Agentes de diversas comisarías y unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron movilizados hacia el sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Hombres, en la zona 18 de la capital, para ejecutar una requisa. La acción, liderada por el Ministerio de Gobernación, busca localizar ilícitos y recuperar el control en una de las áreas más conflictivas del sistema penitenciario, donde permanecen recluidos unos 600 miembros de la mara del Barrio 18.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, afirma que este tipo de intervenciones persigue garantizar la seguridad de los guatemaltecos. “Toda acción tiene una reacción”, declara a través de su cuenta oficial de X, enviando un mensaje directo a los reclusos. El despliegue se inició en la madrugada del martes con el propósito de incautar celulares, armas, electrónicos y otros objetos prohibidos, además de identificar posibles conexiones criminales externas.
El viceministro de Seguridad, José Portillo, quien encabezó la supervisión del operativo, sostiene que este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia para intervenir las cárceles del país. “No vamos a permitir la corrupción, ni que desde estos centros se ordenen muertes, extorsiones o ventas de droga. Esta es una señal clara de que vamos a poner orden”, señala.
Portillo también indica que instruyó al director del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, para que denuncie penalmente cualquier hallazgo. Además, informa que evalúan cambios de personal, incluidos directores y guardias, para impedir vínculos entre los internos y las autoridades penitenciarias. “Si alguien se acomoda al poder de los reos, será removido de su puesto”, enfatiza.
“No venimos a dialogar con delincuentes, venimos a poner orden y tenemos que empezar desde donde se origina la criminalidad”. David Custodio Boteo Director general de la PNC
Sistemas robustecidos
En el ámbito tecnológico, Portillo asegura que el uso de bloqueadores de señal, escáneres avanzados y sistemas de control digital figuran entre las prioridades para prevenir el ingreso de objetos ilegales y fortalecer la seguridad. “Sin herramientas modernas, es imposible garantizar el control total”, afirma.
Durante el desarrollo de la requisa, algunos internos del Barrio 18 intentaron frenar el ingreso policial lanzando piedras, bloques de concreto y palos. Sin embargo, la respuesta inmediata de los uniformados permitió neutralizar la agresión. El director general de la PNC, David Custodio Boteo, destaca que el uso de equipos especiales evitó que hubiera heridos entre el personal policial. “Desde el ingreso nos recibieron con violencia, pero tomamos el control rápidamente con medios disuasivos”, detalla.
Boteo añade que varios internos se arrojaron desde estructuras de dos niveles construidas por ellos mismos, y resultaron lesionados y trasladados al Hospital General San Juan de Dios. Ante esta situación, las autoridades refuerzan la vigilancia en el centro médico y asignan custodia permanente a los heridos para evitar incidentes.
“No permitiremos que estos centros sigan funcionando bajo el criterio de las pandillas”. José Portillo Viceministro de Seguridad
Retiran ilicitos
Entre lo decomisado, las fuerzas del orden localizaron dos armas de fuego, una con reporte de robo. “Tenemos información preliminar que indica que estos artefactos se usan en homicidios. Será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el que determine su participación en otros crímenes”, precisa Boteo.
Analistas en temas de seguridad consideran que la resistencia de los reclusos responde al cambio de normas y autoridades que pretenden restablecer el orden. Jorge Ortega, experto en el tema, sostiene que estos operativos también mejoran el resguardo interno para otros reclusos. “Muchos centros operan bajo normativas impuestas por las maras, fuera del marco legal”, explica.
A criterio de Ortega, limitar el poder de las pandillas desde el interior de las cárceles genera un efecto positivo en las garantías ciudadanas. “Al reducir su capacidad operativa, se debilita la estructura que delinque fuera de los muros”, señala.
Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), respalda la continuidad de las requisas y afirma que el Sistema Penitenciario requiere una transformación estructural. “Las cárceles actuales están diseñadas para contener, no para controlar. Se necesita inversión en infraestructura y personal”, advierte.
Quezada insiste en que, para lograr avances reales, es fundamental que la ciudadanía evidencie actos de extorsión. “El 80 por ciento de este delito proviene desde prisión. Si no hay denuncia, no se generan líneas de investigación”, concluye.
Las autoridades aseguran que estas acciones continuarán en otras cárceles del país y que no permitirán que los centros penales sigan siendo comandados por estructuras criminales. El mensaje es claro, el Estado toma acción para erradicar la impunidad dentro del sistema carcelario y proteger la vida de los guatemaltecos.
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