de un presupuesto que, en el pasado, se asemejaba a una piñata, pero no para niños, sino para hampones insaciables.
En estas estrategias, la vicepresidenta Karin Herrera juega un papel fundamental. Por ejemplo, ayer lideró el inicio de un censo que determinará si los niños de primaria registran las tallas y pesos que garantizan su desarrollo completo.
Así como en Chichicastenango, en los otros 339 municipios el Estado comienza a saldar sus deudas. Como en Quiché, en los 21 departamentos restantes la salud, educación y seguridad se acercan a los ciudadanos como nunca antes. Ahora lo sienten.
No y no. Ni se deroga ni se aprueban objeciones. Así de claras y contundentes fueron las respuestas de los congresistas a los requerimientos de la oposición. El primer rechazo fue contra un intento de derogar el acuerdo que creó la instancia que vela por contrarrestar los ataques contra los defensores de los derechos humanos. El segundo, mandó al congelador un intento por evitar que el presidente Bernardo Arévalo sancionara el reajuste de la inversión de 2024.
Para los entendidos, los hechos son mucho más que simples negativas y marcan la fortaleza de un bloque que, de momento, ha ganado los últimos pulsos en el Parlamento.
La medición de fuerzas comenzó el 13 de agosto pasado. Ese día, 111 diputados aprobaron, de urgencia nacional, ampliar el presupuesto de 2024. El 18 del citado mes, la Corte de Constitucionalidad sale en defensa del grupo perdedor y suspende lo decretado por el Legislativo. En respuesta, el 27 del mes pasado, con 114 votos vuelve a pasar la iniciativa del Gobierno y, al mejor estilo del grupo Queen, la oposición continúa mordiendo el polvo.
El Organismo Legislativo pareciera pasar por un momento de contrición. Aunque falta mucho, las primeras acciones de arrepentimiento son esperanzadoras. Además, se debe reconocer que ese proceso llega en un momento clave de la historia. Solo hay que imaginar que los consensos permanezcan cuando toque elegir a los magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las de Apelaciones y los parlamentarios manden a su casa a esos fiscales, jueces y magistrados que tanto daño le han hecho al país.
Entonces, se vale soñar. Sobre todo porque la agenda legislativa, que por ahora está destrabada, contiene proyectos que pueden marcar un hito en la historia nacional. Las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), por ejemplo, vendrían a terminar con la perniciosa cooptación que mantiene un grupo de corruptos sobre el mal llamado sistema de justicia.
El proyecto de presupuesto 2025 es otra propuesta que le quita el sueño a las mafias, sobre todo porque evita la corrupción y la entrega festiva de contratos. De momento, el Congreso
cambia y la historia del país también.
