El perfil
- Ex viceministro de Seguridad en 2009
- Oficial de Policía, Curso de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, Ávila, España
- Director de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público hasta 1999
- Inspector General Sistema Nacional de Seguridad
- Subdirector, Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia
- Consultor para la Reforma Policial, especializado en control interno e inteligencia
Sin dejar de atender los temas urgentes del día, Estuardo Solórzano, viceministro de Seguridad, del Ministerio de Gobernación (Mingob), recibió a un equipo del Diario de Centro América (DCA) para brindar detalles sobre el reforzamiento que se contempla para la Inspectoría General del Sistema Penitenciario (SP).
Entre llamadas y reportes de seguridad, el viceministro trazó el camino para rescatar una institución sumida en lo que calificó “abandono histórico”, en respuesta a instrucción del presidente Bernardo Arévalo de devolverle el valor perdido a las instituciones.
Resaltó que el plan no se limita a la vigilancia, sino que abarca la dignificación del guardia y la descentralización de la Inspectoría hacia puntos estratégicos del país, con el fin de garantizar que la disciplina y la ley lleguen a las cárceles.
¿Qué implica el reforzamiento de la Inspectoría General del Sistema Penitenciario?
Hemos encontrado un sistema que, históricamente, ha sido abandonado, al que no se le ha invertido en su institucionalidad. Administra 24 centros de privación de libertad, los cuales hay que reforzar físicamente, pero principalmente en el personal.
Actualmente, contamos con personal que no es de carrera. Tenemos un grupo de guardias posicionados horizontalmente; no existe escala jerárquica entre ellos, ni tampoco salarial que responda a las necesidades del SP.
¿Cómo está pensado ese fortalecimiento?
Incluye lo físico e instalaciones. Está la construcción de los dos centros de detención que mandata la ley. Uno está pensado en Izabal, el cual ya se inauguró (El Triunfo), pero lamentablemente por un tema legal debimos detenerlo, pero al solventar el problema continuaremos los trabajos.
El otro está en Masagua, que viene de un préstamo con el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica). Está en proceso de finalizar la etapa de preinversión para pasar a la siguiente. Esperamos que pronto todo quede libre para crear las dos instalaciones.
A estos centros no solo queremos darles instalaciones físicas, sino el personal adecuado para llevar los controles que se necesitan. En este punto la Inspectoría juega un papel muy importante. Ya existe una que hace mejor trabajo y puede con los recursos que tiene; sin embargo, continuamos en la fase de fortalecimiento, tanto en su preparación profesional como en cantidad y despliegue territorial.
¿Cómo será ese despliegue territorial de la Inspectoría?
Ahora solo contamos con una Inspectoría central en el departamento de Guatemala, con personal en puntos estratégicos, pero ya tenemos planificadas, para este año y el siguiente, cuatro delegaciones de inspectoría del SP en el país.
Una estaría en Quetzaltenango, que cubriría toda el área de Occidente. La otra en la Costa Sur, que cubriría Escuintla. La tercera se ubicaría en Zacapa, para cubrir también Izabal y Zacapa. La cuarta sería en Petén, que es importante por razones de distancia y tiempo.
Por poner un ejemplo: si hoy tenemos información de guardias en estado de ebriedad durante el servicio, se manda a la Inspectoría desde el nivel central, pero cuando llega ya ha pasado todo; inclusive, están bañaditos y como si nada.
¿Se busca cercanía?
Se quiere que la Inspectoría supervise que el trabajo se realice de forma eficiente y eficaz. También debe velar porque todas las actuaciones de los guardias y del personal del SP estén apegadas a la ley; es decir, que sean respetuosos de la legalidad y los procedimientos debidamente instalados, así como de aquellos que estamos mejorando, sobre todo en el tema de reglamentos y el sistema de carrera.
Trabajamos en ello porque necesitamos una institución fortalecida. El talento humano es lo más valioso que tiene el SP y debemos velar por formarlos y su profesionalización. Hay que ofrecer los apoyos necesarios para conservar la integridad del sistema.
¿Cuánto personal se piensa contratar para estas nuevas sedes?
Aún no puedo dar un número. En la actualidad hay 58 personas divididas en dos turnos en todo el país. De los nuevos guardias que se están formando, vamos a buscar a quienes tengan el perfil porque esta es una especialidad.
No todos tienen las mismas habilidades o vocaciones. Llamaremos a quienes posean el perfil para las tres áreas mencionadas y aprovecharemos el recurso existente para promover al personal.
Sobre la Inspectoría General, ¿qué tan limitadas están sus capacidades y qué se piensa cambiar para revertir ese abandono histórico?
Ahora se realizan actividades de supervisión y control interno, pero se quiere fortalecer para que existan tres áreas principales: primero, control y supervisión, lo que implica velar por el cumplimiento de los recursos y que el personal esté uniformado. Que se usen bien las armas y cumplan los protocolos y tiempos, así como se verificará que el actuar de los guardias sea apegado a la ley. Ellos fiscalizan que los agentes hagan bien su trabajo.
Luego, todavía está en discusión si se le llamará división o departamento de asuntos internos o investigaciones internas. Tenemos esos términos, pero será para investigar aquellos indicios de posibles delitos cometidos por guardias. Se encargarán de la investigación inicial y reportar, de inmediato, al Ministerio Público con sustento, no con base en rumores.
La tercera es el análisis. Se debe tener información exacta y clara de lo que ocurre en la institución, con el fin de detectar actos o procedimientos mal ejecutados y corregirlos de inmediato.
¿La profesionalización va dirigida al personal de Inspectoría?
Sí, a la Inspectoría y también al personal de guardias del SP en la Escuela de Estudios Penitenciarios. Ya salieron las convocatorias. A finales de julio o principios de agosto empezamos con el curso de formación de agentes penitenciarios, que durará tres meses. Serán dos promociones este año, de 300 guardias cada una (600 en total). Revisamos la malla curricular y analizamos los conocimientos que deben adquirir los mandos que tenemos que ir formando.
¿Se tiene una cifra de la inversión para la Inspectoría?
Estimamos los números, aunque la decisión política ya la tomaron el Presidente y el ministro Marco Antonio Villeda. La realidad nos obliga a aprovechar lo que tenemos. Todo tiene un costo y evaluamos esos aspectos.
¿Qué se espera de los 600 nuevos guardias?
No queremos cometer errores del pasado de construir centros y poner al personal existente, puesto que pueden trasladar las viejas malas prácticas o costumbres. Es decir, en lugar de tener 24 problemas con los centros actuales tendríamos 26.
Queremos aprovechar este recurso nuevo para los centros de mayor seguridad, bajo protocolos revisados (físicos, electrónicos y tecnológicos), a fin de evitar que los procedimientos, como el registro de visitas, no sean letra muerta.
Además del recurso humano, mencionó insumos físicos y de movilidad. ¿Qué avances hay en esos aspectos?
Posiblemente la semana entrante recibiremos 20 Unidades de Transporte de Reos (UTR), ya adquiridas. Son camiones con seguridad para traslados. Es un dato interesante porque desde hace mucho tiempo que no se compraba uno.
Esto ayudará mucho a la movilización, aunque también necesitamos invertir en otros vehículos para el sistema. Ya estamos en ese procedimiento.
¿Qué nos puede informar sobre el uso de tecnología en las cárceles?
Eso lo ve el Cuarto Viceministerio. La viceministra revisa el equipamiento tecnológico, según las necesidades operativas. Desde este Viceministerio seríamos los usuarios para el buen aprovechamiento de la tecnología en los controles de seguridad.
¿Cuál es la situación legal de la cárcel de Izabal?
Hay dos recursos a raíz de un amparo que nos paralizó el trabajo. Se colocó un ocurso, tengo entendido, en la Corte Suprema de Justicia, y otro recurso coordinado entre los ministerios de la Defensa y Gobernación. Confiamos en dejar sin efecto ese amparo para continuar la obra.
¿Cómo ha funcionado el trabajo conjunto con el Ministerio de la Defensa en las cárceles?
Ha sido positivo. Nos hemos ido integrando como un equipo: Ejército, Policía, Sistema Penitenciario y ambas inteligencias (militar y civil), compartimos información. Ha sido un buen apoyo para los planes de seguridad interior.
Se hablaba de una posible inspectoría para las empresas de seguridad privada. ¿Qué nos puede decir?
Es un proyecto que el director general del Sistema Penitenciario está elaborando. Es una de sus propuestas para este año o el entrante.
Queremos que todas las direcciones del Ministerio de Gobernación cuenten con su inspectoría. Ahora vemos la parte legal para modificar acuerdos y darle sustento a la creación de esa institución en la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada.
Todas las dependencias de seguridad del Estado necesitan su inspectoría. Cada una requiere control, supervisión, eficiencia, eficacia, apego a la legalidad y velar por el uso adecuado de los recursos.
¿Puede hacerse algo para que estas acciones sean permanentes?
El legado que uno deja es fortalecer las dependencias. No hay que pensar solo en las personas, también se debe consolidar la institución. Se puede retroceder, pero no regresar a cero. Es una instrucción del presidente Arévalo: el fortalecimiento institucional y el Sistema Penitenciario debe mejorar en todo sentido.
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