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Roban 50 tortugas valoradas en US$643 mil
EFE
La Policía de Hong Kong inició este martes una operación para localizar a tres ladrones implicados en el robo de 50 tortugas vivas valoradas en 5 millones de dólares hongkoneses (aproximadamente 590.000 euros o 643.800 dólares estadounidenses).
El incidente fue reportado esta mañana por un trabajador de un edificio industrial, quien encontró la cerradura de una unidad forzada. Inmediatamente alertó a las autoridades, que llegaron al lugar para iniciar la investigación.
La Policía señaló en un comunicado que ha revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad y que los primeros indicios apuntan a tres hombres, de unos 40 años y vestidos de negro, como los principales sospechosos del atraco.
Este no es un caso aislado; el pasado marzo, un hongkonés fue acusado de al menos cuatro cargos relacionados con el tráfico de esta especie de tortugas protegidas, las cuales transportó desde Estados Unidos hacia la ciudad semiautónoma con la intención de venderlas en el mercado negro de mascotas.
De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta diez años de prisión por cada uno de los cargos de exportación ilegal.
La tortuga caja oriental es nativa de los bosques del este de Estados Unidos, con algunas poblaciones aisladas en el Medio Oeste.
Su alta demanda en los mercados de mascotas ha incrementado los riesgos de tráfico ilegal, lo que ha llevado a la especie a estar bajo la protección de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Detectives de la unidad de investigación criminal de Tsuen Wan están llevando a cabo las indagaciones pertinentes para dar con los responsables del insólito robo de hoy, que ha conmocionado a la comunidad local.
En Hong Kong, el robo con allanamiento de morada puede ser castigado con penas de hasta 14 años de prisión según la Ordenanza sobre Robos.
Entre enero y julio de este año, la policía registró 749 denuncias de robos en toda la ciudad, lo que representa un aumento del 6,5 % en comparación con los 703 casos reportados en el mismo período de 2023.
Para enfrentar la delincuencia y garantizar la seguridad pública en áreas densamente pobladas y de alto riesgo, las autoridades planean instalar más de 600 conjuntos de cámaras de vigilancia policial en toda la ciudad este año.
Esta iniciativa forma parte de un ambicioso plan que contempla la instalación de alrededor de 2.000 cámaras anualmente en el marco de un sistema de circuitos cerrados de televisión.
El bullicioso distrito comercial y de ocio de Mong Kok, en Kowloon, fue el primer lugar elegido para la prueba del plan en marzo, donde se instalaron 15 cámaras de vigilancia. Otros 13 dispositivos se colocaron en el distrito Oeste, que alberga la oficina de enlace del gobierno central.
EFE
El Ejército surcoreano realizó este martes disparos al Sur de la frontera con el Norte en respuesta a las detonaciones empleadas por Pionyang para destruir tramos de carreteras en su territorio que conectan ambos países.
El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano «respondió disparando al sur de la Línea de Demarcación Militar» después de que hacia mediodía hora local detectara explosiones al otro lado de la frontera aparentemente dirigidas a cortar los tramos de las carreteras que corren paralelas a las líneas Gyeongui y Donghae de ferrocarril, según informó en un comunicado.
El JCS añadió que Pionyang «está llevando a cabo actividades adicionales empleando maquinaria pesada» y que no se han registrado daños en sus instalaciones o personal militar a raíz de las actividades norcoreanas.
El Ejército surcoreano señaló que está «reforzando su postura de vigilancia y alerta» ante los movimientos del Norte.
Las detonaciones en los tramos del Norte de los citados corredores se producen después de que Pionyang anunciara la semana pasada que iba a cortar todas las vías de transporte hacia el país vecino.
Esa medida responde a una enmienda constitucional recientemente aprobada en la que se cree que se han redefinido de manera unilateral las fronteras nacionales por orden del líder Kim Jong-un.
El corte de vías de transporte por parte de Pionyang y la respuesta del Sur llega en un momento de repunte de tensiones en la península, debido a las acusaciones norcoreanas al Sur de que había enviado drones cargados con propaganda a su territorio y a las amenazas de responder con disparos de artillería si se producen incidentes similares.
El corredor de carretera y ferroviario de Gyeongui conecta la ciudad surcoreana fronteriza de Paju, al oeste, con la norcoreana de Kaesong.
El de Donghae, por su parte, atraviesa la demarcación entre Norte y Sur por la costa este.
Por su parte, el Ministerio de Unificación sureño, encargado de la relación con el Norte, expresó hoy su «firme condena» a la destrucción de los tramos de carretera, y afirmó que Pionyang «aún tiene la obligación» de devolver los créditos aportados por Seúl para financiar esas infraestructuras.
«La voladura de la parte norte de las carreteras Gyeongui y Donghae supone una clara vulneración del acuerdo intercoreano», afirmó en un comunicado el ministerio, que añadió que «toda la responsabilidad relacionada con esas detonaciones recae en Corea del norte».
El proyecto para reconectar Norte y Sur por vía ferroviaria y carretera fue financiado con préstamos surcoreanos por valor de 133 millones de dólares que Pionyang aún tiene pendiente pagar, según el ministerio.
El pasado agosto, el Norte desmanteló también las líneas ferroviarias Gyeongui y Donghae. Ninguna de estas líneas llegó a operar tras la división de la península excepto por una prueba piloto en 2007.
«Esta acción simplemente enfatiza cómo ve actualmente Corea del Norte la relación (con el Sur)», explicó hoy Jenny Town, directora del programa especializado 38North, adscrito al Centro Stimson de Washington, en una rueda de prensa en Seúl.
Town cree que Pionyang quiere transmitir la noción de que «la relación ha entrado en una fase fundamentalmente diferente» en comparación con la diplomacia que ha regido en la península en las últimas tres décadas y que la voladura de carreteras viene a demostrar que, tras la reciente enmienda constitucional, el régimen está «preparando el terreno» para establecer ese nuevo tipo de relación con el Sur.
EFE
Corea del Norte destruyó este martes varios tramos de carreteras que conectan su territorio con el Sur, según informó el Ejército surcoreano, después de que Pionyang anunciara que iba a cortar todas las vías de transporte hacia el país vecino.
«Corea del Norte ha detonado partes de las carreteras de Gyeongui y de Donghae en la Línea de Demarcación Militar alrededor de mediodía», señaló en un comunicado el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS).
La semana pasada, Pionyang había anunciado que se disponía cortar las carreteras y vías férreas que conectan con el Sur y a fortificar esas zonas, lo que responde a una enmienda constitucional recientemente aprobada en la que se cree que se han redefinido de manera unilateral las fronteras nacionales por orden del líder Kim Jong-un.
El JCS señaló que está «reforzando su postura de vigilancia y alerta» ante los movimientos del Norte.
El corte de vías de transporte por parte de Pionyang se produce en un momento de repunte de tensiones en la península, debido a las acusaciones norcoreanas al Sur de que había enviado drones cargados con propaganda a su territorio y a las amenazas de responder con disparos de artillería si se producen incidentes similares.
El pasado día 9, Corea del Norte anunció que se disponía a «cortar completamente las carreteras y vías férreas conectadas» y a construir «fuertes estructuras de defensa» en las zonas próximas a la frontera, en respuesta a las maniobras militares del país sureño y Estados Unidos.
El hermético país justificó esta decisión como un bloqueo permanente con el Sur, «el principal estado hostil y enemigo», y como una medida de «autodefensa para inhibir la guerra y defender la seguridad nacional».
Ese anuncio coincidió con la conclusión de una sesión parlamentaria en el que el régimen enmendó su Constitución, y en la que se cree que se recogió la instrucción del líder de declarar al Sur como principal enemigo nacional.
El corredor de carretera y ferroviario de Gyeongui conecta la ciudad surcoreana fronteriza de Paju, al oeste, con la norcoreana de Kaesong.
El de Donghae, por su parte, atraviesa la demarcación entre Norte y Sur por la costa este.
Antonio Broto
Cuatro días después de lograr su renovación por dos años, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela publicó un contundente informe en que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió «crímenes de lesa humanidad» en las elecciones de julio.
El documento de 158 páginas abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 y acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género antes, durante y después de unos comicios marcados por la persecución de opositores y la represión de las protestas.
Las fuerzas de seguridad estuvieron «involucradas masivamente» en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
También asegura que «las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia».
Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que «incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad», la Asamblea Nacional, «instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático», o el sistema de justicia, que «siguió operando con falta de independencia».
Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión «se amplió de manera significativa» en el periodo electoral abarcando no sólo a líderes de la oposición y sociales.
En el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por «ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades», indicó.
Detenciones y amenazas
La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que en los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.
Ese tipo de campañas «sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil», señaló el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.
La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el informe, «pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente», con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, «sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019».
Muchas de estas detenciones formaron parte de la «operación Tun Tun», diseñada para amenazar y «generar temor en la población», afirmó la misión.
En el marco de esa operación, se llegó a marcar con una X las casas de personas percibidas como opositoras, o se alentó a grupos afines al Gobierno a señalar y denunciar a éstas mediante una aplicación de celular que se habilitó a tal fin.
Entre las violaciones de derechos humanos que destaca el informe figura la detención en el periodo postelectoral de 158 menores de edad «acusados de graves delitos como terrorismo», detenidos en la mayor parte de los casos sin informar a sus familiares o a abogados, por lo que permanecieron incomunicados durante días.
Muertes en las protestas
El informe documenta al menos 25 muertes, incluidas las de dos menores de edad, durante los primeros días de protestas electorales, y señala que al menos ocho de esos incidentes mortales fueron en manifestaciones donde las fuerzas de seguridad del Estado o grupos de civiles afines al Gobierno hicieron uso de armas de fuego.
La misión también denunció numerosos casos de torturas y de violencia sexual, estos últimos no sólo contra detenidos sino también en mujeres y niñas que habían acudido a centros de detención para visitar a sus familiares.
Las torturas incluyeron «puñetazos, golpes con planchas de madera o con botes envueltos en espuma, descargas eléctricas incluso en los genitales, asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría y privación forzada de sueño», detalla.
«Las violaciones graves de derechos humanos investigadas durante este periodo representan una continuación de la misma línea de conducta caracterizada como crímenes de lesa humanidad en informes previos de la misión», concluye el documento.
