COLUMNAS
2019 o 2023
¿Podría lograrse que la reforma del 157 (artículo157 de la Constitución) pudiera aplicarse en las elecciones de 2019 o tendría que esperar su aplicación hasta las elecciones de 2023?
Lo ideal sería que la reforma constitucional del 157 se hiciera cuanto antes, que pudiera ser ya aplicable en las elecciones de 2019 y que, así, en estas elecciones se pudiera inscribir como candidato a diputado todo, aquel que quiera hacerlo, y sin necesidad de que le postule un partido político. Lo ideal sería que para 2019 ya no existiera el monopolio que tienen los partidos.
Lo ideal sería que en esas elecciones de 2019 ya no hubiera un listado nacional de diputados y que todos los diputados (–todos– todos, sin excepción alguna) fueran electos por distritos pequeños, distritos en los que se elige un solo diputado –su diputado– y en los que gana la elección, sin fórmulas raras, el candidato que obtiene el mayor número de votos.
Lo ideal sería que en las elecciones de 2019 eligiéramos diputados que no tuvieran ya un mandato largo de 4 años, sino de 2, corto período que impide que se produzca la nefasta desconexión entre los electores y el electo: la siguiente elección, siempre a las puertas y el diputado atento a los intereses principios y valores de quienes lo eligieron, electores que pueden sostenerlo o sacarlo del Congreso, la reelección el premio y, la no reelección, el castigo.
Lo ideal sería que en las elecciones de 2019 ya no eligiéramos diputados suplentes (nido de tráfico de influencias) y que la campaña electoral fuera, como debe ser, más corta, barata y eficaz, caracteres propios de cualquier campaña, siempre y cuando, se realice en un distrito pequeño.
Lo ideal sería que –a través del sistema electoral de distritos pequeños– se diera una amplia participación de la población indígena en el Congreso, ganadores candidatos indígenas en múltiples distritos y que, de igual forma, estuvieran representados los guatemaltecos que se encuentran migrantes (se establecerían distritos electorales en el exterior de conformidad con los registros consulares).
Lo ideal sería que las elecciones de 2019 se celebrasen con un nuevo sistema para elegir a los diputados, porque –así– a partir del 14 de enero de 2020 tendríamos un Congreso integrado por diputados que, electos de forma distinta, serían percibidos con la representatividad que se merecen y se impone.
Usted llegaría a saber entonces –finalmente– quién es SU diputado, y todos tendríamos la percepción de estar –y estaríamos– representados en el Congreso, el Congreso, la clave de todo, puesto que se encuentran en manos del Congreso el presupuesto, las leyes y las más importantes decisiones nacionales. Si no hay Parlamento –si el Parlamento no funciona– si el ciudadano no se siente representado –y no está representado– la democracia es imposible.
Que las elecciones de 2019 se rigieran ya por este sistema sería lo ideal, pero, a estas alturas, parecería ya muy poco probable que pudiera lograrse, puesto que la reforma del 157 se encuentra –todavía– como un sueño lejano.
Aún no se ha producido el acuerdo del Presidente de la República en Consejo de Ministros que viniera a zanjar su decisión de promoverla, paso previo para que pudiera discutirse y aprobarse en el Congreso, aprobación que, en todo caso, tendría que someterse a la ratificación de todos los guatemaltecos en consulta popular. (Tienen también iniciativa de una reforma semejante 10 diputados y la Corte de Constitucionalidad, pero una reforma de tanta trascendencia debería surgir –así lo pienso– de quien representa la unidad nacional).
Se ha celebrado ya la consulta popular que debíamos celebrar sobre el tema de Belice, consulta que no podía realizarse simultáneamente con ninguna otra, puesto que se pactó con Belice que en la consulta a realizar se hiciera una sola pregunta, inteligente pacto para impedir confusión alguna y que rindió sus frutos: 26 % de asistencia en la consulta celebrada, 96 % de aprobación a lo propuesto y, la de Belice (si la palabra convence, el ejemplo arrastra) convocada ya para el 10 de abril del año entrante.
Ha concluido abril y, en consecuencia, la consulta sobre el 157, si aprueba el Congreso la reforma y aunque lo hiciera de inmediato –mayo– antes del 15 de mayo –mañana es 15 de mayo– fecha en que concluye el Congreso su período ordinario de sesiones –prácticamente imposible– fácilmente podría hacerse hasta agosto o septiembre. Esta costaría también, no 300, sino, aproximadamente, 180 millones de quetzales, consulta muy parecida a la anterior, un solo artículo el reformado y una sola la pregunta: ¿Ratifica usted la reforma del artículo 157 de la Constitución aprobada por el Congreso y cuya redacción ya reformado sería la siguiente: “…”? Cabe la convocatoria del Congreso a un período extraordinario de sesiones para conocer la iniciativa, si esta se produce, sin tener que esperar al próximo período de sesiones ordinarias, que se inicia el 1 de agosto (si la reforma se produjese en este nuevo período de sesiones, su aplicación para 2019 sería prácticamente imposible, obligada, como es su ratificación en consulta popular).
Si bien es cierto, que se trata de la reforma de un solo artículo, el 157 –una vez reformado– habría de definirse los distritos pequeños por el Tribunal Supremo Electoral (tarea que no es fácil). Se tendrían – si se hiciera en período extraordinario, lo que queda de mayo o temprano junio, y se ratificara en septiembre, finales, octubre, noviembre y diciembre para ajustar todo cuanto debe ajustarse para la aplicación del 157 reformado, incluidas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que obligarían a dictamen previo favorable de la Corte de Constitucionalidad. Si la aprobación se hiciera en agosto, la ratificación no podría lograrse sino hasta diciembre, y –en enero– se tiene que convocar a elecciones generales, imposible cambio alguno de cualquier regla de juego, cuando ya convocadas.
Es posible, pues, que el presidente Jimmy Morales ya no pudiera lograr la aprobación de esta reforma para su aplicación en las elecciones de 2019, pero bien podría ser su legado, ratificada la reforma del 157 en la elecciones de 2019, para que se aplique en las siguientes, las de 2023.
Las elecciones de 2019, con el actual sistema, vendrían a darnos –esto es inevitable– un tanto más de lo mismo, porque el problema no lo determinan las personas sino la forma de elegirlas, pero el hecho mismo de realizar la reforma, ratificada en esas elecciones, vendrá a darnos la paciencia necesaria –quizá– para esperar las elecciones de 2023 y, con estas, sí, la Guatemala, distinta, –la de todos– que el nuevo sistema vendría a hacer posible entre nosotros. 2019, lo ideal pero –de no ser posible– impostergable 2023. Sin la reforma del 157, cualquier cambio –de fondo– aunque sean mucho los partidos se hace prácticamente imposible.
Luis Rodrigo Carrillo Flores
Viceministro de Cultura
Guatemala es un país rico en diversidad cultural e historia, resultado de la fusión de las tradiciones indígenas mayas y la influencia colonial española. Sin embargo, a pesar de esta riqueza, la actividad del arte y la cultura en Guatemala enfrenta diversos retos para mantener la preservación de su patrimonio y el desarrollo de nuestra identidad.
Uno de los principales retos es la pobreza que afecta a más del 50% de la población guatemalteca, según datos del Banco Mundial. Esta realidad limita el acceso de muchas comunidades a actividades artísticas y culturales, desviando la atención y los recursos hacia la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, la salud y la educación, lo que a su vez implica que muchas iniciativas queden desatendidas, ya que las comunidades no pueden priorizar actividades que no sean de supervivencia
inmediata.
La falta de inversión en el sector cultural también es un desafío significativo. A menudo, los gobiernos han priorizado otras áreas de desarrollo, dejando al arte y la cultura en un segundo plano. Esto se traduce en falta de infraestructura adecuada, como museos, teatros y espacios públicos.
Abordar estos desafíos requiere un esfuerzo conjunto.
De esa cuenta, a nivel del Viceministerio de Cultura estamos convencidos que el apoyo gubernamental es vital para el fomento y desarrollo del quehacer cultural, y para que las iniciativas prosperen y lleguen a todo el país.
La globalización representa otro reto importante. Si bien la globalización puede facilitar el acceso a nuevas ideas y formas de expresión, también puede llevar a la homogeneización cultural, donde las tradiciones y prácticas locales son opacadas por influencias externas.
En Guatemala, esto es visible con el auge de la cultura pop global, que a menudo eclipsa las manifestaciones artísticas locales. La necesidad de promover y preservar la cultura guatemalteca ante esta tendencia es crucial, no solo para mantener la identidad nacional, sino también para fomentar el orgullo artístico-cultural.
Finalmente, el acceso a la educación cultural es fundamental para el desarrollo de una conciencia crítica y apreciativa entre la población. La educación formal en Guatemala enfrenta retos significativos, como la deserción escolar y la calidad de la enseñanza, factores en los cuales se está trabajando.
Sin una educación que fomente el conocimiento y la apreciación por las diversas formas de arte y cultura, será difícil construir un público que valore y participe activamente en la vida cultural del país. Por eso implementar programas educativos que integren arte y cultura guatemalteca en el currículo escolar y promuevan la participación de los jóvenes en actividades artísticas son vitales.
Abordar estos desafíos requiere un esfuerzo conjunto entre el gobierno, las comunidades y las organizaciones culturales para garantizar que la riqueza de Guatemala no solo se preserve, sino que también se celebre y se comparta con el mundo.
Las políticas constituyen uno de los escenarios estratégicos en materia de decisión pública sobre la identidad, las artes, los valores y el patrimonio tangible e intangible de nuestro país, de tal manera que desde nuestro viceministerio estamos haciendo no solo el trabajo necesario, sino también las proyecciones para que las políticas públicas sean sostenibles en el tiempo.
Patricia Letona D. Innovación y Relacionamiento Estratégico
¿Es posible combatir las mentiras con la verdad en un mundo donde las noticias falsas y la desinformación nos rodean? La respuesta es sí, pero va más allá de simplemente exponer hechos. Requiere una estrategia de comunicación que conecte emocionalmente, repita el mensaje y provenga de fuentes creíbles.
Peter Pomerantsev, reconocido experto en propaganda y desinformación, en su libro How to Win an Information War, cuenta la historia de Sefton Delmer, el propagandista británico que, con juegos psicológicos y distintas estrategias, usó la propaganda Nazi durante la II Guerra Mundial para ayudar a los aliados a ganar y desmoralizar a las tropas alemanas. En su obra explora cómo la desinformación se ha transformado en un arma poderosa en el escenario global.
Las campañas de influencia se dirigen a las emociones.
La democracia está en juego, ya que la desinformación socava la confianza en los líderes, las instituciones y el proceso político. Según Pomerantsev, la guerra de la información no se limita a la difusión intencional de mentiras.
Hoy día, las tácticas para manipular a la opinión pública incluyen la creación de cuentas falsas en redes sociales y la infiltración de medios de comunicación con objetivos oscuros. Para enfrentar esta amenaza, se necesita la cooperación de gobiernos, empresas tecnológicas y la sociedad civil.
La próxima semana, la Asamblea General de la ONU acogerá la “Cumbre del Futuro”, donde, según anunciaron, abordarán los desequilibrios del mundo digital. La desinformación es uno de los mayores peligros que enfrenta nuestra sociedad, aunque queda por ver si será tratada a fondo en este foro.
La velocidad con la que se difunden las mentiras supera a la de la verificación. Incluso los medios tradicionales, a pesar de su credibilidad, son vulnerables a la manipulación. Por ello, la alfabetización mediática es clave para que los ciudadanos distingan entre verdad y mentira. En contextos como emergencias sanitarias, desastres naturales o conflictos bélicos, esta habilidad puede ser literalmente una cuestión de vida o muerte.
Las campañas de influencia se dirigen a las emociones, como el miedo, la ira o el resentimiento, siendo una táctica efectiva para manipular la opinión pública. Las redes sociales son el principal campo de batalla, amplificando el alcance de la desinformación y polarizando a la sociedad.
La desinformación es un arma estratégica de largo alcance. La repetición constante de una mentira, por obvia que sea, puede impactar en las masas, influyendo en el entorno político y social.
Pomerantsev ofrece lecciones valiosas sobre las guerras de influencia actuales. La verdad por sí sola no es suficiente para combatir la desinformación; las mentiras bien estructuradas y repetidas pueden tener mayor impacto. Además, las narrativas emocionales son más poderosas que los hechos fríos, lo que hace que las campañas de propaganda manipulen las emociones para lograr sus objetivos.
La gente rechaza los hechos que no quiere escuchar, por lo que controlar la narrativa es esencial en cualquier guerra de información. Quien controla el mensaje público controla, en gran parte, la percepción de la realidad. Las mentiras se vuelven más creíbles cuando se alinean con prejuicios preexistentes o cuando falta pensamiento crítico. Incluso desmentidas, sus efectos perduran, alterando la memoria colectiva y debilitando la confianza pública.
Cuando la percepción se convierte en realidad recordamos la frase de Gabriel García Márquez: “La vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla”.
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas
CONADI, Guatemala.
La Lengua de Señas Guatemalteca (Lensegua), es el principal vehículo de comunicación para la comunidad sorda en Guatemala. Es un derecho humano fundamental que garantiza a las personas sordas su plena participación en la sociedad.
Sin embargo, el reconocimiento y la accesibilidad plena de esta lengua siguen siendo un reto dentro del contexto actual de derechos para personas con discapacidad.
A pesar de los avances normativos, como la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad (Decreto 135-96), la inclusión efectiva de las personas sordas aún enfrenta barreras significativas.
El respeto a la Lensegua contribuye a una sociedad más equitativa e inclusiva.
En Guatemala, la comunidad sorda sigue luchando para que la Lensegua, sea vista no solo como una herramienta de comunicación, sino como un derecho humano fundamental, a pesar de la ratificada por Guatemala en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD); que exige el respeto y la promoción de las lenguas de señas en todos los ámbitos de la vida de una persona sorda.
La coyuntura actual refleja un esfuerzo creciente de diversas organizaciones, como la Unidad de Lengua de Señas de CONADI y colectivos de personas sordas, para que la Lensegua, sea reconocida oficialmente, abogando por el establecimiento de políticas públicas más inclusivas, que no solo apoyen a las personas sordas en su acceso a la educación bilingüe (español y Lensegua), sino que también promuevan el aprendizaje de este idioma, la capacitación de intérpretes y el uso de la lengua de señas en los medios de comunicación, la justicia y la salud entre otros.
En Guatemala se establece el 23 de septiembre como el Día Nacional de la Lengua de Señas en Guatemala; considerado como un paso significativo hacia la visibilización y el respeto de los derechos lingüísticos de la comunidad sorda en el país; siendo clave para fortalecer la lucha por la inclusión y la accesibilidad, subrayando que la Lengua de Señas es un derecho humano.
Este día sirve no solo para celebrar la cultura y la identidad de la comunidad sorda, sino también para concienciar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión lingüística y la eliminación de barreras de comunicación.
La comunidad sorda hace un llamado a la inclusión plena, trabajando bajo un enfoque intersectorial que involucre a instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, y a la sociedad en general, para realzar el derecho a la Lensegua, fomentandosu uso no solo entre la comunidad sorda, sino también entre los oyentes, promoviendo una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad lingüística.
