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EDITORIALES

Unidos contra la violencia y el delito

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El pasado viernes, seis municipios del departamento de Sacatepéquez recibieron la Estrategia Departamental y las Políticas Públicas Municipales de Prevención de la Violencia y el Delito, en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Gobernación (Mingob), por medio de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV), a fin de establecer una articulación entre el Estado, los gobiernos locales, la organización comunitaria y ciudadana.

Con el proyecto, el Gobierno de la República avanza en mejorar la calidad de vida de los habitantes, pues los documentos establecen acciones que incidan en la baja de los hechos delictivos, como estrategias que redundan en el bienestar y protección a la población.

De acuerdo con las autoridades de UPCV, el citado modelo será replicado en el resto del país, para crear un ambiente libre de violencia, con el objetivo de que la ciudadanía pueda vivir en
armonía.

En esta ocasión, el proyecto benefició a los municipios de Santa María de Jesús, San Bartolomé Milpas Altas, Santa Lucía Milpas Altas, Santiago Sacatepéquez, San Antonio Aguas Calientes y Sumpango Sacatepéquez, que ahora cuentan con una guía que permitirá a los alcaldes, los líderes comunitarios y las fuerzas de seguridad trabajar en el ámbito de la prevención.

Los mencionados planes son una herramienta importante para la toma de decisiones desde el Ejecutivo en materia de políticas, programas, acciones, recursos y voluntades humanas para avanzar en la erradicación de los delitos que afectan la vida, la integridad y el
patrimonio de la ciudadanía. 

De esta manera, se da otro paso más para el desarrollo de las comunidades, pues el fortalecimiento de la seguridad, por medio de las acciones de prevención, permite a los guatemaltecos vivir en paz y trabajar en armonía por el bienestar de todos.

Editor DCA
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EDITORIALES

El MP debe parar la agresiva persecución política que impulsa

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Las conclusiones que se obtienen tras las consultas realizadas a expertos en derecho y analistas políticos deben preocupar a los guatemaltecos, porque implican que el Ministerio Público (MP) promueve un plan que busca generar temor entre sus opositores, en especial contra aquellos que demandan que se
investiguen los casos de supuesta corruptela cometida en el período de Alejandro Giammattei.

Los términos empleados por las personas a las que se entrevistó evidencian la intranquilidad que se está generando, dada la persistencia del ente investigador de concentrar sus esfuerzos en quienes considera sus rivales de ocasión.

En síntesis, los analistas utilizan palabras como amedrentar, intimidación y perseguir, para ponerle nombre a las acciones del MP y se recuerda que, en su momento, fiscales a las órdenes de Consuelo Porras intentaron revertir los resultados de los comicios presidenciales, lo que conllevaba pasar sobre la voluntad popular y generar ingobernabilidad.

En esta ofensiva se han abierto procesos a defensores de los derechos humanos y periodistas, sin olvidar a dirigentes del partido Semilla, incluidos el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera. Aunque el llamado a la cordura y al respeto del Estado de derecho es imprescindible, también es cierta la posibilidad de que la exhortativa vuelva a caer en saco roto, dado que la citada funcionaria y sus subalternos tratan de autoprotegerse y evitar una eventual cita con la justicia.

En este sentido, conviene resaltar la segunda coincidencia que surgió después de las consultas con los expertos, la cual señala la necesidad de que el Congreso de la República conozca y, eventualmente, avale la reforma a la Ley Orgánica del MP propuesta por el jefe de Estado, la cual abriría el camino para el retiro de Porras.

De lo contrario, advierten los mismos entrevistados, los diputados, funcionarios, empresarios y ciudadanos en general corren el peligro de convertirse en presas de una institución que, al parecer, perdió el control y la sensatez.

Editor DCA
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Remozar el sistema educativo dejó de ser un sueño

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La siguiente comparación permite dimensionar la diferencia entre las actuales autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) y las anteriores: de 2020 a 2023 se remozaron 9 mil 308 establecimientos (fuente: Sistema de Asignación y Dotación de Recursos), mientras que en los primeros cinco meses de 2024 ya se mejoraron 4 mil (42 por ciento) y se proyecta que en el transcurso del año se alcancen otras 6 mil para sumar 10 mil; es decir, más que en los cuatros años de la administración anterior.

Conviene decir que renovar los centros, un paso importante en la dignificación de maestros y alumnos, es apenas una parte de la estrategia del Organismo Ejecutivo que concibe la enseñanza como el camino para formar ciudadanos conscientes y capaces, como se consigna en el Plan de Gobierno.

De esa cuenta, el cambio impone construir un Pacto Nacional por la Educación, que involucre a todos los sectores, privados y estatales, que convierta al Mineduc en el órgano responsable de trazar un proyecto académico inclusivo, que venza las deficiencias de cobertura, en especial en primera infancia y nivel medio, así como que optimice la calidad de los conocimientos que se imparten.

Además, se avanza en recuperar la institucionalidad de la cartera, lo que implica autonomía absoluta en los asuntos administrativos y financieros y, sobre todo, en la construcción de procesos que prioricen la meritocracia, la transparencia y la rendición de cuentas. Un despacho abierto y sensible, pero fuerte en la toma de decisiones de beneficio colectivo y renuente a complacer intereses particulares o de grupos que se creen dueños y señores de esta dependencia.

Reconstruir el sistema llevará tiempo y requerirá constancia. Lo primero se solventa con planificación certera y ambiciosa, con metas y objetivos claros. Persistir es una característica que comparten el presidente Bernardo Arévalo, la vicemandataria Karin Herrera, ministros y secretarios, quienes empeñaron su palabra en heredar un país que haga de la enseñanza el camino hacia la prosperidad individual y colectiva.

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Oportuno y solidario apoyo para las familias más necesitadas

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El tercer aporte económico que ofrece el Gobierno para apoyar a las familias más afectadas por el incremento de precios de productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) muestra el sentido social y solidario de la administración que lideran Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

El auxilio también refleja la responsabilidad y oportuna respuesta que se debe tener ante las necesidades de los guatemaltecos con menores recursos económicos, quienes solo perciben los golpes de situaciones internacionales, como el incremento en los precios del petróleo, y los problemas en la producción de verduras y granos básicos causados por la extensa sequía que se registró semanas atrás.

Lo cierto es que los connacionales, más que explicaciones, demandan ayudas que les permitan llevar alimentos a la mesa o subsidios que financien sus apremiantes necesidades. El primer apoyo llegó el 24 de abril pasado, cuando el Organismo Ejecutivo autorizó el ingreso con cero arancel de 15 mil toneladas métricas (TM) de frijol y 55 mil TM de maíz blanco, con el fin de evitar eventuales desabastecimientos. Esta medida cobró vigencia el 1 de mayo y concluye el 31 de diciembre próximo.

A finales de mayo, se comunicó la ampliación de beneficiarios de la Tarifa Social (apoyo financiero para el pago de la luz), el cual se extendió a consumos de entre 89 kilovatios/hora mes a 99, lo que conlleva beneficiar a otras 300 mil familias cada 30 días. Ayer, el jefe de Estado detalló otros dos programas asistenciales que cobrarán vigencia inmediata; uno de ellos se extenderá al 31 de diciembre de 2024.

El primero estará dirigido a 50 mil hogares del departamento de Guatemala, que consiste en transferencias monetarias de 250 quetzales por seis meses y la segunda es un único estipendio de un mil quetzales para 100 mil hogares rurales, que viven en condiciones de pobreza, carecen de energía eléctrica y son dirigidos por mujeres.

El éxito de las autoridades no solo se mide por sus altos porcentajes de ejecución de los programas sociales y el nivel de prosperidad que lleva a las comunidades. La verdadera valía de los gobiernos la determina la fraternidad con que mira a sus hermanos.

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