EDITORIALES
Una activa política exterior que también ha mejorado el comercio
Es evidente que Guatemala dejó de ser el país en el que nadie confiaba y al que la mayoría despreciaba por la indecencia con que se manejaba la cosa pública y lo impresentable de sus representantes en casi todos los organismos del Estado.
Sin embargo, esa imagen injusta, porque no representa a la mayoría de sus ciudadanos, empezó a cambiar desde que el binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, llegó al poder. Hoy, esta nación no solo se ha ganado el respeto y el apoyo internacional, sino el reconocimiento de que cuenta con un Gobierno ocupado en solucionar los problemas que afectan a los sectores más necesitados, en particular, indígenas, mujeres, niños y ancianos.
Estos avances son resultado de una política exterior criteriosa, ha obtenido la atención de
líderes mundiales, muchos de los cuales se han entrevistado con el presidente Arévalo, a quien le trasladan su aval en la lucha contra la corruptela, la defensa de la democracia y el impulso de un Estado de derecho que implica depurar las cortes y el Ministerio Público (MP), evidentes aliados del pacto entre ladronzuelos de cuello blanco y conciencia negra.
Ante esta nueva corriente de pensamientos y acciones, no extraña que empresas internacionales manifiesten su interés de asentarse en estas tierras y colaborar con el desarrollo sostenible e integral que merecen los guatemaltecos.
En resumen y como parte de la Estrategia Nacional para Atracción de Inversión Extranjera Directa, dada a conocer por la ministra de Economía, Gabriela García, 54 compañías, de 22 países, consideran crear 54 proyectos durante los próximos cuatro años. Lo anterior representaría que en 2028 ingresen 2 mil 707 millones de dólares (unos 21 mil millones de quetzales), con lo que casi se duplicarían los 1 mil 500 millones de dólares que se captaron, en promedio, en años pasados.
Tener una política exterior que produzca resultados inmediatos, tanto en lo político como en lo comercial, ha sido la meta de todas las administraciones; sin embargo, no basta con querer, puesto que hay que generar confianza y credibilidad.
La decisión del Gobierno de impulsar una alianza público-privada para rescatar el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) generó aplausos entre empresarios y prestadores de servicios, aunque también ha provocado confusiones y malinterpretaciones que es preciso aclarar, para poner las cosas en su sitio.
Lo más importante es que modernizar la terminal aérea implica un proceso serio y amplio que requerirá de tres fases, las cuales dio a conocer el Organismo Ejecutivo. La primera, a cargo del Ministerio de Comunicacione, Infraestructura y Vivienda (Micivi) tiene que ver con la atención, de manera inmediata, de reparaciones en la estructura física y la compra de equipo.
El segundo paso, cuya fecha de comienzo es difícil definir, es convocar a una “licitación pública, transparente y sin corrupción”, con el fin de otorgar las operaciones del AILA a una empresa internacional experta en la materia.
Para concluir, se ampliará y se va a aumentar la capacidad del servicio, con el objetivo de construir un aeropuerto que responda a las demandas actuales y futuras. Es en este punto cuando se acudirá a la alianza público-privada, cuyo modelo aún no está definido; sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo ha expresado que puede ser mediante capital mixto que, además, permita la posibilidad de que los ciudadanos compren algunas acciones.
Adicionalmente, conviene hacer las siguientes anotaciones. Uno, la aprobación de la unión entre el Estado y empresarios requerirá el aval del Congreso de la República. Dos, el desarrollo de la idea puede llevar hasta cinco años. Tres, el Gobierno no piensa privatizar el AILA, como se ha dicho de manera errónea o malintencionada.
En fin, está claro que Guatemala afronta un reto que, bien ejecutado, contribuirá en su despegue económico y social, fuera de reafirmarle al mundo que el Estado es capaz de llevar a cabo megaproyectos que anteponen el interés general y la decencia, que también generen empleo y bienestar colectivo.
El llamado es oportuno y sensato. Aunque pareciera innecesario, siempre es bueno recordarle a las autoridades de los distintos organismos del Estado que el país ha suscrito tratados internacionales en los que ha asumido el compromiso de posponer los desalojos, en caso existan condiciones humanitarias que deben priorizarse, como ocurre en estos días, cuando la nación vive momentos difíciles ante las inclemencias del tiempo.
La batalla por la tenencia de la tierra ha sido una problemática complicada, porque implica el respeto de los derechos fundamentales de obligada aplicación. Sin embargo, las civilizaciones con democracias avanzadas han encontrado en el Estado de derecho el mecanismo ideal para solventar las diferencias.
Lamentablemente, en Guatemala se perdió la independencia judicial y tenemos un sistema cooptado por las mafias, que dejó de ser imparcial y se convirtió en un instrumento de politiqueros que buscan generar enfrentamientos e ingobernabilidad.
Desde esa óptica conviene analizar la denuncia planteada por Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), una organización cuya base la integran agricultores, indígenas y dirigentes del sector popular. Según Pascual, en 2024 se han realizado 15 desalojos y existen otras dos órdenes emitidas por tribunales que tienen competencia.
Dados los antecedentes en el trabajo de algunos jueces y magistrados, que han liberado a exfuncionarios que saquearon el erario, y a la postura asumida por el Ministerio Público (MP), que cierra los ojos ante las denuncias de corruptela, no es impropio pensar que estos mismos togados y fiscales cierren filas en procura de crear enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y las familias afectadas.
De esa cuenta, conviene exhortar a la prudencia y a recordar que somos un pueblo más maduro, que a fuerza de golpes ha conocido su historia, que sabe identificar a quienes quieren dañar y a los que buscan el desarrollo integral e inclusivo.
La caótica situación en que se encuentra buena parte de la infraestructura productiva nacional dimensiona la desmedida corruptela que caracterizó a las administraciones de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, cuando se concesionaron contratos con escasos controles de calidad, los que, al parecer, compensaron con millonarias tajadas que les habría facilitado llenar innumerables caletas con efectivo.
Hoy, es innegable la destrucción en que se encuentran carreteras, puentes, puertos y la principal terminal aérea de Guatemala, obras que se caen a pedazos solas o producto de los deslaves que generan los constantes fenómenos climatológicos que, con cierta constancia, afectan este territorio.
Ejemplos de la calamidad de la obra pública son tantos, pero conviene recordar algunos. El llamado libramiento de Chimaltenango, la compra de gradas y elevadores para el Aeropuerto Internacional La Aurora, la oscura cesión de la administración de puerto Quetzal, las escuelas Bicentenario y la supuesta renovación de centros educativos son casos que permitieron el enriquecimiento voraz de exfuncionarios y contratistas a cambio del aumento de la pobreza de la mayoría de connacionales.
Esto sin tomar en cuenta los negocios espurios que los gabinetes de Morales y Giammattei lograron vía plazas fantasmas, compra de medicamentos y vacunas, víveres, programas para adultos mayores y niños y un largo etcétera imposible de enumerar en tan poco espacio. Solo en los primeros cinco meses de la gestión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera se han elevado 103 denuncias ante el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), las que, valga decir, duermen el sueño de los justos o alargan la pesadilla de la impunidad.
Recuperar la infraestructura productiva es algo realizable, sobre todo si se cuenta con capacidad y decencia y aunque llevará tiempo, está claro que este Gobierno comenzó el recorrido. Sin embargo, falta investigar y llevar a la cárcel a los responsables de esta ruina, lo que no ocurrirá mientras sus cómplices sigan en despachos claves de la administración de justicia.
