El repudio a la nómina de 20 aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), elaborada por la postuladora para dicho fin, escaló y trasladó la presión al Congreso de la República para corregir el problema, donde diversas bancadas analizan acciones para frenar o impugnar el listado.
El señalamiento común apunta a que no se depuró con rigor a los candidatos y dejó dentro perfiles cuestionados. El debate cobró fuerza tras los pronunciamientos de organizaciones civiles y académicas. El colectivo Foro Guatemala advirtió que la Comisión de Postulación no priorizó la idoneidad técnica ni la solvencia ética y que se privilegió la rapidez sobre la calidad al momento de votar.
A su criterio, se relegaron aspirantes con trayectoria sólida y altas calificaciones, mientras otros sin suficiente experiencia en organización electoral lograron avanzar. Señalaron que “se esperaba una nómina enfocada en la excelencia profesional y libre de presuntas vinculaciones con el crimen organizado”, tomando en cuenta la variedad de perfiles calificados que participaron.
En la misma línea, el movimiento ProJusticia comentó que no se realizó un reconocimiento nominal de honorabilidad por cada aspirante. Los comisionados, indicaron, aprobaron un párrafo general leído antes de la votación de 119 elegibles, sin un pronunciamiento individualizado.
La integración final se concretó en poco más de una hora, sin entrevistas a los postulantes ni una valoración exhaustiva de las impugnaciones presentadas por los sectores sociales.
La organización Impunity Watch se sumó a la crítica. La entidad manifestó su inquietud por la integración de la nómina y señaló que dentro del listado figuran 10 profesionales que fueron objeto de tachas presentadas por sectores de sociedad civil durante la fase de evaluación. Además, advirtió que uno de los postulantes aparece en listados de sanciones del Gobierno de Estados Unidos. Se trata de Lesther Castellanos, actual relator contra la Tortura, quien obtuvo tres votos en la Comisión de Postulación y logró avanzar en el proceso.
De acuerdo con dicha entidad, las objeciones planteadas en su momento incluyen señalamientos relacionados con cuestionamientos éticos y posibles conflictos de interés, elementos que, a su criterio, debieron ser valorados con mayor rigor.
Uno de los primeros rechazos vino del encargado de negocios de Estados Unidos, John M. Barrett, quien refirió: “No permitiremos que los procesos de elección sean contaminados por narcotraficantes o criminales”.
El foco de la controversia recae sobre figuras como Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos; Henry Arriaga, decano de Derecho de la misma casa de estudios; Donald González y Mynor Herrera, representantes de las universidades privadas.
Demanda
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana (AC), fue tajante al presentar una solicitud formal ante el Congreso para que se impugne la nómina. Marroquín sostiene que los legisladores no pueden ser obligados a elegir de un grupo donde la mayoría no cumple con los estándares constitucionales.
De persistir dicho listado, advierte que los futuros magistrados nacerán con una tacha de ilegitimidad que provocará una lluvia de impugnaciones constantes sobre sus decisiones, poniendo en riesgo la estabilidad de los próximos comicios.
El comisionado suplente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Edgar Ortiz, comentó que la comisión continúa activa hasta que sean designados los nuevos magistrados, y recordó que el plazo para impugnaciones corre 72 horas después de la publicación oficial.
Analizan medidas
En el plano legislativo, las bancadas comenzaron a fijar postura sobre el tema. José Carlos Sanabria, de Semilla, manifestó que evalúan acciones conjuntas con otros bloques para corregir el listado y que genera desconcierto la inclusión de personas señaladas.
José Chic, de VOS, confirmó que estudian medidas antes de que venza el plazo de 72 horas para impugnar, al considerar que las tachas no fueron debidamente analizadas.
Desde Winaq, Sonia Gutiérrez sostuvo que la comisión no depuró adecuadamente y que el Congreso quedó condicionado a elegir únicamente entre los 20 perfiles remitidos, de los cuales poco puede rescatarse.
En tanto, Edin de Jesús, de Viva, manifestó que su bancada buscará a los perfiles idóneos dentro de la nómina, mientras que Juan Carlos Rivera, de Victoria, afirmó que el Pleno debe llevar a cabo un análisis profundo para garantizar magistrados probos y sin conflictos con la justicia.
El proceso entra ahora en una fase de definiciones. Con el plazo para impugnar a punto de expirar y la elección programada para el 10 de marzo, la sombra de la falta de idoneidad se cierne sobre el máximo órgano electoral. El país observa con atención si sus representantes en el Parlamento tendrán la voluntad política de frenar una nómina que, para muchos, es el principio del fin de la confianza en el sistema de votos.
Si no prosperan los recursos, el Legislativo prevé elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes el próximo mes. La decisión se dará en un ambiente de creciente escrutinio público, con el reto de fortalecer la credibilidad del ente electoral de cara a los próximos comicios generales.
Visitan a postuladora para MP
Una delegación de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Parlamentaria de Asociación Unión Europea–Centroamérica se reunieron, por separado, con la postuladora que integrará la nómina de candidatos para optar al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).
La “misión observa el proceso de elección” y su presencia “reafirma el acompañamiento a los procesos institucionales y al fortalecimiento del Estado de derecho en el país”, resaltó la entidad hemisférica en sus redes sociales.
Carlos Ayala Corao, jefe de la representación de la OEA, comentó que llegaron a ver el proceso de recepción de documentos para dicho cargo. Detalló que es la segunda visita al país y que se harán otras tres más durante el año, con el fin de estar presente hasta que concluyan las elecciones de segundo grado.
El comité del Viejo Continente estuvo encabezado por Johanna Karanko, embajadora de la Unión Europea. Fueron recibidos por Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial.
José Carlos Sanabria, Bancada Semilla
“Evaluamos acciones en conjunto con otros bloques. Desconcierta que se incluyan personas señaladas”.
José Chic, Bancada VOS
“Estamos analizando accionar en contra de la lista. Se eligió a varios aspirantes con tachas”.
Sonia Gutiérrez, Bancada Winaq
“La Embajada de EE. UU. tiene razón, no se depuró. Muy poco se puede rescatar de la nómina”.
Juan Carlos Rivera Bancada Victoria
“Se debe hacer un análisis profundo, para elegir a personas probas, sin problemas con la justicia”.
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