EN EL PAÍS
Presentan propuesta para disminuir hacinamiento en cárceles
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentó este martes un estudio relacionado con el hacinamiento que se registra en los centros carcelarios de Guatemala, así como una propuesta para disminuir la sobrepoblación en las prisiones.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentó este martes un estudio relacionado con el hacinamiento que se registra en los centros carcelarios de Guatemala, así como una propuesta para disminuir la sobrepoblación en las prisiones.
De acuerdo con la institución, actualmente los centros de privación de libertad “operan al triple de su capacidad instalada, lo cual ubica al país como el segundo con más sobrepoblación carcelaria en Latinoamérica y el quinto a nivel mundial”.
El documento, en donde se proponen diferentes acciones para contrarrestar este flagelo, fue entregado por representantes del CIEN al viceministro de Seguridad, Ricardo Guzmán; y al subdirector del Sistema Penitenciario (SP), Rony Santos.
El análisis realizado por el CIEN reveló que el hacinamiento aumenta los niveles de estrés, genera mayor violencia y agresividad, lo cual a su vez aumenta la riñas, la escasez de servicios disponibles por recluso e imposibilita la clasificación de la población interna.
Asimismo, resaltó que lograr el deshacinamiento en el SP permitiría tener las condiciones favorables para la rehabilitación de los privados de libertad.
Según el CIEN, se debe buscar alternativas al encarcelamiento, fortaleciendo las medidas sustitutivas para que la prisión preventiva sea la excepción, así como implementar mecanismos alternos a la cárcel para el cumplimiento de condenas.
“Para que la medida privativa de libertad cumpla su finalidad de rehabilitación, es indispensable que las prisiones sean seguras, ordenadas y que fomenten la rehabilitación, lo cual no es posible actualmente”, se añade en el texto.
La gráfica demuestra que desde 2007 la población carcelaria aumentó, pero el número de espacios disponibles se estancó. (Información del CIEN)
La institución indicó que el déficit actual de espacios carcelarios es de 14 mil, de los cuales 5 mil 200 corresponden a prisión preventiva y 8 mil 800 al cumplimiento de condena.
Por aparte, Walter Menchú, analista del CIEN, explicó que actualmente hay 21 cárceles en el país, pero que solo 5 de estas son de cumplimiento de condena, por lo cual consideró que es necesario incrementar los espacios para quienes purgan una pena.
Entre otras recomendaciones que hace la institución se menciona: realizar un plan de infraestructura a mediano y largo plazo, con criterios técnicos para adecuar espacios carcelarios; y hacer una revisión exhaustiva del código penal.
Asimismo, priorizar la construcción de infraestructura carcelaria; ampliar la infraestructura para las mujeres que están cumpliendo condena y construir una prisión de alta seguridad; así como implementar en las cárceles una nueva administración carcelaria y un nuevo régimen interno.
De igual forma, en el estudio se recomienda: “mejorar el proceso penal a fin de descongestionar los juzgados y tribunales y así dar cumplimiento a los plazos procesales establecidos”.
“La rendición de cuentas es un elemento indispensable para la democracia”, expresó el presidente Bernardo Arévalo durante la presentación de avances y desafíos en la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
El mandatario aseguró que este es un gobierno de puertas abiertas, anticorrupción y fomenta la fiscalización.
Arévalo resaltó que cualquier ciudadano debería poder solicitar cuentas al Ejecutivo acerca de las decisiones que toma, saber cómo invierte los recursos en el que todos contribuyen y que los funcionarios públicos estén obligados a informar a quien lo solicite.
El Presidente mencionó que la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde 2008, ha permitido avances importantes, pero reconoció que queda mucho por hacer para consolidar una cultura de transparencia.
“Tenemos tecnología, ahora, que nos permite publicar y consultar con relativa facilidad, y más gente puede ahora, en teoría, acceden a la información pública y utilizarla de forma eficiente”, dijo el jefe de Estado.
“Estamos transformando una cultura para avanzar en la transparencia, en donde el principio es que nada de lo que sea público debe estar oculto”, añadió.
Eddie Cux, comisionado de Gobierno Abierto y Electrónico, dijo que este es un derecho fundamental y que han pasado 16 años desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública y, a pesar de los retos y desafíos, este derecho ha trascendido.
“Hemos sido testigos de que periodistas, investigadores y sociedad civil han podido acceder a información sobre los procesos de la gestión pública, obtenido datos que dan soporte a las acciones que se han realizado contra la corruptela”, señaló.
Julio Flores, titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, señaló que marcos legales como este contribuyen a fortalecer las instituciones.
En el acto, el representante de la Unesco, Patricio Zambrano, resaltó la necesidad de que el acceso a la información no sea solo un derecho formal, sino una herramienta activa que fomente una participación ciudadana más robusta dentro de las instituciones públicas.
Una jornada extraordinaria para la emisión del documento de identificación internacional llevó a cabo ayer en sus siete sedes el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), con el objetivo de atender a las personas que debido al cumplimiento de su jornada laboral no pueden realizar las gestiones en los días y horarios hábiles. Las autoridades esperaban atender más de 3 mil solicitudes en cada oficina.
Este día, la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debatirá las impugnaciones y amparos presentados contra el listado de 26 candidatos entregado la semana pasada al Congreso.
El encuentro, el séptimo del ciclo, se celebrará en el campus central de la Universidad Rafael Landívar (URL).
Hasta el momento, no se ha revelado cuántas oposiciones ha recibido dicha instancia; sin embargo, el secretario del ente, José Roberto Hernández, confirmó que la postulante Dasma Guillén Flores interpuso un amparo al no ser incluida en la nómina final.
No aceptan objeciones
Por otro lado, la Comisión de Postulación para la Corte de Apelaciones rechazó, el sábado 28 de septiembre, cuatro objeciones contra la lista de 312 candidatos a magistrados. No obstante, dos amparos vigentes podrían retrasar el proceso de votación en el Parlamento.
La postuladora desestimó los recursos argumentando que no se detectaron irregularidades en la fase de selección de los aspirantes a las magistraturas enviada al Legislativo.
