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EDITORIALES

Subsidio que alivia e impulsa el desarrollo

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La inversión en el desarrollo social es, sin lugar a dudas, la máxima expresión de solidaridad y compromiso que tiene un gobierno con sus ciudadanos; sobre todo, cuando factores externos impactan la economía de miles de familias que perdieron trabajos o sienten los efectos inflacionarios que trajo consigo la invasión de Rusia a Ucrania.

Los vientos desfavorables causados por este enfrentamiento bélico, más los recortes en los sistemas de producción o el encarecimiento de los productos que generaron las medidas restrictivas que debieron aplicarse para enfrentar el Covid-19, han tenido repercusiones sin precedentes.

En el caso de Guatemala, estas dificultades se visualizaron como oportunidades para asistir a los connacionales mediante medidas y programas innovadores, pensados y realizados con un solo objetivo: ayudar a los guatemaltecos.

En este sentido, el actual jefe de Estado ordenó el impulso de una serie de acciones en busca de atender las demandas comunitarias. Una de ellas tuvo que ver con ampliar el número de beneficiados del Aporte Social de la Tarifa Eléctrica, con el fin de llegar a más hogares afectados por los incrementos en los precios de los combustibles.

De esa cuenta, la actual administración, por medio del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), ha invertido Q2134.5 millones para respaldar a 14.3 millones de ciudadanos, quienes corrían el riesgo de perder un servicio vital.

Paralelos a este programa, se crearon varios que llegaron directamente a los bolsillos de los más necesitados. Las Transferencias Monetarias Condicionadas, un proyecto que fue ejemplo en América Latina, fue otra medida paliativa, así como los esfuerzos para llevar alimentos y medicinas a los más necesitados.

Ningún gobierno en el mundo se salva de padecer emergencias como la del coronavirus o la del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, pero los pueblos sí pueden ver una luz de esperanza cuando sus dirigentes se ponen en sus zapatos y se atreven a hacer los cambios pertinentes y correctos.

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Cuidado, no es una batalla personal, es un asunto de país

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En redes sociales, la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP) lleva perdida su obstinación de permanecer en el cargo. Luego que el Gobierno solicitara que se le retire el antejuicio, los guatemaltecos se pronunciaron y dejaron clara su posición en torno a la necesidad de que Consuelo Porras salga.

El clima de rechazo que genera la funcionaria no es nuevo, aunque sí más intenso. Tampoco es un asunto interno, dadas las posiciones fijadas por Estados y organismos internacionales, que no solo cuestionan su idoneidad sino que, peor aún, su compromiso de impulsar la probidad y combatir el enriquecimiento ilícito.

Si bien el proceso de antejuicio iniciado por la administración que lideran Bernardo Arévalo y Karin Herrera es un gran paso en el compromiso de limpiar las dependencias gubernamentales, también es cierto que el camino a seguir será complicado, por los apoyos políticos y empresariales, abiertos y solapados, que tiene la aludida.

De esa cuenta, Guatemala enfrentará una batalla decisiva a favor de imponer la decencia en la nación. Dicha contienda también desenmascarará a quienes, del diente al labio, abogan por imponer un verdadero Estado de derecho y someter la impunidad que ha reinado en el mal uso de los impuestos. Pero cuidado, no se trata de un duelo personal entre el binomio presidencial y Porras; es una misión que marcará el presente y futuro del país.

Los nuevos aires que se respiran en el Congreso de la República permiten pensar que los representantes del pueblo escucharán las demandas de los ciudadanos, quienes, casi al unísono, exigen el retiro de una persona que inspira poca confianza y credibilidad.

Finalmente, conviene recordar que nadie es superior a la ley, y que la negativa de la Fiscal General de atender el llamado laboral que le hizo el jefe de Estado debe ser evaluada y de ser pertinente, castigada, como ocurre en una democracia donde las instituciones funcionan como debe ser.

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Está dicho: el Gobierno y el pueblo no toleran la corrupción

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Los mafiosos están avisados: el ente colegiado que se encargará de identificar y evitar el saqueo de fondos públicos quedó instalado. La lucha que desde el primer día de gestión iniciaron el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera para devolver la decencia en las instituciones públicas se fortaleció ayer, cuando se instaló la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC).

Los objetivos están claramente definidos e identificados, lo cual evitará las improvisaciones. Lo cierto es que, como manifestó el propio gobernante, el Organismo Ejecutivo avanza en el cumplimiento del propósito de los guatemaltecos de depurar las instituciones y “librarse de las ataduras que han impedido el desarrollo y mantenido a nuestros hermanos en condiciones de pobreza”.

Aunque a las autoridades les ha sido difícil cuantificar los despojos, la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, afirmó recientemente que los ofrecimientos rondan el 30 por ciento del valor de la obra, en especial, cuando se trata de carreteras y puentes o construcciones de
escuelas, hospitales o infraestructura productiva.

La CNC, ente que trabajará con autonomía, será dirigida por Santiago Palomo Vila, profesional graduado de la Facultad de Derecho de Harvard, donde recibió el premio del Decano, por Liderazgo comunitario. Junto a él hay otros seis funcionarios, quienes tendrán asesoría de un consejo conformado por seis líderes de la sociedad civil organizada, academia, pueblos indígenas y sector privado.

Los citados asumen la enorme responsabilidad de devolverle al Gobierno su verdadera razón (procurar el bienestar social), pero conviene decir que no estarán solos, que tras ellos hay 18 millones de compatriotas que están hartos de la obscena deshonestidad de quienes han robado a manos llenas, ante la indiferencia de los órganos llamados a velar por la probidad.

“El Gobierno y el pueblo no toleran la corrupción”, resaltó Arévalo, como un hasta aquí al
desenfreno de los criminales de cuello blanco y conciencia negra.

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Un desarrollo que no pasó de la primera persona

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En gramática se entiende que cuando se habla en primera persona se hace referencia a quien emite el mensaje. De esa cuenta usamos pronombres como yo, en singular, y nosotros o nosotras, en plural. Esa forma de expresarse y conducirse la ha asumido la clase política guatemalteca, en compadrazgo con empresarios y contratistas, al momento de distribuir los fondos públicos.

“Yo reparto”, “nosotros cobramos”, son las expresiones que condicionan la adjudicación de contratos. Este malvado mecanismo, que se ha fortalecido ante la complicidad de los órganos encargados de la persecución y el castigo penal, es el causante de la doliente pobreza que impera en la nación y el enriquecimiento desmesurado de quienes, literalmente, llegaron endeudados a los cargos públicos y salieron con el dinero suficiente para mantener a dos o tres generaciones.

La reflexión viene a propósito de lo que se expuso ayer en el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur). En dicho encuentro se recordó que, en los últimos 30 años, el Estado destinó 45 mil millones de quetzales a los consejos departamentales de desarrollo (Codedes), sin que ello haya implicado mejoras en las poblaciones.

Ante tales desmanes, el binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, definió los cuatro ejes que marcarán el camino a seguir por el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo al momento de invertir los recursos asignados.

La nueva apuesta incluye programas que apoyen la seguridad alimentaria, el desarrollo rural integral, el diálogo que permita crear convergencias y el impulso de la ruta para el buen vivir (la construcción de carreteras rurales).

Además, la instrucción de los mandatarios es que esta revitalización de las funciones de los Codedes también facilite renovar el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, que han desaparecido de las funciones públicas.

En fin, estamos frente a un nuevo mecanismo social que tiene como objetivo obviar la primera persona y centrarse en el “tú, usted, vos o vosotros” como elementos gramaticales que marquen nuestro pensar, pero, sobre todo, nuestro accionar.

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