EN EL PAÍS
Estado recupera tributos
El Estado de Guatemala cierra la brecha fiscal por la devolución de Q780 millones en impuestos de Aceros de Guatemala S.A. el 6 de mayo, así lo dieron a conocer autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Ministerio Público (MP) y Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El Estado de Guatemala cierra la brecha fiscal con la devolución de Q780 millones en impuestos de Aceros de Guatemala S.A. empresa que se vio obligada a devolver el dinero el 6 de mayo, así lo dieron a conocer autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Ministerio Público y Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
«Es el cobro y reposición de impuestos más grande que se ha registrado en la SAT y la recaudación tributaria se elevará de manera importante», expresó el superintendente Juan Francisco Solórzano.
La empresa devolvió Q780 millones por impuestos, más multa del 100 por ciento e intereses, informó el titular de la SAT, quien añadió que con el cobro y reposición de los tributos, se podrá reducir o minimizar la brecha fiscal acumulada en el año, y garantizar el funcionamiento de las instituciones del Estado.
Según datos de la Superintendencia, hasta abril de este año, la recaudación supera los Q12 mil millones, pero la brecha fiscal es de Q431 millones en los tres primeros meses, y hoy se estaría aumentando con Q350 millones más, haciendo un total de Q781 millones; pero con este pago, aseguró Sandoval, la brecha quedaría cerrada con una diferencia de un pequeño remanente.
EN EL PAÍS
Gobernación confirma que ha enviado a 131 presos a cárcel readaptada para máxima seguridad
El Gobierno de Guatemala confirmó este lunes que ha enviado a 131 reos de alta peligrosidad a una cárcel reformada en el sur del país donde existe máxima seguridad a todo nivel y se dispuso que los reclusos porten uniforme de color naranja.
«Esta es una de las acciones de mayor alcance en la historia del Sistema Penitenciario», aseguró el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, en una rueda de prensa en la cual detalló que fueron 131 los reos ya trasladados.
«Por primera vez en la historia del país, un Gobierno ha decidido enfrentar de lleno la crisis penitenciaria, con una visión estratégica, operacional y de respeto a los derechos humanos, sin que esto último signifique que NO seamos restrictivos y contundentes», resaltó Jiménez.
Por su parte, el portavoz del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León, Santiago Palomo, calificó como «hito histórico» lo que se ejecuta con el manejo de los reos de alta peligrosidad.
El traslado se llevó a cabo durante el pasado fin de semana desde varias prisiones, a la nueva cárcel reformada, anteriormente conocida como ‘El Infiernito’ y rebautizada como ‘Renovación I’.
La prisión se encuentra ubicada en el departamento (provincia) de Escuintla, unos 60 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, y fue reformada durante el último semestre, ahora con capacidad para 250 reclusos de alta peligrosidad.
El traslado del fin de semana requirió de refuerzos en tierra y también vigilancia con helicópteros de las fuerzas de seguridad en la cárcel denominada ‘Pavón’, en las afueras de la Ciudad de Guatemala, de acuerdo a diversas fuentes.
La renovación del nuevo reclusorio culminó el pasado 5 de noviembre con la presencia en el lugar del presidente Arévalo de León, quien advirtió que las cárceles ya no serán «centros del crimen», ya que de acuerdo a diversos informes miles de extorsiones que se realizan mensualmente en Guatemala tienen su origen en las prisiones.
Guatemala cuenta con alrededor de 20 mil personas privadas de la libertad, de acuerdo a cifras oficiales de 2023, lo que representa aproximadamente un 300 por ciento de sobrepoblación en las prisiones del país centroamericano.
Las identidades de los 131 presos trasladados a ‘Renovación I’ durante el fin de semana no fueron divulgadas por las autoridades.
La nueva cárcel tiene capacidad para 250 reos de alta peligrosidad, quienes serán controlados con un circuito cerrado de cámaras, además de máquinas de rayos X para vigilar todo lo que ingresa a la prisión.
AGN
Con el objetivo fortalecer la actividad chiclera en el país y regular la extracción y comercialización de producto del género Manilkara spp. (chicozapote) con énfasis en las en las áreas de distribución natural de la especie, el Congreso de la República emitió el Decreto Número 23-2024, el cual contiene la Ley para Promover y Fortalecer la Actividad Chiclera, el cual fue sancionado por el presidente de la República, Bernardo Arévalo.
También se busca con esta ley, cuya aprobación se logró con el voto de las dos terceras partes del total de diputados al Congreso, que la actividad beneficie al trabajador chiclero y el desarrollo de las comunidades.
Asimismo, deroga el decreto 99-96 del Congreso, el cual contiene la Le para el Aprovechamiento y Comercialización del Chicle y para la Protección del Árbol de Chicozapote.
Implementación de normas
Además, al quedar derogada esta ley, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab), según su competencia y jurisdicción deberán incorporar e implementar a las normas y procedimientos técnicos y administrativos el género Manilkara app.
Igualmente, estas instituciones deberán elaborar los procedimientos y normas que sean necesarias para incentivar la investigación y manejo sostenible del chicozapote en las áreas y bosques naturales y plantaciones donde este se encuentre.
El decreto 23-2024 también estipula que, con la derogatoria del decretp 99-96, los activos del Consejo Nacional de Chicle (Conachi) pasarán a ser parte del patrimonio del Conap, no sin antes llevar a cabo la liquidación de obligaciones de esta.
A partir de la vigencia de la nueva ley, tanto el Conap como el Inab tendrán un plazo no mayor de 60 días para establecer las tarifas por el aprovechamiento de los productos del génera Manilkara app., de acuerdo con su jurisdicción.
Asimismo, estas instituciones, y otras con las que sea necesario, deberán mantener una coordinación estrecha a fin de que se cumpla con la observancia de las atribuciones que les correspondan.
Por último, el decreto 23-2024 entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial.
Con la firme intención de proteger a los guatemaltecos acerca de los riesgos asociados a la migración irregular, la vicepresidenta Karin Herrera hizo un llamado a denunciar estafas.
“Si alguien les ofrece la venta de alguna visa, denúncienlo. Estamos aquí para ustedes y para resguardar sus derechos”, instó la vicemandataria al inicio de la primera edición de ExpoCap, en la 6a. avenida, y 14 calle, zona 1 capitalina, cuyo objetivo es informar, orientar y apoyar a los ciudadanos, en el marco de la campaña Que el sueño de emigrar no se convierta en pesadilla.
“Nuestro mayor anhelo es que aquellos que desean irse encuentren aquí las oportunidades que buscan fuera de nuestras fronteras”, afirmó.
Danilo Rivera, director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), indicó que el evento, que congrega a 16 instituciones del Consejo de Atención y Protección (CAP) “es solo el comienzo, y se expandirá en 2025 a Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Quetzaltenango, Alta Verapaz y Escuintla”.
