La decisión de la máxima autoridad del Ministerio de Gobernación (Mingob), de salir a supervisar los operativos que se implementaron ayer en varias zonas de la capital, generó una sensación de tranquilidad y confianza entre quienes presenciaron la labor que, en su beneficio, desarrollaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Estas acciones son parte del plan integral concebido y ejecutado por el Presidente de la República y el encargado de la cartera del Interior, el cual tiene como fin principal la construcción de una nación segura, donde se respeta el Estado de Derecho y se apuesta por la gobernabilidad.

La iniciativa también conlleva un mensaje claro y contundente para los criminales, quienes están sabidos de que no pueden delinquir libremente, porque el Gobierno no permitirá que sigan atropellando, intimidando y despojando de sus bienes a los guatemaltecos de bien, que son la inmensa mayoría que vive en este territorio.

Como se pudo observar, los puestos de control y registro disponían de personal altamente calificado y equipado, que contaba con el apoyo de helicóptero, en caso de que fuera necesaria una persecución. Sin embargo, y más allá de las capacidades y fortalezas que hoy muestran los policías, conviene reparar en las manifestaciones de apoyo y confianza que expresaron los vecinos.

En este sentido, vale resaltar la alianza silenciosa, pero firme que se ha empezado a gestar entre autoridades y ciudadanos. En los últimos días, según registros del Mingob, las denuncias sobre hechos delictivos empezaron a subir, lo que ha redundado en capturas y recuperación del patrimonio. Poco a poco, la gente cree y espera más de los agentes y empieza a tener conciencia sobre el papel fundamental que juega en la lucha contra la delincuencia común y organizada.

“Es satisfactorio oír la opinión de los comunitarios, que reconocen que estos operativos benefician a todos”, afirmó el ministro de Gobernación, quien sabe que los esfuerzos emprendidos empiezan a generar grandes resultados.

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La primera entrega del aporte económico a los veteranos del Ejército, que se enmarca en la Ley Temporal de Desarrollo Integral (Decreto 51-2022), es el último paso de un proceso que tiene como objetivo fundamental resarcir a miles de excombatientes que sirvieron en un momento clave de la historia nacional.

La aprobación y ejecución de la normativa, justa y apegada a derecho, involucró a los organismos Legislativo y Ejecutivo y, por lo tanto, implica un compromiso de Estado que debe honrarse, sin discusiones. Sin embargo, más allá del obligado acatamiento de la ley, hay que tomar en cuenta que los beneficiados asumirán otras obligaciones para acceder a los Q1 mil mensuales que recibirán durante los próximos 3 años.

Como vemos, no se trata, ni por asomo, de un regalo ni de un privilegio. El único favor que tendrán por haber servido a la patria es que la condición de veterano de guerra validará su registro, no así el trabajo que ofrecerán en proyectos medioambientales y de progreso de las comunidades.

Adicionalmente, es importante destacar que el referido decreto dejó establecidas las funciones que fueron asignadas a los tres ministerios de Gobierno que desarrollarán el programa, lo que garantizará el cruce de datos, la transparencia en la selección de quienes optarán a las entregas monetarias y la rendición de cuentas.

Para conocimiento de todos, la cartera de la Defensa elaborará los listados, mientras que los despachos de Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social velarán por el fiel cumplimiento de las labores citadas y las transferencias pecuniarias, respectivamente.

Alcanzar la reconciliación del país requiere de esfuerzos de todos los sectores sociales, pero, principalmente, exige compensar el sacrificio brindado, más allá de las posturas de quienes fueron partícipes de esta etapa.

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Desde ayer, y por las próximas dos semanas, altos mandos de las policías de Guatemala, México, El Salvador, Honduras y Costa Rica participarán en un adiestramiento que les permitirá actualizar y fortalecer sus conocimientos en torno al manejo de asuntos relacionados con el control ciudadano.

La preparación, que prioriza la enseñanza de la doctrina de Derechos Humanos, es una muestra de la mentalidad de los gobiernos de la región sobre el comportamiento que prima entre los agentes del orden público al momento de resolver conflictos o agresiones de las que suelen ser víctimas.

La iniciativa, denominada Curso Regional de Formación de Formadores, adentrará a los oficiales, de manera intensiva, en los nuevos conceptos sobre el uso legítimo de la fuerza,
técnicas de control, reducción de riesgos y, principalmente, en el respeto de los derechos
humanos y en la aplicación de principios humanitarios en situaciones inesperadas.

Durante el actual Gobierno, la capacitación es uno de los elementos principales de la estrategia de Transformación Policial, la que pretende convertir a la Policía Nacional Civil (PNC) en una institución diferente, que refuerce el sistema democrático y la sana convivencia ciudadana.

El plan incluye una serie de cambios que fortalecerán las capacidades y las condiciones en las cuales se desempeñan los agentes, así como su relación con los vecinos.

“De esta manera, se busca garantizar que los mandos policiales estén siempre actualizados y preparados para enfrentar los desafíos del día a día”, explicaron las autoridades al momento de abrir el entrenamiento que, además, unificará comportamientos y facilitará el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las fuerzas del orden de América Latina.

El Organismo Ejecutivo está claro en que la lucha contra la criminalidad requiere de una continua modernización de equipo y conocimientos, pero, sobre todo, de mentalidades abiertas que tengan como centro de atención el respeto de las garantías individuales y colectivas.

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