Portada
Se han formulado seis iniciativas de desarrollo
Anadie facilita estudios de factibilidad para proyectos en movilidad, transporte y edificación pública.
En un contexto de creciente demanda de megaproyectos de calidad, autoridades de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) informaron que se han formulado y facilitado análisis y estudios de factibilidad para seis proyectos, uno de los cuales ya fue aprobado.
Kevyn Valencia, director ejecutivo en funciones de Anadie, explicó que entre las iniciativas se incluyen la implementación del Metro Riel, para la interconexión vial y transporte urbano de pasajeros del eje norte-sur de la ciudad de Guatemala, por 1 mil 88 millones de dólares, y el Sistema de transporte público masivo del eje oriente-occidente del área metropolitana, por 333 millones.
Además, se contempla la Vía Exprés, que abarca la edificación, ampliación y mejoramiento del
libramiento a la capital, interconectando la CA-09 Norte y la CA-01 Oriente, por 310 millones de dólares, y la construcción del Centro Administrativo del Estado (CAE), por otros 270 millones.
Adicionalmente, la rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje, por 125 millones de dólares. Este último proyecto es el único que ha completado el proceso de aprobación y se espera que próximamente se inicie la etapa de construcción.
Nuevo modelo
En relación con la modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), que encabeza el listado de iniciativas bajo estudio de la Anadie, el presidente Bernardo Arévalo ha propuesto un modelo de capital mixto.
El mandatario ha aclarado que, mediante una intervención público-privada, el Gobierno busca atender las necesidades del AILA. Habló de un sistema en el que el Estado y los inversores privados aporten capital, con la posibilidad de emitir acciones para obtener más fondos.
No es una privatización
Estas obras se proyectan bajo la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Eco-
nómica, un modelo de colaboración entre los sectores oficial y empresarial en beneficio del desarrollo de la nación.
Karla de la Cruz, subdirectora de estructuración y contratación de la Anadie, detalló que las alianzas público-privadas (APP) permiten que el sector privado aporte capital y experiencia en la construcción y operación de obras de infraestructura, manteniendo la propiedad estatal de los activos.
“Las APP ofrecen múltiples beneficios como la eficiencia operativa, innovación tecnológica, transferencia de riesgos y mejora en la calidad de los servicios públicos. Todo esto se lleva a cabo bajo un estricto marco regulatorio que garantiza la transparencia”, especificó.
Por su parte, Mario Catalán, director de fiscalización interino de la citada agencia, destacó que los proyectos pasan por procesos de licitación pública competitiva y están sujetos a auditorías regulares. Además, el Congreso de la República desempeña un papel crucial en la aprobación, pues asegura el escrutinio detallado y alineamiento con los intereses nacionales.
Las autoridades de la Anadie enfatizaron que las alianzas no implican la privatización de los proyectos, ya que la propiedad de los activos permanece en manos del Estado. Los contratos incluyen cláusulas para asegurar la transferencia de estos activos en óptimas condiciones al término del contrato.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, sugirió buscar formas más ágiles de adjudicar obras, mientras que Juan Carlos Zapata, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), destacó la necesidad de apoyo político y presupuesto para que las APP avancen y generen beneficios significativos para el país.
En tanto, Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, y exdirector de la Anadie, resaltó la importancia de viabilizar estas iniciativas, promoviendo el interés de los inversionistas mediante certeza jurídica y reducción de los tiempos de aprobación, con el fin de construir obras que el Estado no tiene capacidad para llevar a cabo, pero que urgen para el crecimiento económico del país.
Los tres consultados coincidieron en que la aprobación de reformas a la ley en la materia podría facilitar la implementación de proyectos autofinanciados sin necesidad de la aprobación legislativa, permitiendo una mayor flexibilidad y eficiencia en el desarrollo de infraestructura crítica en Guatemala.
Foto: Redes
La designación de las nuevas autoridades de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab) podría darse en las próximas horas, luego de que Jorge Mondal y Julio Suárez renunciaron como titular y suplente, respectivamente, de la institución, según fuentes oficiales.
Las dimisiones de Mondal y Suárez fueron recibidas en la Secretaría General de la Presidencia, de acuerdo con la Secretaría de Comunicación Social de Presidencia (SCSP), según citan medios de prensa. Ambos señalados dejan el cargo, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó, de manera definitiva, el amparo que habían planteado para permanecer en los puestos, pues fueron destituidos por el presidente Bernardo Arévalo “por incumplir requisitos para esas funciones”.
En la resolución definitiva, que resolvió la Corte el miércoles, los magistrados suplentes Claudia Paniagua Pérez y Luis Rosales votaron a favor de otorgarles nuevamente el amparo. Sin embargo, el también suplente Walter Paulino Jiménez y los titulares Héctor Hugo Pérez Aguilera y Leyla Lemus lo hicieron en contra.
El pasado 11 de julio, Jiménez se había unido a Paniagua y a Rosales a favor de los señalados. Los tres recibieron sanción por el Gobierno de Estados Unidos.
Mondal y Suárez fueron designados por el expresidente Alejandro Giammattei, con el visto bueno de Luis Miguel Martínez, exjefe del desaparecido Centro de Gobierno.
Arévalo los separó del cargo, debido a que incumplían requisitos legales, como haber laborado durante 10 años en el sistema bancario nacional. Mondal solo tiene cuatro años de experiencia y Suárez, ocho, pero en sus declaraciones juradas manifestaron que cumplían lo establecido.
Portada
Constructoras deberán entregar trabajos en 150 días, dice Caminos
Paso vehicular en la autopista Palín-Escuintla es prioridad estratégica para el comercio y turismo nacional, por lo cual el CIV adjudicó los proyectos para la rehabilitación de tres tramos de la ruta
Por un plazo de cinco meses se adjudicó a tres empresas los trabajos de reparación en los kilómetros 39, 44 y 45 de la Aautopista Palín-Escuintla, informó ayer Carlos Asturias, titular de la Dirección General de Caminos (DGC), unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
“De parte nuestra ya están adjudicados los proyectos”, aseguró el funcionario, tras salir de una fallida reunión con diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), que no se concretó debido a la inasistencia de los legisladores convocantes.
“El tiempo contractual son 150 días, pero tenemos la esperanza de que (los trabajos) salgan más rápido”, agregó el entrevistado. En el Decreto 17-2024, que aprobó la ampliación presupuestaria solicitada por el Ejecutivo, se dejaron contemplados 110 millones de quetzales para rehabilitar estos tramos.
Oferentes y montos
Según las autoridades, para las obras presentaron ofertas 26 empresas, de las que quedaron 13 y de ellas se eligió una para cada obra.
El monto del total de los contratos asciende a 99 millones 929 mil 400.33 quetzales, indicó el CIV.
Entre los criterios que se tomaron en cuenta para otorgar las obras resaltan, entre otros, la experiencia de la compañía, capacidad económica, maquinaria y oferta, detalló Asturias.
Empresas encargadas de las obras
• Km 39: Consolidado de Obra Civil, S. A. 10 millones 525 mil 476.04 quetzales
• Km 44: A Construcciones, 59 millones 978 mil 343.93 quetzales
• Km 45: Diseño y Construcción, Proyectos y Obras Caoba, 29 millones 495 mil 580.36 quetzales
Portada
Herrera urge poner fin a embarazos en menores
La presidenta en funciones, Karin Herrera, pide tomar acciones urgentes para proteger a la niñez y adolescencia en riesgo de vulneraciones
De enero a agosto del presente año se registraron 38 mil 488 embarazos en niñas y adolescentes en todo el país. Aunque las cifras han bajado en comparación con el mismo período de 2023, el problema sigue siendo preocupante, por lo que las autoridades del Gobierno pidieron actuar de manera urgente para frenar el fenómeno.
La presidenta en funciones, Karin Herrera, resaltó la importancia de actuar de manera urgente para proteger a las menores víctimas de ese tipo de violencia, al conocer la situación en Huehuetenango, donde ayer realizó una gira de trabajo.
“No podemos normalizar esta situación; debemos actuar. Es urgente tomar acciones inmediatas. Hago un llamado para trabajar unidos por esta causa, pues solo así garantizaremos un mejor futuro para los jóvenes”, manifestó Herrera.
Estas declaraciones las ofreció en una actividad donde se abordó la necesidad urgente de poner fin a los embarazos en niñas y adolescentes, que se realizó en el Teatro Municipal de Huehuetenango.
El evento fue organizado por el Gobierno, en coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), la iniciativa Alma Guatemala y autoridades departamentales.
Compromiso
Según el Observatorio de Salud Reproductiva (Osar), los casos que se reportan de enero a agosto de 2024 son menores en comparación con los 43 mil 331 que se documentaron en el mismo lapso del año pasado. Guatemala, Alta Verapaz y Huehuetenango siguen siendo los departamentos con mayor incidencia.
Estos lugares reportan 4 mil 853, 4 mil 815 y 4 mil 648, respectivamente, en el presente período, mientras que en 2023 documentaron 4 mil 904, 5 mil 371 y 5 mil 305.
La mandataria en funciones aseguró que en el Gabinete Específico de Desarrollo Social hay una mesa que trabaja en un plan para atender la problemática, el cual será presentado próximamente.
“El compromiso que requerimos es de todas las instituciones, incluyendo la sociedad civil y las familias”, señaló la dignataria en funciones.
Insta a prevenir
Como parte de su gira en Huehuetenango, Herrera y la titular de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), Danissa Ramírez, participaron en el taller de prevención de estos delitos, dirigido a estudiantes del Instituto Nacional Mixto Alejandro Córdova.
La gobernante en funciones instó a los niños a ser cautelosos con el uso de las redes sociales y a no compartir fotografías o videos, porque pueden ser vulnerados.
Herrera, además, lideró la Reunión Ordinaria de la Comisión y Red Departamental contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, en la cual resaltó que se deben articular esfuerzos para proteger a los jóvenes.
Visita Hospital Regional
La mandataria en funciones, Karin Herrera, finalizó su gira de trabajo en Huehuetenango con una visita en el Hospital Regional, donde efectuó un recorrido en el Banco de Leche para conocer el proceso que conlleva almacenar y conservar este líquido vital, que es trasladado al área de neonatos.
Jorge Vinicio Martínez, director del nosocomio, indicó que el objetivo de la visita de Herrera fue conocer los esfuerzos que se desarrollan en el tema de nutrición, desde el nacimiento hasta los diferentes grupos etarios. “Tuvo la oportunidad de ver todas las instalaciones del banco, el proceso del alimento hasta ser trasladada al área de neonatos”, señaló.
Supervisa atención a migrantes
La presidenta en funciones, Karin Herrera, visitó el Centro de Atención para Personas Migrantes y Refugiadas ( Capmir), en la ciudad de Huehuetenango, para verificar las acciones de atención que realizan en estos espacios.
El Gobierno de Guatemala, en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Migración, autoridades locales, Unicef y OIM, brindan servicios y asistencia integral a la población en condición de movilidad. El apoyo incluye atención psicosocial, primeros auxilios esenciales y asistencia humanitaria básica.
