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Un gobierno que trabaja mano a mano con los pueblos indígenas

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El presidente Arévalo ha suscrito cinco acuerdos con comunidades originarias, en los que asume el compromiso de impulsar el desarrollo integral, que tome en cuenta las demandas de estos sectores

Por primera vez en la historia reciente, el Organismo Ejecutivo ha logrado establecer un diálogo directo y permanente con autoridades indígenas y ancestrales, las que tienen voz y voto en la actual
administración.

Mediante una estrategia que prioriza los consensos, el Gobierno ha logrado concretar proyectos de desarrollo enfocados en mejorar la calidad de vida de los sectores originarios, que habían sido
olvidados.

Estas son las coincidencias que se obtienen tras entrevistas realizadas por el Diario de Centro
América a analistas, políticos, defensores de derechos humanos y líderes ancestrales.

Producto de estos encuentros, el presidente Bernardo Arévalo ha firmado agendas de desarrollo con representaciones xincas, ixiles, sakapultecas, chortíes y comunidades indígenas aliadas de Chichicastenango, Quiché, las que tienen el propósito de promover proyectos en economía, infraestructura, salud, educación, preservación de la cultura y medioambiente, entre otros.

Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos
(Ipnusac), recuerda que con anterioridad se han buscado acercamientos con los pueblos originarios, pero no se han logrado acuerdos. Considera que, ahora, el tema cobra relevancia, porque se han tenido importantes acercamientos, los cuales iniciaron antes de la toma de posesión del binomio de Arévalo y Karin Herrera, el 14 de enero recién pasado.

Ojalá que los tratados asumidos sean cumplidos, ya que ha habido un abandono de las áreas más alejadas del país en cuanto a inversiones y políticas públicas promovidas por administraciones pasadas, opina Castillo.

“El hecho de que se firme una agenda de desarrollo deja rastro de los compromisos y acuerdos, lo que permitirá a las poblaciones y liderazgos de los grupos originarios darles seguimiento para exigir el cumplimiento”, destaca.

De acuerdo con lo suscrito, existe la voluntad política del Ejecutivo para implementar acciones por medio de los ministerios, viceministerios, direcciones, oficinas y delegaciones, así como planes, programas, proyectos y actividades enfocadas en la prosperidad de las comunidades.

Hilda Marina Trujillo, exprocuradora adjunta de Derechos Humanos, resalta que los convenios no solo son justos, sino que debieron hacerse desde hace mucho tiempo, con el fin de paliar la discriminación y exclusión de que han sido objeto estos sectores.

Trujillo asegura que no había observado este tipo de acercamientos, aunque autoridades pasadas sí intentaron resolver algunos problemas muy evidentes como el caso Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, pero no lo lograron.

Labor conjunta

Entre las peticiones que hace el pueblo xinca se encuentran la búsqueda de mecanismos participativos para abordar los conflictos por la tierra, fortalecer la calidad y la provisión de la sanidad y la educación con pertinencia cultural, así como programas para reducir la violencia y discriminación contra mujeres e inversión en tratamiento de residuos, entre otros.

Claudia Pérez, de la junta directiva del pueblo xinca, considera que los documentos suscritos son factibles y pueden generar oportunidades de desarrollo para mujeres y jóvenes.

En el tratado con representantes ixiles se leen solicitudes para fiscalizar proyectos de infraestructura, construcción del hospital en la aldea Salquil Grande, Quiché; programas de electrificación,
educación y estrategias para el acceso justo y a precio razonable de medicamentos.

“Este es el primer Gobierno con el que estamos trabajando mano a mano. Son puertas que estamos abriendo. Arévalo es el primer presidente que dialoga con su pueblo”, asegura Juan Carlos Toj, integrante de las comunidades aliadas de Chichicastenango.

Diálogo permanente

Como parte del esfuerzo para fortalecer la participación y coordinación con las citadas representaciones, el jefe de Estado promueve el intercambio de ideas con autoridades indígenas y ancestrales, con el propósito de establecer y consolidar mecanismos de participación efectivos en la formulación y ejecución de políticas públicas que impacten de manera directa, en las comunidades.

Refiere que, del 14 de enero a la fecha, han celebrado, por lo menos, cinco asambleas.

Mario Itzep, director del Observatorio de Pueblos Indígenas, afirma que el diálogo que sostiene el Ejecutivo con las comunidades ancestrales, en las mesas permanentes, es un espacio sano, donde se escuchan las necesidades de cada sector.

“Esta es la oportunidad de construir el desarrollo económico, social e infraestructura en las regiones, lo que no se puede comparar con las administraciones pasadas”, opina Itzep.

Según el directivo, durante la presidencia de Álvaro Colom se intentó implementar El rostro maya, iniciativa que buscaba acercamientos, pero no avanzó porque no tenían una estrategia ni una ruta metodológica.

Refiere que la administración de Otto Pérez Molina buscó crear el gabinete indígena, que fracasó porque no aterrizaron en indicadores ni en planes de desarrollo. Jimmy Morales quiso construir el viceministerio respectivo, como parte del Ministerio de Trabajo, y Alejandro Giammattei dejó instalada la vicecartera de Interculturalidad, en el Ministerio de Cultura, sin mayores resultados.

“Cada mandatario ha hecho un ensayo, pero sin profundidad. El gobierno de Arévalo tiene mucho más alcance, ya que hay mayores espacios de diálogo y consenso”, puntualiza.

En la firma de la agenda de trabajo con comunidades aliadas de Chichicastenango, el mandatario aseguró que continuarán firmando acuerdos con las distintas representaciones que estuvieron abandonadas por muchos años.

El presidente Bernardo Arévalo participa en ceremonia maya , en el cantón Paxot Segundo, Chichicastenango , Quiché. Previo a firmar una agenda de desarollo con las comunidades indígenas. Representante de las comunidades indígenas aliadas de Chichicastenango presenta el plan de trabajo al presidente Bernardo Arévalo. Dicha agenda incluye obras en infraestructura , salud , educación , ambiente, plantas de tratamiento, entre otros.

Visita a alcaldes de todo el país

Con el propósito de crear una agenda de trabajo específica, que responda a las necesidades particulares de los 340 municipios del país, el presidente Bernardo Arévalo realizó una gira de trabajo por los 22 departamentos, en los cuales se reunió con los jefes ediles.

El dignatario subrayó que la importancia de estos encuentros es que permitieron a los alcaldes exponer las necesidades de sus municipios, lo que facilitará coordinar esfuerzos y establecer prioridades claras.
Las autoridades electas destacaron la urgencia de invertir en carreteras, puentes y otras obras públicas que garanticen la movilidad, el turismo y el comercio.

También se consignó la importancia de mejorar las instalaciones escolares; asimismo, los servicios de salud, incluyendo la ampliación de hospitales y puestos que, además, deben equiparse.

Josselinne Santizo
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Reafirma apoyo a venezolanos

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“Guatemala está con cada venezolano que hoy lucha por su libertad, dignidad y paz. Venezuela merece un futuro libre de violencia y persecución.

La democracia es la única vía”, indicó el presidente Bernardo Arévalo en su cuenta de X, donde informó que sostuvo una llamada telefónica con Edmundo González y María Corina Machado, principales opositores de Nicolás Maduro.

Además, habló con sus homólogos de Paraguay y Uruguay, Santiago Peña y Luis Lacalle, respectivamente.

Josselinne Santizo Fotógrafo: Mariano Macz
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Mineduc garantiza nutrición a 3.1 millones de estudiantes

Programa de Alimentación Escolar ha ejecutado 2 mil 854 millones, de enero a agosto de 2024, superior a lo desembolsado en el mismo período de 2023, según datos de la cartera de Educación

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Parte III

Con el propósito de que los estudiantes del sector público tengan una buena nutrición y salud, que les permita rendir más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Ministerio de Educación (Mineduc) había  ejecutado 2 mil 854.2 millones de quetzales en el Programa Alimentación Escolar (PAE), hasta el 31 de agosto, en beneficio de 3.1 millones de alumnos, informó la cartera.

El monto representa el 89.67 por ciento de los 3 mil 183.2 millones de quetzales del presupuesto destinado para el proyecto, correspondiente al ciclo lectivo 2024.

Esta iniciativa abarca a la población escolar de los niveles inicial, preprimaria, primaria, básico y diversificado, de acuerdo con datos del Mineduc.

La ejecución de los fondos del PAE, de enero al octavo mes, es superior a la de 2023. En esa ocasión, lo desembolsado fue de 2 mil 840 millones de quetzales, con un porcentaje de 89.22. El viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, indicó que, a la fecha, se han realizado seis desembolsos a las Organizaciones de Padres de Familias (OPF) y queda un séptimo para lo que resta del año.

Caliente y lista

Cabrera recordó que en el presente período se regresó a la modalidad de comida servida en la escuela, porque garantiza que los alimentos los consuman los estudiantes, a quienes están dirigidos.

Agregó que hay casos en los que todavía se entregan bolsas de víveres, ya que algunos planteles carecen de espacios adecuados para preparar la comida. 

Sin embargo, se trabaja en el remozamiento de estas áreas y se pide apoyo a las municipalidades para construirlas, en caso de que las escuelas no tengan estos recintos.

“El ministerio ha orientado que se sirvan los alimentos en los establecimientos de enseñanza, siempre que sea posible, porque el impacto es más grande en la nutrición de los niños”, señaló el funcionario.

Desembolso puntual

Por su parte, Wendy Cardona, presidenta de la OPF de la Escuela Oficial Rural Mixta, en El Renacimiento, Villa Nueva, confirmó que esta instancia ha recibido puntualmente los desembolsos para la compra de alimentos, ya que esta organización es la encargada de determinar la cantidad, el precio y tipo de productos a comprar. 

Para ello, deben tomar en cuenta los menús que previamente estableció el Mineduc. Estas instancias familiares también tienen la potestad de seleccionar a los proveedores, pero deben priorizar a los registrados y acreditados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). 

Además, dar preferencia a los que se encuentran en la misma jurisdicción de la escuela en busca de impulsar una economía local. No obstante, si no hubiera proveedores en el lugar, se podrá tomar en cuenta a otros, siempre que estén registrados oficialmente.

El MAGA remarcó que la dotación de productos para el Programa de Alimentación Escolar dinamiza el comercio de los agricultores, en especial los de pequeña escala. Se documenta la participación de 1 mil 141 cultivadores.

“Quienes están registrados en el PAE vendieron a las OPF un estimado de 405.7 millones de quetzales en los primeros cuatro desembolsos de este año. La cifra representa un impulso económico para las comunidades agrícolas”, detalló el citado despacho.

Josselinne Santizo Fotógrafo: Danilo Ramírez
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Misión resalta desafíos en renovación de Cortes

Informe preliminar de comisión de OEA destaca retrasos, conflictos de interés e inclusión de candidatos que figuran en la Lista Engel y señalados por corrupción

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Serios desafíos, riesgos y demoras que ponen en riesgo la legitimidad y transparencia de la elección de magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones (CA), advierte la Misión Especial de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que acompaña la renovación de togados en su informe preliminar.

El grupo, conformado por Rosa Celorio y los abogados Rodolfo Pisa y Luis Marrey, ha seguido de cerca el proceso desde mayo de 2024. En conferencia de prensa, ayer, mencionaron que uno de los aspectos más preocupantes es la participación de 11 personas señaladas en la Lista Engel, sancionadas por actos de corrupción, que entregaron sus expedientes para ser considerados como candidatos y que siguen en el proceso. 

Además, resaltaron el conflicto de interés de 33 comisionados que se postularon, lo que ha afectado la transparencia del trabajo de las instancias. Además, hicieron evidentes los retrasos enfrentados debido a diferencias sobre la sede de las sesiones y la falta de acuerdos entre los delegados, en detrimento del cronograma inicial.

Refuerza demanda

Kevin López, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), destacó que este informe refuerza el deseo de los guatemaltecos por una renovación de Cortes y justicia independiente en el país. 

Asimismo, enfatizó la necesidad de que el Congreso de la República sea un filtro más para evitar que personas con señalamientos lleguen a ocupar uno de estos cargos.

Por su parte, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, dijo que el panorama no es positivo. “Estamos cayendo en el mismo pantano en el que estuvimos hace cinco y 10 años. No hay un cambio en la correlación de fuerzas y se mantienen activos los grupos que buscan usar las magistraturas para sus propios intereses”, explicó.

Además, hizo un llamado para que no se elija a candidatos conocidos por ser actores aliados de la corrupción, ni a magistrados que participaron en las comisiones, pues crean un conflicto de intereses. También se opuso a la reelección de togados que ya ocupan cargos en las Cortes.

Fuerte reto

José Chic, diputado del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), resaltó el compromiso que todos los legisladores deberán tener al momento de evaluar y votar por los candidatos incluidos en los listados.

“No nos podemos dejar llevar por las calificaciones; hay personajes que recibieron cien puntos, pero eso no refleja su idoneidad, honorabilidad, capacidad y honradez, que es lo que debe priorizarse”, comentó. Chic también enfatizó el deber de los parlamentarios de valorar las tachas y señalamientos presentados por la sociedad civil y que no fueron tomados en cuenta durante la evaluación.

Los legisladores Alma Luz Guerrero y Román Castellanos, del partido Movimiento Semilla, coincidieron con la postura de Chic en cuanto a la necesidad de hacer público y de conocimiento del cuórum del Congreso las observaciones presentadas, así como las sanciones internacionales contra algunos candidatos.

“Vamos a votar por la gente más proba y capaz. Trataremos que las personas que han tenido malas prácticas en la justicia no lleguen. Haremos nuestra lucha para que las Cortes mejoren”, afirmó Guerrero.

Castellanos enfatizó: “Desde el Congreso existe la oportunidad de hacer una votación consciente sobre la elección de Cortes para que sean más independientes y apegadas a derecho”.

El informe de la OEA también subraya la falta de incentivos para la participación de mujeres e indígenas en el proceso, y en cómo los estándares internacionales de derechos humanos han sido desatendidos.

Asimismo, reitera la necesidad de garantizar la transparencia y la honorabilidad en la elección de jueces, enfatizando la importancia de la independencia judicial para consolidar la democracia en Guatemala.

Finalizan evaluación de expedientes

El presidente de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Miquel Cortés, informó que se concluyó la evaluación de expedientes en la segunda parte de la quinta sesión. Se revisaron 312 documentos, de los cuales 113 no superaron la línea de corte de 73 puntos, quedando 199 postulantes.

Además, se recibieron pruebas de descargo y se escuchó al Movimiento de Reconciliación Nacional. La sexta sesión se realizará el 22 de septiembre para la votación final. La nómina se entregará al Congreso el 23 de septiembre, que decidirá quiénes integrarán la Corte Suprema por los próximos cinco años.

Algunas observaciones

• Retrasos significativos al conformar las comisiones y definir una sede.

• Baja representación de mujeres e indígenas.

• Período corto para recibir candidaturas.

• Inclusión de candidatos cuestionados y señalados de corrupción.

• Desestimación de tachas presentadas por la sociedad civil.

• Conflictos de interés por la participación de comisionados.

• Falta de transparencia al momento de calificar méritos éticos.

• Influencias externas y presiones políticas.

• Falta de criterios sólidos y estrictos para evaluar candidatos.

Luis Carrillo Fotógrafo: Mariano Macz
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