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EDITORIALES

Congresistas deben parar el sabotaje al Gobierno

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Para la diputada Laura Marroquín, electa por el partido Semilla, el informe de la Alianza por un Congreso Eficiente muestra la manera en que algunos partidos que han gobernado, representados en el Organismo Legislativo, han “torpedeado” el trabajo del binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

Para argumentar su criterio, la parlamentaria cita que solo el anterior ministro de Salud, Oscar Cordón (renunció el 12 de junio pasado), atendió 331 requerimientos, lo que hizo imposible que se concentrara en sus responsabilidades. Adicionalmente, advierte de situaciones parecidas que atraviesan otros integrantes del Gabinete, lo cual, concluye, paraliza la función pública.

Entre las conclusiones del citado grupo, compuesto por las organizaciones Guatemala Visible, Fundación Proyecto de Vida y Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, destaca que los representantes del pueblo utilizan más tiempo en convocar funcionarios e inquirir al Ejecutivo, que en el análisis de iniciativas que promuevan las mejoras sociales y económicas que necesita el país.

Además, vislumbran que en el segundo semestre del Legislativo se pueda abusar del derecho de interpelación, lo que redundaría en mayores retardos en el Gobierno.

Las democracias, sistema que impera en Guatemala gracias a la oposición social a la intentona golpista que surgió tras las elecciones generales de 2023, definen claramente las funciones de los Organismos del Estado y muestran, con mucha claridad, el papel de cada uno para conseguir el bienestar total de los ciudadanos.

De esa cuenta, sería torpe cuestionar el papel fiscalizador de los diputados, siempre y cuando ese derecho, como todos los demás, no limite o impida funciones consagradas en la Constitución Política de la República, como pareciera suceder cuando se interpreta el informe de la Alianza.

Además, conviene que los diputados, antes de ordenar casas ajenas, arreglen la propia, y noten que su ejecución presupuestaria a mayo era la más baja de los últimos cinco años, que 14 de las 38 salas no recibieron proyectos de ley y que de los 12 decretos solo dos vinieron del actual Pleno.

Sí, los pesos y contrapesos son indispensables para el funcionamiento respetuoso y efectivo de las instituciones, pero cuando se utilizan para otros fines debe reprobarse y, por el bien del país, exigir que sea corregido.

Editor DCA
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EDITORIALES

Los corruptos muestran la cara para bloquear la gestión del Gobierno

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«Vimos al monstruo de cerca y de frente”. Con esas palabras resumió Félix Alvarado, encargado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la más reciente mafia descubierta por el actual Gobierno, la cual intentó hacerse de otro millonario negocio a costa del erario.

La intentona corrupta denunciada por el presidente Bernardo Arévalo y el funcionario citado precedió a la decisión de 95 diputados, quienes bloquearon el Estado de Calamidad propuesto por el Ejecutivo, con el cual se agilizarían los trabajos para reparar o reconstruir carreteras y puentes afectados por las intensas lluvias y por las deficiencias en las obras pactadas por el Gabinete de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

La nueva estructura criminal identificada en el CIV, denunciada ayer por Arévalo y Alvarado, evitó que el Gobierno adjudicara, de manera transparente y a precios de mercado, los trabajos para reparar el socavón ocurrido en el kilómetro 44, ruta Palín, Escuintla. Las acciones ilegales y descaradas de esta mafia, que vieron imposible continuar el saqueo del presupuesto, llegaron al colmo de persuadir a uno de los tres integrantes de la Junta Calificadora de ofertas, a fin de que no autorizara las labores para rehabilitar el tramo vial mencionado.

Es evidente que los criminales de cuello blanco y conciencia negra, cual murciélagos, se sacuden al ver que la transparencia y la probidad que alumbran las compras del Estado y hacen lo imposible para evitar que se consolide la nueva primavera, una época que va en contra de sus insanos intereses y sus convicciones de vida.

Ayer, 95 congresistas le dieron la espalda a sus electores, porque, como lo afirmó el mandatario, prefieren la ruina del país a perder sus privilegios y ventajas, las mismas que, consideramos, les permiten lucir relojes, pulseras, cadenas y trajes imposibles de comprar con el salario decente de un trabajador del Estado.

Guatemala seguirá avanzando, pese a la oposición desvergonzada de los hampones, quienes aunque hacen todo por marchitar prematuramente la nueva primavera, no podrán evitar que
esta nación florezca y prospere como lo merecen sus pobladores.

Editor DCA
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EDITORIALES

Los diputados tienen en sus manos remediar las tragedias del pueblo

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Los congresistas tienen hoy otra cita con la historia y con el país. En sus manos está la aprobación del Estado de Calamidad, decretado por el Organismo Ejecutivo, el cual busca enfrentar los daños que las intensas lluvias han provocado en carreteras y puentes de todo el país.

Muchos de los parlamentarios, que hoy votarán a favor o en contra de la medida, vivieron experiencias similares durante la administración de Alejandro Giammattei, las que respaldaron y decidieron prorrogar como apoyo al Gobierno de turno, que necesitaba recursos monetarios para reparar o reconstruir infraestructura.

De hecho, durante las presidencias legislativas de Allan Rodríguez y Shirley Rivera, del partido Vamos, pasaron cuatro Estados de Emergencia, lo que permitió a Giammattei y su Gabinete desembolsar 3 mil millones de quetzales, el 90.2 por ciento de estos recursos erogados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), según datos de Guatecompras.

Con dicho monto, la referida cartera atendió la red vial, supervisó proyectos, volvió a levantar puentes, rehabilitó caminos y remozó escuelas, víctimas del desborde de ríos y derrumbes causados por la saturación de los suelos. Al menos eso justificaron, aunque la calidad y precios de mercado de las construcciones están en entredicho.

El Estado de Calamidad que conocerá hoy el Pleno no es un cheque en blanco y tampoco permite hacer fiesta con los recursos. La iniciativa precisa las entidades que pueden realizar las erogaciones; de hecho, solo son cuatro: los ministerios de Comunicaciones, Salud y Agricultura y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Además, esas inversiones deben concentrarse en atender destrucciones generadas por los aguaceros e imponen condiciones que ayudan a fiscalizar y a rendir cuentas.

El proyecto mencionado recibió el respaldo del presidente de la Asociación Nadional de Municipalidades (Anam), así como de alcaldes que requieren capital para asumir sus compromisos ante los electores. Finalmente, conviene reiterar que la cita de los congresistas es con la vida y el bienestar de los guatemaltecos, quienes esperan que aquellos que en junio de 2023 pidieron su voto hoy sean recíprocos y consecuentes con sus tristezas.

Editor DCA
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EDITORIALES

Similares desastres, las mismas causas, pero cambian los votos

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Durante la administración de Alejandro Giammattei, la bancada oficial y sus aliados políticos aprobaron cinco Estados de Calamidad, cuatro de ellos relacionados con los problemas que las intensas lluvias causaron en hogares e infraestructura. Dichas medidas habían sido implementadas por el Ejecutivo.

En una nota de prensa publicada el 28 de julio de 2020, en la página del Congreso de la República, se advertía que la determinación de los parlamentarios permite crear “medidas de emergencia a nivel nacional, garantiza acciones inmediatas para resguardar a la población, facilita el uso de los recursos bajo parámetros de transparencia, viabiliza e impulsa programas y proyectos de recuperación vial ante los desastres que han causado las lluvias en los últimos días”.

Hoy, algunos dignatarios que en aquellos tiempos justificaron y llegaron a convencer a sus colegas rechazan la propuesta planteada por las actuales autoridades, a pesar de que se trata de desastres similares, que han dejado las mismas consecuencias sociales y económicas en puentes y carreteras.

¿Qué los hace cambiar de parecer? ¿Qué motiva su renuencia a avalar un Estado de Calamidad que permitiría amortiguar eventuales consecuencias generadas por los aguaceros? Y, sobre todo, ¿por qué no se quiere resguardar a la población? Sería bueno escuchar, por ejemplo, a quienes cabildearon a favor de las medidas decretadas por Giammattei, con el fin de que “iluminen” a quienes no entienden estos cambios tan radicales y repentinos.

En aquellos momentos, como ocurre en estos tiempos, el país necesitaba la suma de esfuerzos para afrontar las calamidades dejadas por las condiciones climáticas. Obviando el posible trasfondo que cada congresista tuvo para emitir su sufragio, en esas ocasiones el Gabinete y los gobernadores departamentales contaron con los recursos suficientes para reparar los daños.

De esa cuenta, ¿por qué negarle esa oportunidad a la actual gestión? Así como los entonces funcionarios, los actuales deberán responder por la decencia y probidad con que ejecuten los fondos, así como por los controles que garanticen la calidad de la obra pública pagada con los impuestos.

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