EDITORIALES
El Gobierno siempre llegará a los necesitados
La actual administración ha dado muestras de que además de preocuparse de las emergencias sanitarias o naturales, prefiere ocuparse de las soluciones y de planificar, en vez de improvisar.
Las experiencias en este sentido son varias, pero basta citar la atención que se dio al Covid-19, lo que permitió que el país enfrentará con eficiencia y efectividad la situación que generó múltiples problemas sociales y económicos en el mundo.
De esa cuenta, uno de los temas que ha acaparado la atención de las autoridades de Gobierno es el relativo a los efectos del cambio climático, cuyos extremos son responsables de lluvias extremadamente fuertes o sequías que causan calamidades.
Lo cierto es que, usualmente, ambos fenómenos, conocidos como La Niña y El Niño, provocan enormes perjuicios en las comunidades, en especial, en aquellas familias que cultivan granos y frutos para el autoconsumo. Ante la pérdida de sus labranzas, estas personas afrontan problemas de inseguridad alimentaria, las que dejan complicaciones en su salud.
Sin embargo, desde hace tres años y medio, y gracias a análisis y planificaciones serias y profundas, el Organismo Ejecutivo no solo ha atendido, sino que, en el mejor de los casos, se ha anticipado a las emergencias, con el fin de evitar el sufrimiento de los afectados.
El 2023 no es la excepción, razón por la cual el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), por instrucciones del presidente Alejandro Giammattei, se han preparado para llevar asistencia a los lugares más necesitados.
De momento, el MAGA dispone de 360 mil raciones de alimentos, las que serán distribuidas en zonas ya identificadas. Además, llegará a 100 mil familias con el seguro agrícola, el cual permitirá que los campesinos afronten con más solvencia y esperanza las crisis que genera la naturaleza.
Democracia inclusiva y participativa. Un Gobierno de representación plural. Un régimen que respete las diversidades de cultura y género. Eso reza el eje número 1 de la Política General de Gobierno 2024-2028, donde se precisan los objetivos que se plantea ejecutar el binomio del presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera, así como del Gabinete de ministros y secretarios.
En consonancia con dicho compromiso, el mandatario ha promovido acercamientos con los pueblos originarios. Ha escuchado y visto las obras y programas que impulsen el desarrollo individual, familiar y comunitario, en especial de las poblaciones mayas.
Herrera, principal encargada de las estrategias sociales, ha hecho lo propio. Su labor se ha centrado, principalmente, en tres de los grupos más vulnerables: mujeres, niños y ancianos.
El jefe de Estado también ha realizado giras de trabajo por todo el país, en las que se ha reunido y tomado el pulso sobre los requerimientos de cada uno de los 340 municipios del territorio nacional. Su proyecto municipalista permitirá incluir en las políticas de Estado las prioridades que plantean los propios vecinos.
En fin, un Gobierno que apuesta por la democracia, pero no de apariencia. Al contrario, que promueva un sistema real, que atienda y negocie con todos los sectores. Que no discrimine. Que incluya y no excluya.
De esa cuenta, en ocho meses (del 13 de marzo al 13 de noviembre) ha suscrito siete convenios con pueblos indígenas. Tratados en los que el Ejecutivo asume compromisos en materia de salud, educación y seguridad. Pero también en infraestructura productiva,
reactivación económica y, principalmente, sientan las bases que garantizarán la transparencia en el gasto público.
Los acuerdos no son expresiones de buena voluntad. Sueños irrealizables. Mentiras. Engaños. Reflejan la nueva relación entre el Ejecutivo y los pueblos originarios. Son las visiones de quienes verdaderamente piensan en el desarrollo de los guatemaltecos. De quienes fueron elegidos y quienes eligieron pensando en un cambio.
El discurso ofrecido ayer por el presidente Bernardo Arévalo no tiene desperdicio. Duele, aunque explica con mucha precisión la calaña de esos personajes de cuello blanco y conciencia negra que asaltaron el poder. Sí, literalmente saquearon el erario, ante el resguardo de los organismos llamados a perseguir y juzgar la corrupción.
La franqueza con la que el mandatario recreó los saqueos impresionó a quienes están acostumbrados a ver y denunciar estos abusos. Expertos que conocen las dimensiones de la mezquindad hecha codicia, quienes se reunieron en el Congreso Internacional de Innovación y Participación Ciudadana: Hacia un Sistema Nacional Anticorrupción.
Aunque los casos descubiertos son incontables, basta parafrasear al jefe de Estado para entender la gravedad del asunto. En cada archivo que se lee se encuentra “una historia de codicia, de robo desmedido y de descaro”. Cada gaveta, escritorio o casillero esconde lo más bajo del ser humano. Su ferocidad. El delirio por acumular riquezas y llenar caletas.
Cientos, cientos de plazas fantasmas. Con funciones y salarios asignados a aparecidos que revivían, puntualmente, mes a mes, para cobrar salarios que, posteriormente, financiaban partidos políticos y campañas electorales. Que servían para pagar apoyos y conciencias.
Mafias que se aprovecharon de las necesidades humanas. Que no respetaron las plagas ni las pandemias, como ocurrió con el negocio de la compra de vacunas contra la Covid-19, transacción que se negoció al más alto nivel, aunque no se quiera ver, investigar e iniciar los procesos penales respectivos.
Estas historias de infamia, desconocidas, se hace necesario contarlas. Sacarlas a luz, para que no se olviden, para que no se repitan. Aunque a algunos los canse saber sobre la corrupción que pululó en otros gobiernos.
Enfrentar la codicia y mezquindad que campeó en las administraciones anteriores. Pero aquí no cabe el silencio, la complicidad. Está visto que Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera no están dispuestos a voltear la vista, a hacerse los desentendidos.
Guatemala se merece mejores recuerdos. Reescribir su historia, pero sin dejar de señalar a quienes llevaron al país a la pobreza, al subdesarrollo, al despeñadero.
La firma de la Declaración de Chapultepec permite reflexionar sobre la necesidad de que los periodistas ejerzan su trabajo de manera libre. Sin temor a ser perseguidos o silenciados. O, en el peor de los casos, que se autocensuren para evitar represalias de quienes se creen y se sienten intocables. Es un acto que premia la complicidad y reprende a quien señala errores o descubre corrupción.
En ese marco se debe juzgar lo expresado por el presidente Bernardo Arévalo, quien se niega a que el sistema intimide y amenace a quienes se desempeñan en el mejor oficio del mundo, como lo dijera en su momento el laureado Gabriel García Márquez.
Frenar el trabajo de la prensa tiene el mismo sinsentido que pretender evitar que el médico cure, el ingeniero construya o el maestro enseñe. Es querer quitarle al fiscal su obligación y derecho a investigar o a un juez la facultad de juzgar.
Por eso, es bueno recordar y tener presente que no existe en el mundo una democracia que conviva con la mentira, que persiga, sin consecuencias, las libertades de prensa y expresión. Los guatemaltecos ya no toleran los abusos y el descaro de quienes juegan a reyes, de dictadorzuelos. De quienes no toleran la crítica.
Hoy, como lo advierte Arévalo y lo ha expresado la vicemandataria Karin Herrera, Guatemala avanza, se desarrolla, en pensamiento y obra. El Organismo Ejecutivo está abierto a los juicios de valor. Conoce la trascendencia del libre juego de ideas. De las visiones plurales. Escucha y medita. No persigue, no calla, no intimida.
Suscribir la Declaración de Chapultepec va más allá de un asunto de principios. Es la creencia absoluta de que la verdad siempre debe prevalecer. Por muy dura que sea. Se oponga quien se oponga.
Después de las malas experiencias recién vividas. Tras la obvia criminalización del ejercicio, el Gobierno abraza el decálogo de principios que vienen con el citado documento.
En especial, lo relativo a que la prensa “y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”. Y, menos aún, que se sancione la crítica o que se persiga a quienes denuncien el abuso de poder. Sobre todo, cuando el poder ha sido abusivo, corrupto y, además, intolerante.
