EDITORIALES
Comedores Sociales con buenos resultados
Los esfuerzos por la salud van también por el rumbo de la buena alimentación. Por ello las entidades de gobierno que trabajan por la seguridad alimentaria y en la lucha contra la desnutrición, como la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), han desarrollado programas especiales en los que participan nutricionistas, médicos, antropólogos, trabajadores sociales y psicólogos, con el propósito de combatir los flagelos como el hambre y la desnutrición crónica.
Uno de esos programas especiales, que busca llevar ayuda inmediata a los que más lo necesitan, es el Comedor Social, que tiene como objetivo brindar a la población necesitada acceso a la alimentación mientras dure su situación de vulnerabilidad o la crisis.
Esto se hace con alimentos elaborados a partir de menús específicos, pensados en torno al balance nutricional que debe ingerir una persona cada día, y para ello se hace una selección de productos de calidad y se observan los más altos estándares de sanidad en todo el proceso.
Estos Comedores son ubicados en áreas geográficas urbanas y rurales afectadas por fenómenos naturales, cerca de escuelas y hospitales, o donde haya demanda comunitaria por alguna situación de vulnerabilidad.
El Mides ha ubicado comedores en: Alta Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Guatemala y Escuintla. También en Huehuetenango, San Marcos, Retalhuleu, Quiché, Jalapa, Jutiapa, Izabal y Zacapa.
En el primer trimestre del año, el Mides hizo un recuento de las raciones entregadas por medio de los Comedores Sociales, y la suma reveló que se han servido no menos de 774 mil raciones, entre desayunos y almuerzos.
El Gobierno tiene proyectado abrir 25 Comedores Sociales más en puntos estratégicos del país durante este año, para ayudar a las personas de escasos recursos en su nutrición diaria con alimentos a bajo costo y, en algunos casos, alimentos sin costo alguno.
Ya era tiempo de que las aspiraciones y necesidades sociales se alinearan a las políticas públicas. Que los funcionarios pensaran en el beneficio de quienes más lo necesitan y no en el propio. Llegó la hora de atender los derechos primarios de un pueblo acostumbrado al desprecio, a ser explotado.
Vaya si no pasó tiempo. Debieron transcurrir 94 años. Sí, casi un siglo, para que el Estado diera vida, con seriedad y honradez, a un programa que permita a algunos guatemaltecos comprar su primera vivienda. Obtener el refugio familiar que, tal vez, fue el anhelo imposible de nuestros padres, abuelos y bisabuelos.
Porque, parafraseando lo expresado por el presidente Bernardo Arévalo, durante el acto en el que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) oficializó la entrega de 250 millones de quetzales para el fondo de vivienda, las residencias son más que cuatro paredes. Son la cuna de sueños y realidades. La satisfacción del deber cumplido y el albergue donde crecerán los hijos y nietos.
Similares sensaciones se registraron en Senahú, Alta Verapaz, donde el jefe de Estado participó en el acto de entrega de los primeros 50 mil aportes del Bono Único, que desembolsará 1 mil quetzales a 100 mil guatemaltecos, de 21 de los 22 departamentos del país. Asistencia que pretende financiar necesidades sentidas y elementales.
La entrega implica la posibilidad de llevar alimentos a la mesa o, como lo describe doña Julia Chu Caal en esta edición del Diario de Centro América, un rayo de esperanza ante la incertidumbre que causa la pobreza. El no tener qué comer.
Es imposible resolver los problemas más sentidos de los connacionales, los que, en buena medida, son producto de gobernantes corruptos, que hoy se saben intocables e impunes. Pero sí es posible comenzar. Trazar el rumbo que devuelva la esperanza. La ilusión. La vida misma.
Cuando concluya 2024, 350 familias tendrán un hogar dónde jugar con sus hijos. El Ejecutivo proyecta que en 2025 los beneficiados lleguen a 3 mil 500 y, al término de esta gestión, 10 mil compatriotas se conviertan en propietarios. Es cuestión de tiempo, de devolver los fondos públicos a los más necesitados. Todo pasa por satisfacer los sueños, esperanzas e ilusiones perdidas. Robadas e ignoradas.
Ayer no fue un día cualquiera para el Estado guatemalteco. De hecho, se vivió una jornada histórica. Sin caer en el optimismo excesivo, lo que aconteció puede marcar un antes y un después en la vida institucional y democrática.
Amílcar Pop Ac, exdiputado, abogado y docente, describió el suceso con bastante contundencia. “Por primera vez, en 200 años de la República, los pueblos indígenas entran al Congreso a presentar sus demandas y definir una agenda de nación”. La legisladora Sonia Gutiérrez lo calificó como el primer paso en el proceso que pretende
reconciliar a la sociedad.
Lo cierto es que, valga la reiteración, por vez primera, los tres dignatarios de los Poderes del Estado se comprometen, públicamente, a atender las demandas sociales que vienen de los pueblos indígenas. Los funcionarios asumen estas obligaciones, luego de escuchar los resultados de encuentros que representantes del Legislativo tuvieron con las comunidades originarias, en las que escucharon sus reclamos y exigencias para la construcción de un país incluyente y más democrático.
Algo muy parecido a lo que se vivió entre julio y agosto pasados, cuando el presidente Bernardo Arévalo recorrió los 22 departamentos del territorio, con un objetivo muy específico: escuchar las necesidades de las comunidades originarias, con el fin de suscribir acuerdos en los que se plasmaran compromisos asumidos por el Ejecutivo para resolver los requerimientos.
Durante la plenaria de ayer, la vicemandataria Karin Herrera reconoció la deuda y asumió un reto. Lo primero fue reiterar la necesidad de que el Estado salde el déficit que se tiene con los pueblos indígenas. Lo segundo, construir un sistema más plural y diverso, que se sustente en el diálogo, la tolerancia y el respeto de todos los sectores.
Los presidentes del Parlamento y del Organismo Judicial, Nery Ramos y Carlos Lucero, respectivamente, también asumieron la responsabilidad de responder a las exigencias indígenas. De cerrar brechas y abrir caminos.
En fin, presenciamos lo alcanzado por un movimiento que, como nunca antes, busca erradicar la exclusión, el racismo y que se continúe discriminando a los dueños de estas tierras. Quienes, por primera vez, se sientan atendidos y partícipes de las políticas públicas.
Francamente, pavorosa. Así describe el encargado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Félix Alvarado, el estado de la infraestructura vial heredada. Una situación que, a todas luces, rebasa las capacidades ejecutivas de la cartera y la de cualquier institución pública y privada, nacional o extranjera.
La situación, ya de por sí crítica, se complica cuando fenómenos naturales evidencian la poca calidad con que se construyeron las obras. Costosas, valga decir.
Un informe del CIV, presentado ayer por Alvarado, revela datos escalofriantes. Datos que alarman y ponen en perspectiva por qué esta cartera era la preferida de las mafias. La preferida del pacto de corruptos, para decirlo con claridad.
Este es el detalle: de los 1 mil 260 puentes que hay en el país, todos, absolutamente, todos, tienen complicaciones. Claro, hay diferencias. El 2 por ciento de esos pasos presenta “daños graves” y un 7 por ciento deterioros de “consideración”. Tampoco se requiere un estudio minucioso para concluir que las carreteras atraviesen las mismas circunstancias, aunque de tajadas mayores.
Lo cierto es que la mala calidad y la manera tan despiadada en que anteriores ministros de Comunicaciones distribuyeron los trabajos ha sido denunciado constantemente por la prensa. Una y otra vez el tema ha sido noticia. Un asunto delatado por expertos, que ha
pasado desapercibido para los organismos encargados de fiscalizar y aquellos responsables de perseguir y dictaminar la culpabilidad o inocencia.
En fin, ha existido un silencio ensordecedor. Incluso, entre los principales usuarios de estas infraestructuras y de los gremios empresariales más cercanos al tema. No digamos de la clase política, que alentaba las contrataciones y no paró de aprobar estados excepcionales que facilitaban el gasto. Sin supervisión seria. Impune.
Este sector que cerró filas en pro de las adquisiciones, hoy une fuerzas para cuestionar la labor de un Gobierno que carga con el lodo ajeno. Con los efectos del saqueo del erario, a manos de un pacto de corruptos que se sabe intocable. Protegido. Que tiene el apoyo de un sistema de justicia a su servicio. Cómplice.
