EN EL PAÍS
Supervisan las bodegas de reserva estratégica de granos básicos de Chimaltenango
La vicepresidenta de la República de Guatemala, Karin Herrera, junto con el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Maynor Estrada, y la viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN), Klemen Gamboa, efectuó este 31 de octubre una supervisión de las bodegas del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA), ubicadas en Chimaltenango.
Estas instalaciones resguardan los alimentos de la Reserva Estratégica de Granos Básicos, un recurso fundamental que permite asistir a las familias guatemaltecas durante las situaciones de emergencia.
Durante la supervisión, la vicepresidenta Herrera indicó: “Como Gobierno, estamos atendiendo a miles de familias vulnerables en todo el país a través de esta cartera del MAGA. Hoy se verificó el estado de los alimentos que podrían ser distribuidos, en cualquier momento, a quienes más lo necesiten”.
Por su parte, el ministro Estrada destacó el compromiso que el MAGA tiene con el suministro de alimentos, señalando que de enero a octubre de este año se ha brindado ayuda a 543,658 familias en todo el país.
Las bodegas de la Reserva Estratégica de Granos Básicos se encuentran en los municipios de Fraijanes, Guatemala; Tactic, Alta Verapaz, y Chimaltenango, Chimaltenango. Estas instalaciones resguardan alimentos esenciales como maíz blanco, frijol negro y arroz blanco, que constituyen la reserva alimentaria clave para responder ante emergencias.
La Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria del VISAN, a cargo de la supervisión técnica de estas bodegas, implementa un riguroso sistema de manejo y monitoreo de los alimentos almacenados, asegurando su inocuidad y calidad.
Este proceso es vital para garantizar que los alimentos de la reserva estratégica y los destinados a la asistencia alimentaria cumplan con los estándares necesarios para el consumo humano.
EFE
El Gobierno de Guatemala, que preside Bernardo Arévalo de León, denunció este lunes un nuevo caso de corrupción que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Electrificación Melvin Quijivix Vega y al exmandatario del país Alejandro Giammattei (2020-2024).
En rueda de prensa, funcionarios del Gobierno de Arévalo de León detallaron que Quijivix Vega recibió entre 2021 y 2023 alrededor de 105.000 dólares como presunto trabajador de otra entidad estatal, autorizado por Giammattei, sin llevar a cabo alguna tarea.
Específicamente, Quijivix contaba con una plaza laboral en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) sin que nadie conociera sus funciones, según señaló este lunes el director de la misma entidad, Carlos Mendoza.
«Su oficina era simplemente una bodega. Entonces todo esto nos llevó a seguir profundizando en el caso», explicó Mendoza.
«Lo más reciente es que todavía tuvo el descaro de ingresar una demanda laboral contra Segeplan porque dice que no le queremos pagar sus prestaciones», añadió.
Quijivix Vega fue sancionado en julio de 2023 por Estados Unidos con el retiro de su visa y la prohibición de ingresar a la nación norteamericana tras ser señalado de corrupción al frente del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), entidad reguladora del servicio de energía eléctrica en Guatemala.
De acuerdo a la acusación de EE.UU., Quijivix Vega utilizó su posición para favorecer a ciertas empresas con contratos asignados de manera corrupta.
Por su parte, el comisionado presidencial contra la corrupción, Julio Flores, aseguró este mismo lunes que el Ministerio Público (Fiscalía) debe solicitar el retiro de inmunidad con el que cuenta Giammattei como diputado del Parlamento Centroamericano y así enfrentar a la justicia por este caso.
Las autoridades guatemaltecas también expusieron este lunes que Quijivix Vega otorgó sin licitación varios contratos por asesorías a empresas donde contaba con vínculos familiares, por poco más de un millón de dólares, lo que también representa un delito.
Desde su investidura en enero pasado, el Gobierno de Arévalo de León ha presentado más de medio centenar de casos de corrupción perpetrados por Administraciones anteriores, especialmente la de Giammattei pero también la de Jimmy Morales (2016-2020).
Sin embargo, como señaló el mismo comisionado presidencial este lunes, la mayoría de denuncias no avanzan en el Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula está sancionada también por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción.
Por cuarto mes consecutivo, un equipo multidisciplinario del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), se prepara para otorgar emisión prórrogas o nuevos Estatus de Permanencia por razones humanitarias, mexicanos desplazados en Cuilco, Huehuetenango.
En esta ocasión, una parte del equipo se desplaza hasta la Comunidad Ampliación Nueva Reforma, mientras que otra atenderá a los pobladores mexicanos directamente en Cuilco.
Es importante destacar que, durante la última visita a Huehuetenango, después de las entrevistas y el registro respectivo, fueron emitidas 117 prórrogas de los 175 estatus de permanencia por razones humanitarias otorgados anteriormente, así como 11 nuevos estatus para personas que no estaban en territorio nacional las ocasiones anteriores.
El Instituto Guatemalteco de Migración, en coordinación con otras instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Defensa, continúa comprometido con la atención y protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de movilidad humana.
El Estatus de Permanencia por razones humanitarias se otorgará por 30 días más.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), capturaron a una mujer de nacionalidad colombiana bajo cargos de lavado de dinero y otros activos.
La mujer, identificada como «Yuli N.», de 38 años, originaria de Medellín fue arrestada en la aldea La Fragua, Zacapa.
El pasado 17 de octubre, otro colombiano, «Juan O.», fue arrestado en Guatemala bajo solicitud de extradición de Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
De igual forma, el 25 de septiembre pasado la Policía dio a conocer la captura de un ciudadano venezolano sindicado de lavado de dinero, tras supuestamente ingresar 140 mil dólares al sistema financiero local sin demostrar el origen de los fondos.
El delito de lavado de dinero es castigado en Guatemala con penas de cárcel que van desde 6 hasta 20 años, además de una multa similar al monto de la acusación.
Durante 2023, la Superintendencia de Bancos de Guatemala detectó aproximadamente mil millones de dólares en transacciones sospechosas de estar vinculadas al lavado de dinero, prácticamente el doble que en 2022, de acuerdo a datos oficiales.
