COLUMNAS
Libertad económica (I)
Gonzalo Villalta
Catedrático de Derecho Internacional Público
En estos tiempos de polarización ideológica vacíos, con imprudente frecuencia, de rigor filosófico y de compromiso formativo, resulta oportuno reflexionar sobre el significado y la importancia de la libertad económica tal como es concebida por el pensamiento liberal clásico anglo-británico, desde John Locke a Friedrich Hayek.
Esta escuela de pensamiento define la libertad económica como la capacidad del ciudadano para trabajar, emprender, realizar transacciones, poseer propiedades y utilizarlas. Presupone el reconocimiento estatal de esos derechos cívicos en pro de la actividad económica autónoma y de la propiedad personal y productiva, ambos garantes de la libertad de producir y distribuir bienes y servicios.
En última instancia, es la libertad conjunta de propiedad privada y de contrato o, más sencillamente, la libertad de elección tanto en propiedad como en contrato.
Así definida, la libertad económica se traduce en la libre agencia económica en el mercado que, a su vez, lleva a la prosperidad y, a través de la prosperidad, a la estabilidad en paz social.
La libertad económica es buena porque favorece al bien común en la prosperidad y
estabilidad.
No solo permite que “la gente buena haga el bien”, como escribió célebremente Milton Friedman junto con su mujer Rose en Libre para eligir, sino que también incentiva a la gente mala a hacer igualmente el bien. La libertad económica es buena porque favorece al bien común en la prosperidad y estabilidad.
Este pensamiento se sostiene en la idea del orden espontáneo, entendiendo que la interacción voluntaria e interesada entre agentes económicos minimiza el desperdicio, maximiza la producción, efectúa una distribución óptima y eficiente de los recursos, promueve la innovación creativa y facilita la interdependencia sociopolítica.
La libertad económica, en definitiva, facilita la felicidad particular en el bien común, principio central e integrador de la ética social que, a su vez, se define como el pleno desarrollo de la personalidad humana, es decir, la realización integral y sostenible tanto para el individuo como para la comunidad.
La libertad económica es, por tanto, un medio para un fin en el sentido de condición necesaria, aunque no suficiente; es parte de la suma de aquellas condiciones de la vida social, como la paz, la justicia, la abundancia, la salud y la seguridad, que permiten a los individuos y a las comunidades un acceso completo y rápido a su propia realización.
Entendida así, la libertad económica no niega que los derechos individuales de propiedad privada, tan importantes para la dignidad humana y su desarrollo, son susceptibles de regulación por parte de la autoridad pública en interés de la comunidad: es más, el Estado tiene una función legítima en la administración de esquemas de justicia distributiva en aras de la equidad en la medida en que no revocan sistemáticamente la libertad económica.
El bien de la comunidad política legitima la regulación de la actividad económica para corregir los monopolios y otras fallas y fraudes del mercado. También la tributación; bien para financiar subvenciones en efectivo, la provisión compasiva (justa, en definitiva) de bienes públicos esenciales (salud, vivienda, educación), o apuntalar la dignidad humana básica, especialmente la de aquellos que, involuntariamente, son incapaces de representar su propia agencia económica.
Tomando de patrón el liberalismo clásico y la economía del laissez-faire, para el constitucionalismo de libre mercado la autoridad pública tiene como obligaciones fundamentales.
Continuará…
Contra el tiempo se encuentran las dos comisiones de postulación que deberán presentar al Congreso de la República los listados de candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia, CSJ y de Corte de Apelaciones.
De no haber sido por la insistencia -llegando a la terquedad- de un grupo de comisionados que desde el inicio se opusieron a que la sede para trabajar fuera la Universidad Rafael Landívar, ambas comisiones postuladoras no estarían ahora con el tiempo en su contra.
Evidente que la intención desde el inicio fue perder tiempo, con el propósito de que las nóminas de candidatos no estuvieran listas y con ello permitir que los actuales magistrados siguieran en sus puestos más allá del 13 de octubre, que es cuando por ley deben asumir las nuevas autoridades judiciales.
Cuando aún estaba en la Dirección de Comunicación del Congreso, participé en la primera reunión donde el rector de la Universidad Landívar, el padre Míquel Cortés -quien preside comisión para CSJ- mostró con gran entusiasmo cómo habían acomodado un espacio grande en esa casa de estudios, para albergar a los comisionados. “Miren, qué bonito, contamos con espacios amplios, con el equipo de tecnología, con parqueos, con lugares para que la Prensa y los ciudadanos interesados, puedan observar el desarrollo del trabajo encomendado; estamos listos”.
Esa reunión era para establecer en qué podía ayudar el Congreso, dado que es el que convoca a la integración de esas comisiones y más adelante con nóminas de candidatos en mano, deberá elegir a los futuros magistrados. Solicitaron Constituciones de la República, impresoras, detectores de metales y personal de protocolo.
No sabía el padre Míquel que desde la primera reunión, un grupo de comisionados, encabezados por actuales magistrados y otros del Colegio de Abogados, a puro tubo querían que la sede fuera la Corte Suprema de Justicia. Peor aún, se opusieron a avanzar en la agenda hasta que no se resolviera su deseo.
Tuvo que salir el presidente de la CSJ, Oscar Cruz, a decir que no contaban con la infraestructura necesaria para ser la sede de las postuladoras. También, se evaluó el edificio del Legislativo. Fue hasta el 17 de agosto que por fin y tras someter a votación, acordaron que siempre sí, la Universidad Landívar.
Fueron más de 1 mil 500 expedientes de aspirantes los que contrarreloj debieron entrar a evaluar los comisionados, todavía el pasado fin de semana estaban conociendo las tachas planteadas en contra de postulantes. Entre todo este estira y encoge, cabe resaltar la observación asidua del Movimiento Pro Justicia, de la Prensa, de Guatemala Visible, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el papel fundamental que siguen teniendo en favor de la justicia los pueblos originarios.
“Recibí una petición por escrito de un representante que viajó 11 horas desde Ixcán, un hombre de la tercera edad como yo; eso habla de que el pueblo quiere cambio y cambio queremos todos” dijo a Plaza Pública, Raúl Arévalo, quien preside la Comisión de Postulación de Apelaciones. De su experiencia dirigiendo ese ente integrado en su mayoría por abogados, manifestó a ese medio digital “Aquí puede pasar cualquier cosa, la ley no es lo que dice la ley, sino lo que se interprete de ella”.
Los ojos y esperanza están puestos, de momento en el trabajo de las postuladoras y dentro de poco en el Congreso de la República. La justicia nos ha estado debiendo a todos los guatemaltecos, se necesita y urge un cambio.
Los corruptos avanzan. Las comisiones de postulación no logran frenar sus embates. Varios de los popularmente señalados pasaron a la siguiente fase, favorecidos por sus compinches del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Podrán decir de todo. Podrán argumentar lo que sea. Pero el actuar de estos personajes no necesita de ninguna evaluación profunda para encontrarlos culpables de cometer actos evidentes que han atentado contra nuestra débil democracia.
Sus casos armados sin fundamento lógico ni legal son suficientes como para que cualquiera, con dos dedos de frente, los hubiese dejado fuera del proceso de escogencia.
Claro, los coyotes de la misma loma siempre se protegen entre sí. Para dejar fuera a estos personajes no era necesario tomar en cuenta que tienen prohibido el ingreso a más de 30 países en el mundo. Que son reconocidos en todos ellos como agentes corruptos que atentan contra la democracia guatemalteca.
Es suficiente con revisar los argumentos que presentan en sus casos, sin pies ni cabeza para entenderlos.
Por supuesto que quienes les dan la razón son personajes de su mismo bando. Personajes que pululan en el lado oscuro de la fuerza y conducen las riendas de juzgados comprometidos con el mal y la corrupción, capaces de emitir sentencias con esos argumentos que hasta los que no somos abogados nos damos cuenta de que carecen de peso. Pero allí siguen escalando.
Las Comisiones de Postulación no han logrado mantener viva esa esperanza que muchos teníamos de que el cambio comenzara por esa instancia. Demostrado está que entre sus miembros siguen dominando los corruptos.
Habrá que esperar si finalmente en el Congreso de verdad está la luz y el grupo de legisladores que en las últimas instancias ha estado votando a favor de leyes que beneficien a la población en general, nos da la grata sorpresa de elegir magistrados que no estén vinculados con las mafias y peor aún sean parte de ellas.
El tiempo avanza y las cosas se comienzan a poner color de hormiga. La ley indica que el 13 de octubre deben tomar posesión de sus cargos los nuevos magistrados de la CSJ, así como los de las Cortes de Apelaciones y, por lo que se ve, el avance de los malos sigue con fuerza.
Urge reformar la ley de Comisiones de Postulación y muchas más, porque mientras el control de la mayoría de instituciones esté en manos de los abogados, al menos de esos tramposos y marrulleros que hacen y deshacen a su antojo lo que quieren con nuestro Estado de derecho, parece que el caso de Guatemala es de desahucio.
Con el fin de que la población guatemalteca conozca el Proyecto de Presupuesto 2025 el cual se presentó al Congreso de la República el pasado 2 de septiembre, informamos a la población que dicho documento puede ser consultado desde cualquier parte del país y el mundo, ya que se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Finanzas. El Presupuesto 2025 prioriza la inversión social e infraestructura económica y contempla mayores mecanismos para cuidar de los fondos públicos. Este presupuesto es el primero que se diseña bajo la visión del presidente Bernardo Arévalo. El objetivo principal es alcanzar las metas que se ofrecieron a la población y responder a las necesidades de todos y cada uno de los habitantes.
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig, recalcó que la ejecución de este presupuesto para 2025 incrementará la producción de bienes y servicios destinados a promover, proteger, y garantizar los derechos a la educación, la salud, la protección social, la vivienda, y la seguridad, así como fomentar la inversión pública, logrando con ello contribuir a un mayor dinamismo de la actividad económica y el empleo en todo el territorio nacional.
El presupuesto para la inversión en infraestructura económica será de 29 mil 653 millones de quetzales, aumentando un 45.9 por ciento en comparación con el presupuesto de 2024 (datos sin tomar en cuenta la ampliación presupuestaria) esta inversión se traducirá en mejoras en las carreteras y caminos rurales, puertos y aeropuertos, programas de agua y saneamiento ambiental, electrificación, entre otros rubros, además incluye los recursos para la compra de los trenes y vagones que darán vida a la primera línea del metro en la ciudad de Guatemala.
Los ministerios que se encargan directamente del desarrollo social (Mineduc, MSPAS, Mintrab) ejecutarán un presupuesto estimado de 46 mil 510.9 millones de quetzales, lo que significa un aumento en promedio del 22.9 por ciento con respecto al 2024. Este presupuesto con mayor énfasis en las personas trae consigo el cumplimiento de metas de mejora en la cobertura y calidad de los servicios. En educación se invertirá en alimentación escolar, becas, remozamiento de escuelas, servicios que beneficiarán a unos 3.2 millones de niños, niñas y jóvenes, habrá mejoras en el acceso a medicamentos, apoyo económico a los adultos mayores y la garantía de recursos para financiar los programas de veteranos militares y pensionados civiles.
