La firma del Marco de Programación de País 2026-2029 entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) consolida la alianza estratégica orientada a enfrentar, como expone la vicepresidenta Karin Herrera, principal impulsora del acuerdo, desafíos históricos: pobreza rural, inseguridad alimentaria, desnutrición crónica, desigualdad territorial y vulnerabilidad climática.
Además, en su discurso, el titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), Carlos Mendoza, plantea una visión distinta de desarrollo concebida por el Ejecutivo, la cual incluye proyecciones con sentido territorial, inversión dirigida hacia comunidades olvidadas y políticas públicas vinculadas con resultados concretos en la vida de la población.
“No basta elaborar documentos técnicos ni acumular diagnósticos. El verdadero desafío consiste en transformar esos instrumentos en bienestar tangible para las familias”, se subraya en el documento.
Herrera también refiere un elemento lógico indiscutible, el cual advierte que la lucha contra la desnutrición comienza desde la primera infancia, donde “se juega buena parte del futuro nacional”. Sin nutrición adecuada durante los primeros dos años de vida, cualquier esfuerzo posterior llega tarde. De esa cuenta, combatir ese flagelo implica “fortalecer sistemas agroalimentarios sostenibles, ampliar oportunidades económicas rurales y garantizar acceso digno a alimentos saludables”.
El cambio climático, igualmente, desempeña un papel protagónico en este convenio, el cual queda a la vista con las temperaturas extremas vividas en la actualidad y las sequías prolongadas previstas. Pero más allá de los problemas generales citados, el acuerdo se centra en atender y reparar los efectos devastadores que el descuido ambiental ocasiona a pequeños productores.
En ese contexto, Herrera repara en la relevancia de aprobar normativas largamente postergadas, como la de aguas y la de promoción de la alimentación saludable.
Otro aspecto trascendental del tratado es el impulso hacia una economía social y solidaria capaz de dinamizar territorios excluidos del crecimiento tradicional, léase cooperativas, asociaciones productivas, imprendimientos comunitarios y redes rurales.
La trascendencia del Marco de Programación 2026-2029 reside en su capacidad para planificar, pero, más aún, de ejecutar. Porque, valga insistir, el desarrollo auténtico no se mide por la cantidad de acuerdos firmados, sino por el compromiso estatal de “garantizar alimentos, dignidad y futuro a la población”.
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