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EDITORIALES

Se mejoran las condiciones sindicales

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Guatemala ha dado pasos importantes en los meses recientes para garantizar la libertad sindical y dotar de mejores condiciones para hacer su labor de protección de los derechos de los empleados y, consecuentemente, mejorar la relación entre este sector y las empresas.

El 17 de marzo, el Congreso aprobó reformas al Código de Trabajo que le devuelven la capacidad sancionatoria a la Inspección General de Trabajo. El Ejecutivo, por medio de la cartera respectiva, ha dado las facilidades para la inscripción de nuevas organizaciones; solo el año pasado se agregaron 78 sindicatos, y en lo que va de 2017 ya son 14.

Como lo informara el vicetitular de este ministerio, las tareas de la institución se basan en los principios de no discriminación, eliminación del trabajo infantil, situación salarial, así como respaldo a la libertad sindical y acuerdos colectivos. Lo primordial es que los convenios estén apegados al respeto, igualdad, responsabilidad y legalidad.

Todo esto permite que el país cumpla cada vez más con los compromisos que ha contraído en el ámbito global, en particular con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es la única agencia tripartita de las Naciones Unidas que reúne a Gobiernos, empleadores y obreros de 187 Estados miembros, a fin de establecer las normas, formular políticas y elaborar programas que promuevan el trabajo decente de todos, mujeres y hombres, que es una de las prioridades de la administración del presidente Jimmy Morales.

Es de resaltar que esta entidad estuvo a punto, en marzo, de implementar una comisión de encuesta, la cual haría una revisión de los aspectos que estarían por hacerse efectivos a esa fecha en todo el territorio nacional, pero debido a que la delegación guatemalteca presentó una respuesta de nación con evidencia sólida de los avances, este organismo decidió aplazar la conformación del ente para noviembre. No obstante, las autoridades han hecho esfuerzos, no únicamente en superar los desafíos señalados por la OIT, sino, además, en dotar ambientes adecuados, garantizar el acceso a la protección de los derechos de los colaboradores y a la seguridad social.

La expectativa es que esta instancia ya no se conforme con el cumplimiento de los compromisos ni con las acciones que se efectuarán en el futuro, entre ellas la campaña Libertad Sindical, por un mejor país, con la que se prevé transformar el imaginario social hacia lo positivo de la integración de estos grupos y sus ventajas en la sociedad guatemalteca.

Redacción DCA
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EDITORIALES

Incesante combate a las extorsiones y el robo de vehículos

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La batalla que las instituciones encargadas de investigar los crímenes que afectan el patrimonio de ciudadanos y empresarios guatemaltecos no solo ofrecen resultados, sino también muestra rostros y números.

Solo en los 88 allanamientos efectuados ayer por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) se identificó a 36 presuntos involucrados en extorsiones y robo de automóviles, quienes fueron conducidos a los tribunales de justicia para que respondan a las imputaciones.

Desde inicios de la actual administración se han desarrollado estrategias que buscan evitar los chantajes, las cuales han permitido descensos importantes en la materia. Por ejemplo, la semana pasada, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) divulgó un informe en el cual advierte que los delitos contra la propiedad (que incluye asaltos a furgones con mercancías y asaltos a residencias) se redujeron 3.6 por ciento en abril de 2024, comparado con los registros de marzo recién pasado.

Además, el mismo documento se anota que la tasa de homicidios a abril cerró en 16.1 por cada 100 mil habitantes, la cual es menor a la de abril de 2023, ubicada en 16.7, una diferencia
reflejada en vidas salvadas.

En cuanto a los chantajistas y asesinos, el Ministerio de Gobernación (Mingob) ha refrendado que seguirá realizando requisas en las cárceles, de donde se ha constatado que surge la mayoría de planes contra connacionales y empresarios.

Claro, en esta batalla valiente es imprescindible la presencia y participación del MP y de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ), instituciones que, con valentía y agilidad, deben evitar que los delincuentes vuelvan a las calles y sigan atemorizando a los compatriotas cuyo esfuerzo aporta al crecimiento personal y colectivo.

En fin, enfrentar estos flagelos es una lucha que pareciera interminable, pero que, seguramente, deja la satisfacción del deber cumplido.

Editor DCA
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Una propuesta de aumento de gastos que prioriza la probidad

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La iniciativa de ley de incremento presupuestario 2024 que presentó el Organismo Ejecutivo, ayer, ante el Congreso de la República evidencia las convicciones que mueven al presidente Bernardo Arévalo y a la vicemandataria Karin Herrera en cuanto a impulsar el desarrollo social y económico inclusivo.

La propuesta, que asciende a 14 mil 451.7 millones de quetzales, incluye condiciones que aseguran la probidad en el uso de los fondos y la rendición de cuentas, valores que priorizan el binomio y el Gabinete.

Adicionalmente, el anteproyecto también promueve en los artículos 5 y 8 el rendimiento de los fondos en la Obra Pública y medicamentos, al facultar al Gobierno para que suscriba contratos con organismos internacionales para que supervisen los proyectos y provean fármacos, suministros e instrumentos médico-quirúrgicos a costos más accesibles, de calidad comprobada y en tiempos prudenciales.

Otro elemento que debe destacarse son los 1 mil 841.6 millones de quetzales que se asignan a la Ley de Atención Integral del Cáncer, normativa aprobada por la actual legislatura, la cual, de momento, no dispone de recursos para atender a los enfermos.

El fortalecimiento que propone para el sector de Seguridad, Defensa y Justicia va en sintonía con la lucha contra la corrupción y el establecimiento de un Estado de derecho que busca el Gobierno.

En este sentido, otorga 4 mil 516.7 millones a este sector, fondos que favorecen al Ministerio Público con una concesión de 1 mil 919.2 millones, gesto que comprueba que el rechazo del jefe de Estado a la negativa de la Fiscal General de combatir la corruptela no se traslada a la institución, la cual debe ser uno de los bastiones de la gobernabilidad del país.

Finalmente, conviene destacar que la iniciativa de aumento del gasto excluye la posibilidad de mayores endeudamientos, puesto que los fondos solicitados se financiarían con ingresos fiscales y saldo de caja, y prevé el incremento de los aportes ordinarios y extraordinarios a los consejos departamentales, con lo cual se estimularía la prosperidad individual y colectiva de las comunidades.

Editor DCA
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Un crimen que conmueve la conciencia ciudadana

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La muerte de Jorge Sebastián Pop Chocooj, más conocido como Farruko Pop, ha conmovido a buena parte de la sociedad guatemalteca, dada la popularidad y el carisma del cantante, y la forma tan alevosa en que ocurrió el acontecimiento.

De esa cuenta, conviene valorar la eficiencia y rapidez del trabajo realizado por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), que inició la búsqueda que concluyó con el lamentable descubrimiento del cadáver del joven, así como el posible vínculo de cabecillas del Barrio 18 con el asesinato.

Además de sus condolencias, el Diario de Centro América condena el crimen y confía en que los autores materiales y los posibles ideólogos del hecho sean capturados, llevados ante los tribunales de justicia y sometidos a los castigos de ley, como debe pasar con el resto de atentados contra la vida.

Como es lógico en estos casos, la percepción sobre la inseguridad ciudadana se incrementó y los connacionales comienzan a cuestionar la labor del Gobierno y del Ministerio de Gobernación (Mingob), algo que pareciera injusto cuando ese sentir de aumento en los índices de homicidios y robo de furgones, residencias y automotores es insostenible, cuando se confronta con los registros oficiales y privados, que advierten de disminuciones en ambos rubros.

El camino por alcanzar niveles de seguridad y bienestar social es complicado, y no solo porque implica enfrentar a bandas organizadas nacionales y externas, sino porque se lucha contra sectores que abogan por la ingobernabilidad y el fracaso del Gobierno, por considerar que es el sistema que facilita sus fechorías y les mantiene impunes.

Sin embargo, tanto criminales como políticos y empresarios de cuello blanco y conciencia negra olvidan que el Organismo Ejecutivo ya no está bajo su control y que, lejos de ello, se comprometió a alcanzar un Estado de derecho y una democracia que responda a los intereses y beneficios de las grandes mayorías.

Editor DCA
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