Me parece preocupante porque Guatemala podría ser incluida de nuevo en la lista de países que no colaboran en la lucha contra el lavado de dinero. Esto afectaría la imagen internacional del país y encarecería el crédito externo”, afirmó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, al ser consultado acerca de que el Congreso no aprobó la iniciativa 6593, ley integral para la prevención y represión de lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo.
El funcionario recordó que entre los cambios analizados por la Comisión de Economía se encuentra la sugerencia que hizo en cuanto a que los condenados por lavado puedan conmutar la multa impuesta por juez a cambio de un período adicional de cárcel. Esto haría que unas 2 mil 500 personas recuperen la libertad y reducir el hacinamiento en las prisiones.
Los parlamentarios no alcanzaron los consensos para aprobar el texto por artículos y redacción final durante el período ordinario de sesiones. Se buscará agendarla para las plenarias extraordinarias programadas entre el 2 y 3 de junio, informó Luis Contreras, presidente del Legislativo.
El intendente de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos (SIB), Juan Carlos Monroy, en entrevista a Emisoras Unidas, declaró que “la misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) no evaluará la intención de mejorar las estrategias para erradicar los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino los resultados visibles que se presenten a partir de ello”.
Impacto en remesas
Con respecto al impacto que tendría en el ciudadano, la SIB indica que en principio será el encarecimiento de los productos financieros, seguido por la dificultad en el envío de remesas hacia el territorio, el cual se ralentizaría.
“Cada transacción sería muy revisada por las instituciones que presten el servicio en los países donde están los migrantes; se identificará la procedencia de los fondos, será sometida a una valoración y análisis de cumplimiento antes de la autorización de la operación, fondos que serían liberados en dos o tres días, ya no de manera inmediata como es ahora”, explicó Monroy.
La Cámara de Finanzas de Guatemala indicó que la actualización del marco legal contra el blanqueo de capitales es necesaria “para fortalecer la confianza internacional, preservar la credibilidad del sistema financiero y mantener la alineación de nación con los estándares evaluados por Gafilat”.
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