EDITORIALES
El MP debe parar la agresiva persecución política que impulsa
Las conclusiones que se obtienen tras las consultas realizadas a expertos en derecho y analistas políticos deben preocupar a los guatemaltecos, porque implican que el Ministerio Público (MP) promueve un plan que busca generar temor entre sus opositores, en especial contra aquellos que demandan que se
investiguen los casos de supuesta corruptela cometida en el período de Alejandro Giammattei.
Los términos empleados por las personas a las que se entrevistó evidencian la intranquilidad que se está generando, dada la persistencia del ente investigador de concentrar sus esfuerzos en quienes considera sus rivales de ocasión.
En síntesis, los analistas utilizan palabras como amedrentar, intimidación y perseguir, para ponerle nombre a las acciones del MP y se recuerda que, en su momento, fiscales a las órdenes de Consuelo Porras intentaron revertir los resultados de los comicios presidenciales, lo que conllevaba pasar sobre la voluntad popular y generar ingobernabilidad.
En esta ofensiva se han abierto procesos a defensores de los derechos humanos y periodistas, sin olvidar a dirigentes del partido Semilla, incluidos el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera. Aunque el llamado a la cordura y al respeto del Estado de derecho es imprescindible, también es cierta la posibilidad de que la exhortativa vuelva a caer en saco roto, dado que la citada funcionaria y sus subalternos tratan de autoprotegerse y evitar una eventual cita con la justicia.
En este sentido, conviene resaltar la segunda coincidencia que surgió después de las consultas con los expertos, la cual señala la necesidad de que el Congreso de la República conozca y, eventualmente, avale la reforma a la Ley Orgánica del MP propuesta por el jefe de Estado, la cual abriría el camino para el retiro de Porras.
De lo contrario, advierten los mismos entrevistados, los diputados, funcionarios, empresarios y ciudadanos en general corren el peligro de convertirse en presas de una institución que, al parecer, perdió el control y la sensatez.
La concepción es uno de los ciclos más maravillosos de los seres humanos. Muy similar a la satisfacción que se siente cuando se cierra la carrera intermedia o la universitaria. Tan ilusionante como la consecución del primer trabajo o la compra de bienes muebles e inmuebles que evidencian el desarrollo y crecimiento propio o ajeno.
Sin embargo, la vida no siempre es justa. Nos dificulta cerrar etapas. A veces golpea con fuerza y nos pone en situaciones complicadas. En desventaja frente a nuestros contemporáneos. En ocasiones, se pierden los derechos y se obliga a adquirir compromisos que no se desean. Para los que no se está preparado.
El embarazo en niñas y adolescentes es uno de esos momentos difíciles, porque obligan a saltarse los procesos naturales de la vida. Complicado entender estas situaciones.
Aunque nos sean familiares. Pese a que podríamos haber sido o ser testigos de estos abusos. Porque hay que decirlo: la gestación de menores es una acción ilícita que debe perseguirse y castigarse. La impunidad torna imposible cerrar ese círculo perverso.
Pero intentemos ponernos en los pies de esas pequeñas y jóvenes de 10 a 17 años que resultan esperando bebé. De esas adolescentes a quienes se les detiene el derecho a realizarse como estudiantes y profesionales que, de repente, dejan de ser niñas y pasan a ser madres. Menores que no pudieron elegir su destino y se ven arrastradas a una convivencia que no quieren ni merecen.
Lamentablemente, Guatemala continúa llevando una carga muy pesada en este sentido. Los registros de embarazos en niñas y adolescentes siguen preocupando. El más reciente reporte del Observatorio de Salud Reproductiva, agosto 2024, consigna 38 mil 488 embarazos y nacimientos, de los cuales 1 mil 298 fueron concebidos por niñas de 10 a 14 años.
Números oficialmente registrados, que reflejan tiempos que hay que revertir. Como lo expresó la presidenta en funciones, Karin Herrera, en su visita a Huehuetenango, el departamento con el segundo mayor índice en este tipo de casos. Este es un compromiso de todos, un problema intolerable. Que obliga a actuar. A tomar acciones urgentes.
La justicia prevalece y permite avanzar en la lucha contra la corrupción. El presidente Bernardo Arévalo ganó la batalla. La Corte de Constitucionalidad (CC) cede y termina dándole la razón, no sin que antes tres de sus magistrados suplentes perdieran el derecho de ingreso a Estados Unidos. El máximo tribunal acepta que el mandatario y su equipo legal estaban en lo cierto.
La resolución de la CC tiene implicaciones que trascienden lo legal. Abarca lo moral y ético. Es, en dos platos, un paso más en el largo y espinoso camino por limpiar las instituciones públicas. Otro avance en la cruzada contra la corrupción impulsada por Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera.
Recordemos esta historia. El 8 de febrero pasado, el Gobierno decide remover al presidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Jorge Mondal Chew, y a su suplente, Luis Suárez Roldán, señalados de vínculos con Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
Contra el primero se presentaron pruebas de que había mentido cuando presentó documentos que, supuestamente, justificaban que tenía 10 años de experiencia en el sistema bancario, un requisito indispensable para optar al cargo.
Dieciocho días después, la CC ampara a Mondal y a Suárez y ordena su regreso al Bantrab. El 22 de mayo, el Gobierno vuelve a destituirlos, pero el 11 de julio tres magistrados suplentes de la CC los reinstalan.
En el ínterin, el 22 de agosto, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian A. Nichols, anuncia el retiro de la visa a una persona del sector financiero local. El 3 de septiembre de 2024, la administración de Joe Biden cancela los permisos de ingreso a esa nación de tres magistrados suplentes de la Corte.
Aunque en ningún momento las autoridades norteamericanas citan nombres. Basta sumar. Lo que sí quedó claro es la razón de las sanciones: “Socavar la democracia y el Estado de derecho de Guatemala”.
Los nuevos nombramientos en el banco aumentan la esperanza por un futuro prometedor. Muestran que se va por el camino correcto. Pero, también, abren la puerta para descubrir la podredumbre que se gestó en esa institución bancaria. La razón para obstaculizar esta batalla contra el latrocinio.
En su primer discurso como Presidente ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Bernardo Arévalo habló claro y directo. Valoró el surgimiento de esta nación joven. Creativa. Alegre e inquieta.
Aplaudió a los pueblos mayas, mestizo, garífuna y xinka que no se callan ante las injusticias. Que rechazan y evidencian a los corruptos. Elogió el papel asumido por la ciudadanía, que detuvo el intento de las mafias de irrespetar la voluntad popular manifestada en las urnas.
Durante su intervención, el dignatario alabó los cambios sociales que empiezan a surgir en el país. En especial, después de la batalla emprendida contra el saqueo de fondos públicos. Un sistema perfeccionado por la administración anterior para cooptar al Estado y hundir a Guatemala.
Recordó ese pasado autoritario, represivo, del cual esta nación se está liberando. Un pasado reciente promovido por delincuentes que siguen libres, porque permanecen protegidos por un sistema de justicia tomado, que cuida a los malhechores, pese a las múltiples denuncias que se han presentado. Querellas que señalan nombres, cargos y hasta montos presuntamente hurtados.
El gobernante guatemalteco también renovó sus convicciones sobre migración y medioambiente. La primera relacionada con la protección de los connacionales en el extranjero, pero también de quienes pasan o permanecen en el país. Defendió el derecho de todos a una migración inclusiva. Digna, que prioriza el respeto de sus derechos humanos.
En cuanto al ambiente, vale resumir su creencia de que es el principal desafío global, porque pone en riesgo las presentes y futuras generaciones. Sus pedidos a no olvidar e ignorar los conflictos internacionales también llamaron a la reflexión, en especial, porque afectan la paz y la seguridad mundial.
La disposición del Ejecutivo de resolver, pacíficamente, el diferendo territorial con Belice es otra evidencia del nuevo enfoque de gobernar que impera en el país. Una visión juiciosa, paciente, que suma, que el mundo escucha y respeta.
