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COLUMNAS

Una crisis institucional que no tiene por qué darse y que las resoluciones emitidas  dejaron superada

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Fueron contados los medios de comunicación social que se refirieron a las importantes resolucionesdictadas por la Corte de Constitucionalidad con respecto a las absurdas pretensiones de que se dejara en suspenso la decisión del Presidente de la República de NO prorrogar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), más allá de la fecha en que concluye su mandato, es decir, del 3 de septiembre de 2019, fecha para la cual –después de doce años de existencia– deberá haber dejado transmitidas sus capacidades a nuestras autoridades ordinarias, uno de los fines del mandato y concluida su desmovilización.

El Presidente de la República –refrendado por la ministra de Relaciones Exteriores– hizo la notificación oficial a la contraparte del Gobierno de la República en el Acuerdo que dio origen a la Comisión, la Organización de las Naciones Unidas, que no se daría otra prórroga y que la fecha citada será la de su conclusión, con un año de anticipación al vencimiento del plazo, con lo cual estableció las condiciones para que la transmisión de capacidades y desmovilización puedan realizarse sin prisas, con la mayor excelencia, tiempo durante el cual deberá cumplir –además– con las otras obligaciones que derivan del tratado en que convinimos establecerla.

Pienso importante que se haya hecho la notificación con esta anticipación –un año antes– para evitar, además, innecesarias especulaciones sobre el tema.

Las importantes resoluciones dictadas y que sostienen la plena firmeza de la decisión –ya notificada–, de que NO se renovará el mandato, han sido ignoradas por la mayoría de los medios y se encuentran ajenas a los grandes titulares.

Se trata de resoluciones que no crean conflicto y que, en consecuencia –pese a su importancia–, carecen de interés mediático.

Es oportuno prevenir –desde ya que el pactado de farsantes–, pacto que es el de corruptos pero vestidos de primera comunión e incluye a quienes –corruptos, lobos con piel de oveja– buscaban –manipulándola hacerse del poder sin elecciones y finalmente–, también manipulándola, de hacerse de él en torcidas elecciones; es oportuno prevenir, decíamos, que ese pacto, el de farsantes, supuestos amigos de la Comisión, abominan de la idea de una CICIG reformada puesto que, reformada, no podrían manipularla ya para sus fines. Cuando la embajadora Niki Haley, representante permanente de los Estados Unidos de América ante la Organización de las Naciones Unidas, visitó Guatemala, hizo la importante observación de que la CICIG debía evitar politizarse (nada más abominable que una acusación penal politizada) y que debería ser un tanto más como el FBI, que todos sabemos que hace su trabajo pero no pretende mantenerse todos los días en las primeras planas.

Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad citadas, descartan cualquier conflicto interinstitucional sobre este tema y coadyuvan a la paz social paz que a algunos (los extremos se tocan) no interesa.

La Corte de Constitucionalidad emitió –también– otra importante resolución, resolución en la cual otorgó amparo provisional en contra de la decisión de impedir el ingreso al país del ciudadano de nacionalidad colombiana, Iván Velásquez, por las razones migratorias expuestas públicamente, decisión tomada con los pertinentes refrendos ministeriales y que el Gobierno de Guatemala considera que no afecta lo acordado con la ONU en el tratado celebrado, en tanto que la ONU podría considerar que sí lo afecta, en cuyo caso había una controversia entre las partes del tratado sobre la interpretación y aplicación del mismo, y debe resolverse conforme lo establecido en el artículo 12 del tratado (tratado en materia de derechos humannos, que prevalece sobre nuestro Derecho interno, salvo la Constitución de la República), algo ya señalado anteriormente, desde hace un año, por la Corte de Constitucionalidad cuando suspendió decisiones presidenciales por falta de refrendo ministerial.

Se han dado titulares “guerreristas” en cuanto que parecieran llevar a una confrontación interinstitucional, entre tribunal y Gobierno que no tiene por qué darse y, así: “CC permite el ingreso de Iván Velásquez”, “La CC otorgó anoche un amparo provisional en el que avala el regreso del jefe de la CICIG, Iván Velásquez” “CC autoriza que Comisionado regrese al país”, siendo el caso que la resolución emitida por el tribunal ni siquiera menciona su nombre y que tampoco contiene la palabra “regrese”.

Otro titular viene a consagrar –mediáticamente– la confrontación: “Gobierno anuncia que no acata resolución de la CC”, cuando es el caso que el Gobierno no ha anunciado tal cosa, inexistente orden que debiese acatar, salvo la de acudir a lo establecido por el artículo 12: Resolver la controversia entre las partes.

Los extremos se tocan y existe interés en que exista confrontación, una confrontación que no tiene por qué darse y que debemos esforzarnos porque no se produzca, reconociendo los esfuerzos de quienes, ajustados a la Constitución y demás leyes, a la cabeza el tratado, tratan de evitarla.

Acisclo Valladares Molina
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COLUMNAS

Priorizando la vacunación para personas con discapacidad

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Consejo Editorial Conadi

Desde la pandemia de Covid-19, la inmunización se ha constituido como un tema de trascendental importancia, al ser una herramienta crucial para salvaguardar a nuestras comunidades. El acceso equitativo a la vacunación no solo constituye un componente esencial de la atención primaria de salud, sino que también se establece como un derecho humano fundamental.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha subrayado que sin las vacunas, las epidemias de numerosas enfermedades prevenibles podrían resurgir, dando lugar a un aumento significativo en los casos de enfermedad, discapacidad y, lamentablemente, fallecimientos.

Por consiguiente, resulta imperativo tomar conciencia sobre la importancia de que los programas de inmunización sean accesibles para todas las personas, especialmente para aquellas que viven con alguna discapacidad.

La vacuna salva millones de vidas cada año.

La International Disability Alliance (IDA) ha emitido un llamado enérgico instando a los países a implementar planes de vacunación que prioricen a todas las personas con discapacidad. Este colectivo enfrenta barreras tanto actitudinales como ambientales que pueden obstaculizar su acceso a los servicios de salud, lo cual subraya la necesidad de una atención prioritaria.

Es importante tener en cuenta que las personas con discapacidad, según su condición, pueden estar especialmente expuestas a enfermedades infecciosas y correr un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. Por lo tanto, la vacunación adquiere una relevancia aún mayor para proteger su salud y bienestar.

La Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (Readis) ha destacado que las personas con discapacidad constituyen un grupo vulnerable dentro de la población, lo que implica la necesidad de que los gobiernos garanticen y prioricen la vacunación para este segmento, independientemente de diversos factores como género, edad o tipo de discapacidad.

Para garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad y crear un entorno seguro, es esencial incluir a asistentes personales, cuidadores familiares y trabajadores de servicios relacionados con la discapacidad en los programas de vacunación.

Esto supondría un avance significativo en la priorización de los sectores vulnerables que conforman nuestra sociedad. En el ámbito nacional, el Organismo Legislativo ha dado pasos importantes para garantizar el acceso a los programas de vacunación, como la aprobación en 2022 del Decreto 6-2022, Ley de Vacunación, normativa que garantizará la vacuna voluntaria y gratuita a todos los guatemaltecos y que hace posible la inmunización con pertinencia cultural en todos los departamentos del país.

La Semana Mundial de la Inmunización, celebrada del 24 al 30 de abril, nos brinda la oportunidad de unirnos al llamado global para garantizar programas de vacunación dirigidos a personas con discapacidad y sus familias. La salud es un derecho fundamental respaldado constitucionalmente, y su provisión debe ser equitativa y libre de discriminación.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

El abandono de la lectura

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Mary Macmillan

Facultad de Artes Liberales

En los últimos años se ha visto un aumento significativo en la producción de textos dirigidos a un público infantil. Numerosas editoriales tanto consolidadas como aquellas que conocemos como independientes han considerado explícitamente en sus catálogos a esos “locos bajitos”, como diría Serrat. Si visitan ferias de libros habrán notado esta oferta de libros colorinches, incluso para pre lectores con tapas duras, con una variedad de temas y estilos singulares que marcan cada propuesta editorial.

Los niños de hoy en día son “consumidores” de libros y los padres están dispuestos a invertir económicamente en este ítem. Sin embargo, ocurre un fenómeno curioso y preocupante: una vez que el niño supera la etapa de la infancia y entra a la adolescencia o a la preadolescencia, deja de leer o interesarse por comprar nuevos libros.

Se supone que si un niño está familiarizado con el libro tanto como objeto como con el proceso de lectura seguiría de modo casi espontáneo con la lectura en niveles más complejos.

Por supuesto que siguen leyendo los textos de lectura obligada en sus colegios, pero ya no compran sus propios libros. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Intentaré dar algunas luces. Se supone que si un niño está familiarizado con el libro tanto como objeto como con el proceso de lectura seguiría de modo casi espontáneo con la lectura en niveles más complejos.

Pero no es así. Una primera respuesta a este problema radica en la enorme oferta de libros para niños que no poseen una suficiente calidad literaria que le permita hacer una experiencia de lectura significativa.

Muchos padres no lectores conciben la compra de libros para sus hijos como una inversión en términos de un capital informativo o de lectura como herramienta laboral. Pero la experiencia de lectura implica muchos aspectos que van más allá de lo informativo.

Un libro es un espacio en el que se nos introduce en un entramado simbólico, de tradiciones culturales previas, de estructuras narrativas complejas y también de belleza estética. Llenar al niño con libros colorinches no es necesariamente llevarlo a una competencia lectora.

En una experiencia de lectura el niño se plantea sus propias preguntas, cultiva un lenguaje rico en resonancias y connotaciones, sigue una narración de la que se hace parte con apuestas anticipatorias, rechaza o confirma finales, se mueve en planos morales sobre conductas o comportamientos de los personajes, etcétera.

La lectura es un acto complejo en el que la mediación de un adulto empático y criterioso sigue siendo de suma importancia. Es lo que la estudiosa de literatura infantil, Teresa Colomer, denomina como “implicación sociofamiliar”.

Esto porque “a menudo no hay adultos formando ese entramado socioafectivo en casa ni en el entorno social”. En los tiempos que corren este planteamiento puede ser juzgado de adultocéntrico y de impositivo.

Pero desconocer la importancia de la mediación es olvidar el contexto intergeneracional en que brota el trascendental hábito de la lectura por gusto. Entendemos la mediación lectora como un compartir y debería estar lejos de situaciones del tipo “adivina qué tengo en la cabeza” (Gordon Wells).

Es decir, ese hábito docente en el que “los niños se esforzaban por saber qué esperaba el maestro que respondieran, en lugar de pensar realmente en el cuento sobre el que eran interrogados” (Colomer). La lectura libre que surge del mismo sujeto solo perdurará si ha sido previamente impulsada por un adulto interesado en el niño, que sabia y prudentemente lo ayude a encontrar ese libro que lo estimule y lo introduzca en su propio camino.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

¿Es posible un mundo sin plásticos? (II)

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Andrea Cocchini 

Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Navarra

Estos datos manifiestan la inadecuación de los sistemas de reciclaje actuales, así como de alternativas, aparentemente más sostenibles, como los plásticos biodegradables o los bioplásticos.

Claro está que no se puede pedir que el futuro tratado regule y resuelva los múltiples retos, técnicos, económicos y sociales, que suponen todas las fases de vida de los plásticos (la extracción de las materias primas, el diseño de los productos, su consumo, la gestión y el traslado transfronterizo de los desechos plásticos).

El borrador sugiere excluir del ámbito de aplicación del futuro tratado las fases de extracción y transformación de las materias primas necesarias para la producción de plásticos.

No obstante, en atención a la gravedad y la urgencia del problema, parece que una (¿quizás ya la única?) solución aún posible para invertir el rumbo al que nos llevan las cifras referidas sería la inclusión en el nuevo tratado de una prohibición a los estados partes de producir nuevos plásticos innecesarios. Sin embargo, después de la tercera ronda de negociaciones del INC (de las cinco previstas), la sensación es que los delegados estatales no están realmente barajando esta posibilidad, ni siquiera a medio plazo.

En el momento en que se escribe, disponemos de un segundo borrador de tratado que será el documento de referencia para las negociaciones de la cuarta sesión, que tienen lugar del 21 al 30 de abril de 2024 en Ottawa (Canadá). El documento recoge las diferentes posturas de los representantes nacionales durante la tercera ronda de negociaciones que tuvo lugar en Nairobi (Kenia), en noviembre de 2023.

Este segundo borrador cubre un amplio abanico de alternativas, en ocasiones diametralmente opuestas. Por un lado, mantiene la propuesta de prevenir, reducir progresivamente y eliminar la futura contaminación plástica para 2040, reflejando así las posturas de los países más interesados en erradicar el problema, como los reunidos en la Alianza de Pequeños Estados Insulares.

Por otro lado, de acuerdo con los Estados que proponen centrarse más en la gestión racional de los residuos plásticos y en la mejora del diseño del plástico para hacerlo más reciclable (como los del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo), el borrador sugiere excluir del ámbito de aplicación del futuro tratado las fases de extracción y transformación de las materias primas necesarias para la producción de plásticos (esencialmente, crudo y gas).

  Continuará… 

Colaborador DCA
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