EN EL PAÍS
En julio se sumarán más agentes al Sistema Penitenciario
En la última fase de capacitación se encuentran los 190 aspirantes que se graduarán el 25 de julio del año en curso como agentes de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), para fortalecer los controles en los centros carcelarios.
Esta es la XXIII Promoción que se integrará a las filas de las fuerzas de seguridad, luego de 6 meses de instrucción. El acto de graduación se llevará a cabo en la Escuela de Estudios Penitenciarios, Fraijanes, informó Rudy Esquivel, portavoz de la DGSP.
«Los nuevos elementos fueron capacitados en áreas claves que están enfocadas en procedimientos operativos bajo los ejes de trabajo del Ministerio de Gobernación. Brindar una adecuada atención y supervisión de las medidas de resguardo en las penitenciarías fue parte de las enseñanzas que recibieron», indicó Esquivel.
El vocero dijo que para contribuir a optimizar la formación académica del nuevo equipo, la etapa de cierre de la capacitación fue inspeccionada por Elliot Palma, subdirector general de la DGSP.
Entre señalamientos, retos y exigencias ciudadanas asumió ayer la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2024-2029. A pesar de los cuestionamientos contra varios de los togados, persiste la esperanza por un sistema independiente y comprometido con la democracia y el Estado de derecho, coinciden analistas y dirigentes sociales.
Los expertos indicaron que los guatemaltecos confían en que estas nuevas autoridades logren un verdadero cambio por el bien de todos los ciudadanos.
Tienen como principales retos, entre ellos quienes se harán cargo de las Salas de Apelaciones, recuperar la credibilidad y rescatar la justicia, reducir la mora judicial y mejorar la calidad de las resoluciones, detallan los consultados.
A defender la soberanía
En la toma de posesión de los togados participó el mandatario Bernardo Arévalo y el titular del Congreso, Nery Ramos, como representantes de los organismos Ejecutivo y Legislativo,
respectivamente.
Carlos Rodimiro Lucero Paz, presidente en funciones de la CSJ, dijo: “Los invito a que nos inscribamos en la historia de Guatemala”. Luego, hizo un llamado a superar estereotipos que fomentan la confrontación y propuso buscar consensos para fortalecer la independencia y soberanía de la nación, en la que los tres poderes del Estado sean los protagonistas.
El magistrado agregó que los togados son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución Política de la República y a las leyes.
Lucero Paz manifestó que su compromiso es velar porque ese organismo cumpla con llevar una justicia independiente a los guatemaltecos.
Asimismo, aseguró: “La justicia de Guatemala está en buenas manos. Yo prefiero que sean mis actos y mis hechos los que hablen por mí, en lugar de mis
palabras”.
Por su parte, el titular saliente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Cruz, aseguró que durante los 10 meses al frente del OJ se impulsaron acciones, desde el acceso a la justicia, particularmente en aquellas comunidades abandonadas.
Además, destacó que los ejes fundamentales de su mandato fueron la celeridad, transparencia y la accesibilidad en los procesos judiciales.
Grandes desafíos
Édgar Ortiz, abogado y experto en derecho constitucional, comentó que las nuevas Cortes tienen desafíos importantes, entre ellos recuperar la credibilidad en la justicia, que está en entredicho por todas las acciones que se han observado en los últimos años contra operadores de justicia, periodistas y defensores humanitarios.
Ahora les corresponde demostrar que tienen un compromiso no solo con la imparcialidad, sino por la ineficiencia del sistema, que está sobrecargado y lento, que no responde a las necesidades de la
población.
“En los ranquin aparece nuestra justicia civil entre las cuatro peores del mundo y la penal, entre las 15 más deficientes. Rescatarlas de esa ineficiencia también es un reto”, afirmó Ortiz.
Quedaron en deuda
Las Cortes salientes dejaron una deuda enorme, en términos de la poca capacidad de respuesta del sistema, por el poco interés que hubo en recuperar la justicia. Quizá, la saliente tiene muy poca responsabilidad porque estuvo 10 meses en el cargo; pero la anterior, que permaneció casi 9 años, dejó mucho que desear, añadió el experto.
Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), consideró que la población espera que las Salas de Apelaciones mejoren la calidad de las resoluciones y la temporalidad en la que se emiten las mismas, y que la mora judicial baje a niveles aceptables.
Quezada agregó que lo mismo ocurre con la CSJ, que también maneja un lado jurisdiccional. Por parte de la actividad administrativa se espera que implementen mecanismos para facilitarle a toda la administración de justicia una ruta donde, en conjunto, se pueda hacer mejor calidad de fallos y en el menor tiempo posible.
Además, mencionó que otro reto es el tiempo para emitir dictámenes, la logística en la interacción que hay entre los juzgados y el resto de administración de justicia, para ir abreviando los tiempos. Asimismo, el analista señaló que para que puedan hacer una demostración objetiva sobre su gestión, tienen que plantear una línea base de cómo encontraron todo y, después de los cinco años, demostrar que han mejorado en todos los índices.
“Deben tener parámetros de medición, para que se pueda decir realmente si avanzó o retrocedió la justicia en Guatemala”, puntualizó Quezada.
Igualdad e independencia
Por su parte, Rodolfo Rohrmoser, expresidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), dijo que lo que esperan los guatemaltecos es que los magistrados respeten fundamentalmente el principio de independencia judicial y que le den a todo el mundo el trato de igualdad en la aplicación de la ley.
Añadió que entre los principales desafíos está la presa tan elevada que tienen de retraso. Recomendó que la activen, que no retarden la administración de justicia y que sea como exige la Constitución Política de la República.
De acuerdo con el experto, a la población no le queda nada más que confiar en los magistrados, darles el beneficio de la duda y esperar que cumplan su función correctamente.
“Mientras, los togados deben desvirtuar las acusaciones que se les hace de vinculación con el pacto de corruptos”, indicó.
Oportunidad
La defensa de la democracia de Guatemala es una de las tareas que deben desempeñar los magistrados a Cortes electos, indicaron en conferencia de prensa representantes de ocho organizaciones
religiosas.
Los nuevos togados de la CSJ y de Salas de Apelaciones tienen la oportunidad de darle un nuevo giro a la administración de justicia y decirle no a la impunidad, indicó Héctor Midence, del Consejo Ecuménico.
Midence afirmó que hubo oscuras maniobras para la elección de los magistrados, lo que permitió que pasaran candidatos de poca idoneidad, “aun cuando las comisiones de postulación fueron presididas por excelentes profesionales.
Sin embargo, los religiosos esperan que los encargados de conducir la justicia del país en los siguientes cinco años hagan un buen trabajo en defensa del bien común y no al servicio de la mafia o de la impunidad.
Las organizaciones y el pueblo en general deben darle seguimiento en este nuevo período al trabajo que efectuarán los nuevos togados, expresaron los religiosos. La ceremonia de toma de posesión de la nueva CSJ se efectuó en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 capitalina.
En el acto participaron, además de Arévalo, la vicemandataria Karin Herrera, ministros de Estado, diputados, Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país y otros invitados especiales.
Antes de esta ceremonia, fueron juramentados los togados de las Cortes de Apelaciones en el Palacio de Justicia, quienes también acudieron a la toma de posesión en el mencionado recinto.
Bajo observación
Del total de 13 abogados que tomaron posesión en la Corte Suprema de Justicia, solamente fueron reelectos tres del período saliente: Claudia Paredes Castañeda, Gustavo Morales Duarte y René Girón Palacios.
El proceso de elección de la nueva CSJ estuvo vigilado por una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a petición del jefe de Estado, debido a la importancia de la designación para el futuro de la lucha contra la corrupción en el país.
Ello, debido a la manipulación sufrida en la elección de los togados de 2014 y también de 2019, documentada en investigaciones y procesos judiciales.
La designación de los 13 magistrados de la Corte actual se decidió finalmente la semana antepasada en el Congreso de la República, de un total de 26 postulantes finalistas. Los aspirantes fueron depurados por parte de la Comisión de Postulación, que empezó su trabajo en agosto pasado.
Un informe preliminar de la misión de la OEA, que vigiló el proceso, determinó en septiembre último que existieron algunas irregularidades en la designación de los postulantes, como por ejemplo descartar cualquier queja a la honorabilidad de los aspirantes. La sociedad civil y entidades projusticia también denunciaron anomalías.
El combate de la desnutrición es una de las prioridades del Gobierno, y la meta es reducir este fenómeno un 10 por ciento al finalizar la presente administración. Mireya Palmieri, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), explica que la entidad también se enfoca en atender la malnutrición.
¿Cuáles son los avances de la Sesan este año?
Una prioridad ha sido completar las delegaciones. Hemos reclutado a 70 monitores en regiones priorizadas como Huehuetenango, Quiché, Sololá, Totonicapán y Chimaltenango. En las comisiones municipales departamentales de seguridad alimentaria y nutricional se ha capacitado a más de 5 mil personas de otras instituciones públicas en las prioridades de la Secretaría y del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. En el levantamiento de información del Registro Social de Hogares hay avances al cubrir a 40 mil personas. Ya se levantó la información del quinto censo nacional de talla en
escolares.
¿Qué metas tienen para finalizar el año?
La obtención de datos y estudios y ejecutar la ampliación presupuestaria a cabalidad. Tenemos el compromiso con el Registro Social de Hogares, en apoyo al Ministerio de Desarrollo Social. Al mismo tiempo, vamos avanzando en la iniciativa Mano a Mano.
¿Y al concluir la actual administración?
La Política General de Gobierno plantea, como meta de los cuatro años, reducir un 10 por ciento la desnutrición crónica. Creemos que se puede lograr, como ocurrió de 2000 a 2008, cuando hubo una baja en la desnutrición crónica, más o menos un punto porcentual por año.
¿Cómo está la formación del personal?
Hemos capacitado al personal del área central en temas como planificación, monitoreo y evaluación. A raíz de las prioridades del Gobierno y la nueva Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ahora también nos enfocamos en la malnutrición que incluye los problemas de desnutrición por déficit y los de nutrición por excesos.
¿Cuál es el panorama de este asunto en el país?
Tenemos más de la mitad de las mujeres en edad fértil con inconvenientes de sobrepeso y obesidad, y uno de cada dos niños menores de 5 años con desnutrición crónica.
¿Existen estrategias con más prioridad?
Se trabaja en la iniciativa Mano a Mano, los planes municipales y comunitarios para prevenir la desnutrición aguda, así como la estrategia de comunicación para el cambio social y de comportamiento.
EN EL PAÍS
Gobierno intensifica acciones contra la desnutrición aguda
Plan Municipal y Comunitario facilitará la prevención y atención en localidades con mayor morbilidad y mortalidad
En el marco de la quinta reunión de la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), presidida por la vicemandataria Karin Herrera, fue aprobado el Plan Municipal y Comunitario para el Abordaje de la Desnutrición Aguda.
El objetivo es intensificar las acciones de prevención y atención de la enfermedad en áreas con mayor carga de morbilidad y mortalidad, de acuerdo con lo indicado.
Herrera afirmó durante la reunión de Conasan que el citado plan se implementará en 28 municipios priorizados y resaltó el compromiso del Gobierno con la niñez.
Además, aseguró que se dará seguimiento técnico y operativo para evaluar el progreso del trabajo de cada entidad involucrada en la tarea de luchar contra el fenómeno. “Esperamos que las acciones sean exitosas”, comentó la vicegobernante.
En cuatro fases
Mireya Palmieri, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), explicó que las iniciativas serán implementadas en cuatro fases: preparación y coordinación, socialización, elaboración de planes municipales y monitoreo de avances, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre, que prevé resultados para enero de 2025.
Palmieri resaltó que parte de la propuesta incluye la vigilancia de la calidad del agua, un factor clave para reducir infecciones diarreicas, que se pueden vincular con la desnutrición aguda, por lo que será un tema que podrá discutirse en el Gabinete Específico del Agua.
Por su parte, Maynor Estrada, titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), destacó que, entre enero y septiembre de 2024, el Gobierno ha entregado 20 mil raciones de alimentos a familias con niños en estado de desnutrición aguda, cinco veces más de lo distribuido por la administración anterior en 2023.
