El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Mario Ismael Aguilar Elizardi, signó conel señor Iván Velásquez, representante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una “Carta de Entendimiento” por la que dicho ente internacional apoyará al TSE de manera interinstitucional.
El mandato de la CICIG en el artículo 3, literal b) indica que promoverá”… la persecución penal por medio de denuncia penal ante las autoridades correspondientes. De igual manera, la Comisión queda facultada para constituirse en querellante adhesivo de conformidad con el presente Acuerdo y con el Código Procesal Penal …” Agrega en la literal c) “Asesorar técnicamente a las instituciones competentes del Estado en la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por los presuntos integrantes de los Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad, así como asesorar a los organismos del Estado en la implementación de los procedimientos administrativos a que haya lugar respecto de los funcionarios presuntamente vinculados a dichas organizaciones.” Con la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos se crean dos unidades: la de Fiscalización Financiera de los Partidos y la Especializada en Medios de Comunicación y Estudios de Opinión. Y es aquí donde las alarmas suenan ensordecedoramente. ¿A cuenta de qué el TSE se interesa en que debe ser apoyado por la CICIG en la implementación y seguimiento de una oficina administrativa que será la encargada de llevar el control de la pauta publicitaria del TSE en materia político-partidista? Puede que el TSE necesite apoyo para el tema de la financiación partidaria. Pero monitorear medios de comunicación y se “evalúen” los estudios de opinión da lugar a malos pensamientos. El ex procurador de derechos humanos y expresidente constitucional de la República, Ramiro de León Carpio, dijo: “Más vale una prensa desbocada, que una prensa amordazada”.
