EDITORIALES
Condiciones para la inversión son cada vez más óptimas
El encuentro que tuvo el presidente Bernardo Arévalo con representantes de la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales (Ascabi) le permitirá a la comunidad internacional validar los cambios democráticos y los esfuerzos por transparentar las instituciones públicas que Guatemala impulsa desde el 14 de enero pasado a la fecha.
En el intercambio, que convocó a las naciones que aglutinan el 40 por ciento de las exportaciones, el 65 de las importaciones y el 37 de la inversión extranjera, el mandatario detalló los avances de las políticas públicas que buscan facilitar el comercio con el mundo.
En este sentido, resultó importante su visión de que el Estado debe concentrarse en simplificar la venida de capitales mediante el fortalecimiento del Estado de derecho y la certeza jurídica, condiciones que generan confianza entre los empresarios y los organismos de cooperación.
Los llamados a invertir que ha hecho el binomio que integran Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera en diferentes espacios no han caído en saco roto. De hecho, en mayo recién pasado, Walmart comunicó que en los próximos cinco años traerá 700 millones de dólares, que permitirán crear 3 mil 500 empleos directos. Ayer, el Presidente anunció que en breve abrirá en el país la planta de almacenamiento y distribución de gas más grande de Latinoamérica, la cual dejará beneficios sociales y económicos incalculables.
Esta semana, Arévalo también informó que mediante un esfuerzo público-privado, en julio se empezará a construir la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal, que implicará ejecutar 140 millones de dólares, algo más de 1 mil millones de quetzales.
Desde siempre, Guatemala es reconocida por su riqueza natural, así como por el esfuerzo y emprendimiento de sus ciudadanos, fortalezas que habían sido opacadas por la desvergüenza de sus anteriores autoridades, que fueron marginadas como interlocutores válidos del país. Hoy, el mundo percibe y ve un pueblo unido, que tiene un único fin: el desarrollo y la prosperidad integral e inclusiva.
Para desplomar la infraestructura del país bastan un par de soplidos, es el chascarrillo recurrente que se escucha cuando se habla del constante derrumbe de puentes y carreteras. Lo cierto es que el tema, más que un chiste, es un asunto serio y delicado, sobre todo por las oportunidades de desarrollo que pierde el país con estos monumentos a la corruptela y al saqueo.
La reflexión viene a cuento luego de escuchar al ministro de la Defensa, Henry Sáenz, advertir la vulnerabilidad en que se encuentra la mayoría de estas plataformas, tanto por su mala calidad como por la despreocupación de las anteriores autoridades para darle el debido mantenimiento.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en su informe general por la época de lluvias, reportaba ayer que 31 puentes han resultado afectados y cinco destruidos; además de que 414 carreteras han sido dañadas a causa de las lluvias.
Lo cierto es que el reiterado número de desplomes y socavamientos debiera ser motivo para que un Ministerio Público (MP) independiente y comprometido inicie las pesquisas que permitan determinar si los daños son producto de la fuerza de la naturaleza o, como se cree, por la pésima calidad de las estructuras.
Claro, una Contraloría General de Cuentas comprometida con la decencia y probidad en la función pública estaría fiscalizando cada centavo invertido, para evitar el saqueo inescrupuloso del erario.
Los guatemaltecos merecen que los organismos del Estado den muestra de que, en verdad, no solo combaten las mafias, sino que persiguen a sus cabecillas y evitan, a toda costa, que se postulen a cargos públicos, dirijan las principales instituciones judiciales, investigativas, políticas o académicas de la nación o deambulen tranquilamente porque se saben inmunes y protegidos.
El panorama gris que enfrentan los ciudadanos, por la amenaza de un invierno potente e infraestructura frágil bastaría para que, en un acto de nacionalismo o expiación, el Congreso apruebe el reajuste del presupuesto que dote al Ejecutivo de los recursos que permitan que se refuercen o reparen esos reflejos del despojo.
Para la diputada Laura Marroquín, electa por el partido Semilla, el informe de la Alianza por un Congreso Eficiente muestra la manera en que algunos partidos que han gobernado, representados en el Organismo Legislativo, han “torpedeado” el trabajo del binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Para argumentar su criterio, la parlamentaria cita que solo el anterior ministro de Salud, Oscar Cordón (renunció el 12 de junio pasado), atendió 331 requerimientos, lo que hizo imposible que se concentrara en sus responsabilidades. Adicionalmente, advierte de situaciones parecidas que atraviesan otros integrantes del Gabinete, lo cual, concluye, paraliza la función pública.
Entre las conclusiones del citado grupo, compuesto por las organizaciones Guatemala Visible, Fundación Proyecto de Vida y Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, destaca que los representantes del pueblo utilizan más tiempo en convocar funcionarios e inquirir al Ejecutivo, que en el análisis de iniciativas que promuevan las mejoras sociales y económicas que necesita el país.
Además, vislumbran que en el segundo semestre del Legislativo se pueda abusar del derecho de interpelación, lo que redundaría en mayores retardos en el Gobierno.
Las democracias, sistema que impera en Guatemala gracias a la oposición social a la intentona golpista que surgió tras las elecciones generales de 2023, definen claramente las funciones de los Organismos del Estado y muestran, con mucha claridad, el papel de cada uno para conseguir el bienestar total de los ciudadanos.
De esa cuenta, sería torpe cuestionar el papel fiscalizador de los diputados, siempre y cuando ese derecho, como todos los demás, no limite o impida funciones consagradas en la Constitución Política de la República, como pareciera suceder cuando se interpreta el informe de la Alianza.
Además, conviene que los diputados, antes de ordenar casas ajenas, arreglen la propia, y noten que su ejecución presupuestaria a mayo era la más baja de los últimos cinco años, que 14 de las 38 salas no recibieron proyectos de ley y que de los 12 decretos solo dos vinieron del actual Pleno.
Sí, los pesos y contrapesos son indispensables para el funcionamiento respetuoso y efectivo de las instituciones, pero cuando se utilizan para otros fines debe reprobarse y, por el bien del país, exigir que sea corregido.
La descripción que hace el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, de la red vial del país es clara y contundente. Según el funcionario, el país vive, valga el término, una “tormenta perfecta” producto de irresponsabilidades de anteriores administraciones como el abandono de puentes y carreteras,
poco mantenimiento y pésimas construcciones, sumado a la actual imposibilidad del Estado
para ejecutar los recursos de los que dispone ante la ausencia de partidas presupuestarias que avalen legalmente la inversión.
En una cita de trabajo en el Congreso de la República, el funcionario describió el desastre del sistema de conexión terrestre heredado por los últimos gobiernos, el cual priorizó el saqueo de fondos públicos.
Alvarado destacó que la época de lluvias apenas comienza y aunque los aguaceros no son extremos, las carreteras ya resienten los daños. Lo ocurrido en el tramo ubicado en el kilómetro 44 de Palín, Escuintla, y en el puente Colorado, El Progreso, Jutiapa, dimensionan los estragos que las precipitaciones pueden causar en infraestructuras que, en apariencia, no tuvieron los diseños, trabajos y mantenimientos que las condiciones ameritaban.
La debacle se termina de complicar por los términos de los contratos suscritos, los cuales dejan en clara desventaja al Estado y en franca superioridad a los contratistas. Si esto fuera insuficiente, hay que recordar que en la actualidad el Organismo Ejecutivo cuenta con los fondos para atender la emergencia, pero no puede invertirlos puesto que necesita que el Congreso autorice las partidas que legalicen los desembolsos.
La emergencia que atraviesa Guatemala requiere acciones prontas y compromisos serios de funcionarios, políticos y parlamentarios. Aprobar el Estado de Calamidad que permita prevenir desastres mediante la rápida intervención de la infraestructura que lo requiera y disponer de fondos para reparar la que se desplome es el primer paso.
El segundo, de capital importancia, es que se persiga y castigue a los responsables de estas perversidades, cuyos nombres y rostros son altamente conocidos, aunque, al parecer, muy cuidados por jueces y fiscales.
