EDITORIALES
La nueva primavera la construimos todos
El presidente Bernardo Arévalo recibió el apoyo político de los 48 cantones de Totonicapán, un pueblo que defendió el sistema democrático, luego del intento de golpe de Estado fraguado por el pacto de corruptos, que aún tiene injerencia en las instituciones llamadas a defender el Estado de derecho y contribuir a aumentar la decencia en las dependencias públicas.
En el encuentro se hicieron evidentes las coincidencias de visiones que tienen la dirigencia de estos pueblos y la del binomio integrado por Arévalo y Karin Herrera, así como los enemigos comunes a los que se enfrentan, los mismos que buscan bloquear la construcción de la nueva primavera.
Vale la pena resaltar la franqueza con la cual se expresan los interlocutores, quienes siempre anteponen sus principios y las necesidades de sus representados. De hecho, paralelo al respaldo que le hicieron saber al jefe de Estado, advirtieron que el aval ofrecido no es un cheque en blanco, sino más bien el norte que esperan que siga el Organismo Ejecutivo en su camino hacia la búsqueda de la prosperidad general de los guatemaltecos.
Es obvio que atender las demandas será un tarea titánica que deben enfrentar y resolver los gobernantes, sobre todo porque se trata de proyectos y obras, eternamente, desoídas por administraciones anteriores.
Lo cierto es que, como ya lo anticipó el Presidente, honrar estos reclamos es un acto de justicia social, pero también una recompensa para comunidades que siempre han aportado al bienestar del país, a pesar de que los organismos del Estado nunca han sido recíprocos con ellos.
Conviene destacar que el Ejecutivo ya comenzó las estrategias para remediar las injusticias, las cuales incluyen el nombramiento de gobernadores y gobernadoras más identificados con las necesidades de sus pueblos.
Además, estos nuevos funcionarios harán de la probidad un sistema de trabajo y primarán los derechos y oportunidades para las mujeres, el sector poblacional más olvidado, que ahora ven con optimismo su presente y futuro personal, familiar y social.
Ya era tiempo de que las aspiraciones y necesidades sociales se alinearan a las políticas públicas. Que los funcionarios pensaran en el beneficio de quienes más lo necesitan y no en el propio. Llegó la hora de atender los derechos primarios de un pueblo acostumbrado al desprecio, a ser explotado.
Vaya si no pasó tiempo. Debieron transcurrir 94 años. Sí, casi un siglo, para que el Estado diera vida, con seriedad y honradez, a un programa que permita a algunos guatemaltecos comprar su primera vivienda. Obtener el refugio familiar que, tal vez, fue el anhelo imposible de nuestros padres, abuelos y bisabuelos.
Porque, parafraseando lo expresado por el presidente Bernardo Arévalo, durante el acto en el que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) oficializó la entrega de 250 millones de quetzales para el fondo de vivienda, las residencias son más que cuatro paredes. Son la cuna de sueños y realidades. La satisfacción del deber cumplido y el albergue donde crecerán los hijos y nietos.
Similares sensaciones se registraron en Senahú, Alta Verapaz, donde el jefe de Estado participó en el acto de entrega de los primeros 50 mil aportes del Bono Único, que desembolsará 1 mil quetzales a 100 mil guatemaltecos, de 21 de los 22 departamentos del país. Asistencia que pretende financiar necesidades sentidas y elementales.
La entrega implica la posibilidad de llevar alimentos a la mesa o, como lo describe doña Julia Chu Caal en esta edición del Diario de Centro América, un rayo de esperanza ante la incertidumbre que causa la pobreza. El no tener qué comer.
Es imposible resolver los problemas más sentidos de los connacionales, los que, en buena medida, son producto de gobernantes corruptos, que hoy se saben intocables e impunes. Pero sí es posible comenzar. Trazar el rumbo que devuelva la esperanza. La ilusión. La vida misma.
Cuando concluya 2024, 350 familias tendrán un hogar dónde jugar con sus hijos. El Ejecutivo proyecta que en 2025 los beneficiados lleguen a 3 mil 500 y, al término de esta gestión, 10 mil compatriotas se conviertan en propietarios. Es cuestión de tiempo, de devolver los fondos públicos a los más necesitados. Todo pasa por satisfacer los sueños, esperanzas e ilusiones perdidas. Robadas e ignoradas.
Ayer no fue un día cualquiera para el Estado guatemalteco. De hecho, se vivió una jornada histórica. Sin caer en el optimismo excesivo, lo que aconteció puede marcar un antes y un después en la vida institucional y democrática.
Amílcar Pop Ac, exdiputado, abogado y docente, describió el suceso con bastante contundencia. “Por primera vez, en 200 años de la República, los pueblos indígenas entran al Congreso a presentar sus demandas y definir una agenda de nación”. La legisladora Sonia Gutiérrez lo calificó como el primer paso en el proceso que pretende
reconciliar a la sociedad.
Lo cierto es que, valga la reiteración, por vez primera, los tres dignatarios de los Poderes del Estado se comprometen, públicamente, a atender las demandas sociales que vienen de los pueblos indígenas. Los funcionarios asumen estas obligaciones, luego de escuchar los resultados de encuentros que representantes del Legislativo tuvieron con las comunidades originarias, en las que escucharon sus reclamos y exigencias para la construcción de un país incluyente y más democrático.
Algo muy parecido a lo que se vivió entre julio y agosto pasados, cuando el presidente Bernardo Arévalo recorrió los 22 departamentos del territorio, con un objetivo muy específico: escuchar las necesidades de las comunidades originarias, con el fin de suscribir acuerdos en los que se plasmaran compromisos asumidos por el Ejecutivo para resolver los requerimientos.
Durante la plenaria de ayer, la vicemandataria Karin Herrera reconoció la deuda y asumió un reto. Lo primero fue reiterar la necesidad de que el Estado salde el déficit que se tiene con los pueblos indígenas. Lo segundo, construir un sistema más plural y diverso, que se sustente en el diálogo, la tolerancia y el respeto de todos los sectores.
Los presidentes del Parlamento y del Organismo Judicial, Nery Ramos y Carlos Lucero, respectivamente, también asumieron la responsabilidad de responder a las exigencias indígenas. De cerrar brechas y abrir caminos.
En fin, presenciamos lo alcanzado por un movimiento que, como nunca antes, busca erradicar la exclusión, el racismo y que se continúe discriminando a los dueños de estas tierras. Quienes, por primera vez, se sientan atendidos y partícipes de las políticas públicas.
Francamente, pavorosa. Así describe el encargado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Félix Alvarado, el estado de la infraestructura vial heredada. Una situación que, a todas luces, rebasa las capacidades ejecutivas de la cartera y la de cualquier institución pública y privada, nacional o extranjera.
La situación, ya de por sí crítica, se complica cuando fenómenos naturales evidencian la poca calidad con que se construyeron las obras. Costosas, valga decir.
Un informe del CIV, presentado ayer por Alvarado, revela datos escalofriantes. Datos que alarman y ponen en perspectiva por qué esta cartera era la preferida de las mafias. La preferida del pacto de corruptos, para decirlo con claridad.
Este es el detalle: de los 1 mil 260 puentes que hay en el país, todos, absolutamente, todos, tienen complicaciones. Claro, hay diferencias. El 2 por ciento de esos pasos presenta “daños graves” y un 7 por ciento deterioros de “consideración”. Tampoco se requiere un estudio minucioso para concluir que las carreteras atraviesen las mismas circunstancias, aunque de tajadas mayores.
Lo cierto es que la mala calidad y la manera tan despiadada en que anteriores ministros de Comunicaciones distribuyeron los trabajos ha sido denunciado constantemente por la prensa. Una y otra vez el tema ha sido noticia. Un asunto delatado por expertos, que ha
pasado desapercibido para los organismos encargados de fiscalizar y aquellos responsables de perseguir y dictaminar la culpabilidad o inocencia.
En fin, ha existido un silencio ensordecedor. Incluso, entre los principales usuarios de estas infraestructuras y de los gremios empresariales más cercanos al tema. No digamos de la clase política, que alentaba las contrataciones y no paró de aprobar estados excepcionales que facilitaban el gasto. Sin supervisión seria. Impune.
Este sector que cerró filas en pro de las adquisiciones, hoy une fuerzas para cuestionar la labor de un Gobierno que carga con el lodo ajeno. Con los efectos del saqueo del erario, a manos de un pacto de corruptos que se sabe intocable. Protegido. Que tiene el apoyo de un sistema de justicia a su servicio. Cómplice.
