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COLUMNAS

Trabajo infantil en Guatemala: un llamado a la acción

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Julio César Hernández Rodríguez
Director de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo y Previsión Social

El trabajo infantil es una violación a los derechos humanos de la niñez, que tiene implicaciones sociales y económicas importantes para las sociedades.

El trabajo infantil afecta negativamente el desarrollo físico y psicológico de los niños y las niñas, pues a menudo están expuestos a condiciones peligrosas, como trabajar en lugares insalubres o con herramientas, materiales o maquinarias peligrosas, durante jornadas largas que pueden dañar su salud.

También, afecta el acceso a la educación, pues los niños que trabajan pueden tener dificultades para asistir a la escuela y concentrarse en sus estudios, lo que conlleva a un retraso en su aprendizaje y
desarrollo.

Casi 350 mil niños y niñas de 10 a 14 años se encuentran trabajando en Guatemala,
según cálculos realizados por la Dirección de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

El trabajo infantil también se relaciona a menudo con familias en situación de pobreza y que no tienen recursos adecuados para vivir. Si los niños trabajan en lugar de estudiar, es menos probable que adquieran las habilidades para escapar de la pobreza: el trabajo infantil perpetúa el ciclo de pobreza.
Para abordar el problema del trabajo infantil, el Estado de Guatemala ha asumido compromisos nacionales e internacionales para su erradicación.

Dentro de estos compromisos se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Guatemala, a través de esta “reconoce el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o interferir en su educación, o que sea perjudicial para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.

Asimismo, Guatemala ha ratificado normas internacionales del trabajo que prohíben el trabajo infantil y promueven su eliminación, entre estas: el Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo (núm. 138), y el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (núm. 182).

Casi 350 mil niños y niñas de 10 a 14 años se encuentran trabajando en Guatemala, según cálculos realizados por la Dirección de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022-2023.

Esta cifra representa que 17.8 por ciento de la población de 10 a 14 años se encuentra trabajando, siendo Totonicapán (31.9 por ciento), Chimaltenango (28.5 por ciento) y Alta Verapaz (27.9 por ciento) los departamentos con mayor incidencia de esta problemática. Los datos también muestran que de los niños que trabajan: dos de cada tres son mayas, 60.8 por ciento trabaja sin remuneración y 57.6 por ciento está en la agricultura.

Reconociendo las obligaciones del Estado de Guatemala y las implicaciones que esta problemática tiene para miles de niños y niñas del país, dentro de las múltiples acciones realizadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la erradicación del trabajo infantil, recientemente realizó el Congreso Nacional de los Consejos Departamentales de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Codepeti), reconociéndolos como espacios valiosos para la discusión y reflexión en torno a esta problemática y destacando la actuación local como clave para erradicar el trabajo infantil.

La erradicación del trabajo infantil debe ser una apuesta de la sociedad guatemalteca, lo cual requiere del compromiso y la acción de todos los actores, incluyendo el sector gubernamental, el sector privado, trabajadores, organizaciones de sociedad civil y de la población en general.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Premios por trayectoria y aportes al arte guatemalteco

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Fernando Soto, 

Director de Fomento de las Artes, Ministerio de Cultura y Deportes 

[email protected]

Guatemaltecos, cuyos nombres han trascendido las fronteras de nuestro país por su valor artístico, forman una constelación de estrellas en el firmamento del arte nacional. Nombres como Joaquín Orellana, Carlos Mérida, Efraín Recinos o Miguel Ángel Asturias, son algunas de estas figuras del arte nacional que dan renombre a Guatemala en el universo artístico. 

El Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Cultura y Deportes, constitucionalmente tiene la obligación primordial de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional y, anualmente, reconoce a los artistas por medio de la entrega de los Premios por Trayectoria y Aportes al Desarrollo del Arte.

El Estado tiene la obligaciòn de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional.

Marimba, teatro, danza, música, artes visuales y artes circenses son las disciplinas en las que se premia a mujeres y hombres guatemaltecos dedicados al arte nacional, enalteciendo, reconociendo y valorando a las y los guatemaltecos dedicados al quehacer artístico nacional.

Durante el año se entregan los premios a los artistas en cada una de las disciplinas en las que han destacado, contribuyendo al desarrollo del arte, ya sea por medio de la docencia, la proyección de su arte como destacado intérprete, o la labor  creadora de obras artísticas, fruto de años de dedicación y esfuerzo, sirviendo como ejemplo a las nuevas generaciones de niños y jóvenes que inician o se están formando en el arte y, a la vez, proyectando su obra creadora a la sociedad guatemalteca, dejando un legado artístico que muestra  la grandeza del arte a nivel nacional e internacional.

Educadores que transmiten a las nuevas generaciones su conocimiento y experiencia en las escuelas de arte, conservatorios o academias comunitarias que existen en el territorio nacional;  dramaturgos, compositores y coreógrafos que  plasman en su obra historias y vidas, paisajes sonoros, lenguajes corporales cadenciosos con el fin de transmitir una idea, un momento, un mensaje, un recuerdo o una realidad; músicos, actrices y actores, bailarinas y bailarines, escultores y pintores, payasos, acróbatas y magos que han dejado su vida en las tablas, en teatros, en galerías, en parques, iglesias, edificios, en festivales o en donde se pueda hacer un escenario o montar una exposición y presentar ante un público diverso y colorido el fruto de la obra creadora
individual o colectiva.

Mientras sigamos reconociendo y valorando a nuestros artistas, seguiremos llenando de estrellas el firmamento artístico de nuestra Guatemala.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

La crisis de la verdad: deepfakes y desinformación

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El Informe sobre Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial destaca las principales amenazas que enfrentará el mundo. Entre las más urgentes para los próximos dos años se encuentran la desinformación, los fenómenos meteorológicos extremos, la polarización social, ciberataques y los conflictos armados. 

La desinformación, entendida como información falsa difundida sin intención y como aquella creada deliberadamente para engañar, destaca como una de las amenazas más preocupantes. Dentro de este fenómeno, se incluyen las deepfakes: videos o audios generados con inteligencia artificial que imitan a personas reales diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron.

No se trata solo de una amenaza tecnológica, sino también de un reto cultural.

Estas herramientas, que utilizan modelos de aprendizaje profundo para crear contenido casi indistinguible de la realidad, están ahora al alcance de cualquiera con acceso a un software básico, convirtiéndose en una poderosa arma de manipulación.

En un país como Guatemala, donde persiste la polarización política y la desconfianza en las instituciones, las deepfakes representan un riesgo enorme.

La rapidez con la que se difunde la información a través de plataformas como Facebook, WhatsApp o TikTok, sumada a la tendencia de la población a consumir información superficial sin verificarla, crea un terreno fértil para el éxito de este tipo de
manipulaciones.

Crear un deepfake no requiere de equipos sofisticados; basta con programas accesibles y suficiente material visual de la persona que se desea imitar. Casi cualquiera con intenciones maliciosas puede producir contenido para difamar a figuras públicas, marcas o influir en decisiones políticas y sociales. En un país donde muchos ciudadanos se quedan en la superficie de lo que ven o escuchan, las consecuencias  pueden ser tremendas.

Vivimos en una era de sobrecarga de información y contenido instantáneo, donde la veracidad de los hechos importa menos que las emociones que estos generan.  

Campañas de desprestigio y contenidos falsos no solo capturan la atención del público y manipulan sus percepciones, sino que también distorsionan la verdad y alimentan la polarización social, aumentando el clima de desconfianza.

A nivel global, estudios como los del MIT han demostrado que las noticias falsas y los deepfakes, se difunden más rápido y llegan más lejos que las noticias verdaderas, especialmente en el ámbito político. Esto se debe a su novedad, apariencia y a su capacidad de generar emociones fuertes como miedo, disgusto y sorpresa, haciéndolas más propensas a ser compartidas en redes sociales.  

No se trata solo de una amenaza tecnológica, sino también de un reto cultural. Las redes sociales, que surgieron como espacios para la libre expresión, hoy pueden adormecer el razonamiento crítico, convirtiendo a los usuarios en presa fácil de la manipulación. En lugar de profundizar y cuestionar, muchos se quedan en la superficie de los titulares y contenidos virales, adoptando posturas emocionales antes que basadas en hechos.

Como ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad ante esta amenaza. No debemos consumir toda la información que nos llega sin cuestionarla. Necesitamos practicar un escepticismo saludable, fomentar la alfabetización mediática, la cultura de verificación y análisis crítico educándonos para identificar y combatir la desinformación.

Si no aprendemos a discernir entre la verdad y la manipulación, seguiremos siendo vulnerables y presas fáciles. Solo con una ciudadanía informada y crítica podremos proteger nuestro derecho a tomar decisiones .

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Un compromiso municipal con la discapacidad

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Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas
CONADI, Guatemala.

En Guatemala, se estima que 1,025,465 personas viven con al menos una dificultad, lo que equivale al 9.53% de la población total. Durante muchos años, las personas con discapacidad en nuestras comunidades han sido olvidadas y excluidas de diversos ámbitos sociales.

Este es un tema de preocupación para el Comité de Expertos de las Naciones Unidas, que, desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Guatemala, ha emitido 83 observaciones y recomendaciones al Estado guatemalteco.

Las OMD representan el enlace entre las personas con discapacidad y las entidades municipales.

Para cumplir con estas recomendaciones el CONADI, cuenta con el Departamento de Servicio Nacional de Discapacidad. A través de sus delegados departamentales trabaja con organizaciones e instituciones dedicadas a las personas con discapacidad.

El objetivo es influir en la voluntad política de las autoridades para que integren la temática de discapacidad en los Planes, Programas, Proyectos y Políticas municipales.

En seguimiento a este mandato, CONADI colabora activamente en la Comisión Departamental de Discapacidad (CODEDIS) y con la Comisión Municipal de Discapacidad (COMUDIS); y a partir de la publicación del Acuerdo Gubernativo 137-23024, el pasado 2 de septiembre en el Diario Oficial, el CONADI podrá participar con voz y voto en los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (CODEDES).

Estos esfuerzos buscan fomentar la participación ciudadana y crear espacios específicos para la instalación de Oficinas Municipales de Discapacidad en los municipios del país.

Hasta la fecha, se han establecido 131 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) y 2 Direcciones Municipales de Discapacidad (DMD), que sirven como enlace directo entre las personas con discapacidad y sus familias en cada municipio.

Las aperturas más recientes incluyen las oficinas de Santa Catarina Mita, Jutiapa; Melchor de Mencos, Petén; Samayac, Suchitepéquez, San Rafael las Flores, Santa Rosa; Olopa y Quezaltepeque en Chiquimula; así como en Jocotenango y Pastores en Sacatepéquez.

Colaborador DCA
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